Proyectos fallidos

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, anunció ayer por sorpresa que el Gobierno renuncia a su proyecto de reforma del Registro Civil, que se hallaba en fase de enmiendas en el Congreso de los Diputados, que debía entrar en vigor el próximo 15 de julio y que encontraba fuerte resistencia, sobre todo entre los trabajadores de la administración de Justicia en donde el registro está actualmente residenciado. Catalá ha aludido al insuficiente consenso para justificar esta mudanza. No es ni mucho menos la primera vez que este Gobierno renuncia a alguno de sus proyectos estrella: el anterior ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, dimitió del cargo porque no encontró apoyo suficiente para sacar adelante la reforma de la ley del aborto que había elaborado, y que suponía un regresión al estado de cosas anterior a la ley de 1985, lo que ya había activado numerosas resistencias y críticas. Otros proyectos del mismo Departamento duermen también en el limbo, como es el caso de la reforma del mapa judicial español y la entrega de la instrucción penal a los fiscales. Asimismo, al llegar al Gobierno Catalá en lugar de Gallardón el pasado septiembre, se abordó la reforma de la ley de Tasas impulsada por éste para salir al paso de numerosas protestas por una decisión impopular que había eliminado la gratuidad de la Justicia. El ministro de Justicia ha argumentado esta renuncia en términos que merecen un elogio: «No vamos a imponer un modelo que no sea compartido por las administraciones públicas, por los trabajadores, por los sindicatos y los partidos políticos. Sería absurdo que el Gobierno se empeñase en llevar adelante una reforma que no cuente con los apoyos necesarios». Es, en efecto, ilógico y suicida llevar a cabo cambios que van contra corriente, que no tienen la menor adhesión social, aunque el Gobierno debería habérselo planteado antes de acometerlos. Además de evitar la inseguridad jurídica que crean estos vaivenes. Lo mismo puede decirse de las otras reformas fallidas o desactivadas. Sin embargo, es justo preguntarse acto seguido quién y con qué base redacta los programas electorales del Partido Popular. Y en todo caso, que tras el desaguisado de esta legislatura, el PP y las demás formaciones políticas traten de detectar el pulso del país para impulsarlo hacia aspiraciones mayoritarias. Así se evitarían estas rectificaciones, que desacreditan al propio partido del Gobierno y a la misma acción política.