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La unidad se agota en el frente soberanista

Artur Mas, acompañado de los líderes de ERC, ICV, EUIA, CUP, y otros miembros del Gobierno catalán tras anunciar en 2013 la intención de llevar a cabo la consulta.
Artur Mas, acompañado de los líderes de ERC, ICV, EUIA, CUP, y otros miembros del Gobierno catalán tras anunciar en 2013 la intención de llevar a cabo la consulta. / Archivo
  • La respuesta a la suspensión de la consulta por parte del Constitucional romperá las alianzas

El proceso independentista catalán avanza a trompicones hacia el 9 de noviembre. Los cuatro partidos (CiU, ERC, ICV y CUP) que impulsan la consulta, que en diciembre del año pasado pactaron la fecha y el enunciado de la votación, mantienen firme su compromiso con el referéndum, aunque a medida que se acerca el 9-N las diferencias se hacen más notables y la unidad tiene los días contados. Tantos como los que transcurran hasta que Artur Mas firme el decreto de convocatoria de la consulta (dentro de un mes más o menos) y el Gobierno decida impugnarlo de inmediato y el Constitucional decrete la suspensión cautelar.

Acto seguido, Mas convocará a los cuatro partidos al Palau de la Generalitat y puede que la unidad se quede en la entrada del despacho del presidente catalán. En el encuentro, las cuatro formaciones tratarán de pactar una respuesta conjunta al veto del Estado, una reacción unitaria que a día de hoy se antoja imposible.

El presidente de la Generalitat anunció «grandes decisiones» para otoño, o dicho de otra manera, «ante situaciones excepcionales, medidas excepcionales», según sus propias palabras. La opción que baraja CiU es el gobierno de concentración. ICV y CUP ya se han desmarcado antes de que se les llame, ya que no quieren verse vinculados a una formación, Convergència, embarrada por la corrupción, ya sea el caso Pujol o el del Palau, por el que tiene su sede embargada. Esquerra esconde sus cartas y su entrada al Gobierno catalán dependerá del compromiso respecto a la consulta que consiga arrancarle a Mas.

Calculada ambigüedad

En el caso de los republicanos, aupados por las encuestas y sabedores de que el caso Pujol les pone una alfombra roja hacia la presidencia de la Generalitat, ya han dejado claro que no quieren vacilaciones y que diga lo que diga el Constitucional, su idea es sacar las urnas a la calle el 9 de noviembre. ICV, CUP y los más soberanistas de Convergència están de acuerdo en desafiar y desobedecer al Estado de Derecho, pero en cambio la mayoría de Unió y una parte de Convergència son partidarios de acatar la decisión judicial. Lo que está por ver es qué parte de CDC está por la insumisión y cuál no y sobre todo en qué sector se alinea Mas.

El presidente de la Generalitat, debilitado hasta el extremo por el caso Pujol, de quien fue fiel colaborador como consejero durante ocho años, tendrá que tomar la decisión más trascendental de sus cuatro años al frente del ejecutivo catalán, consciente de que haga lo que haga, no tendrá la comprensión unánime de su mundo soberanista. Si tira por la calle del medio, Unió y los moderados de su partido le dejarán solo y si renuncia al 9-N le ocurrirá lo mismo, aunque por el otro lado: Esquerra pedirá el divorcio y el poder movilizador de la influyente Asamblea Nacional Catalana se le puede volver en contra.

Por ello, de momento, en Convergència prefieren permanecer en una calculada ambigüedad, con declaraciones en las que amagan con sacar las urnas el 9-N en caso de prohibición y aseguran que agotarán todos los mecanismos legales para evitar el veto, más bien para dar cancha a ERC, CUP y la ANC, pero sin adoptar un compromiso explícito, para no iniciar las hostilidades antes de tiempo.

Y es que en la federación nacionalista no tienen las ideas claras. Ya quedó patente en la polémica que protagonizaron algunos de sus más destacados dirigentes hace quince días. La vicepresidenta Joana Ortega, de Unió, abrió la puerta a aplazar la consulta en caso de veto del Estado; el consejero Santi Vila, de CDC, descartó que el Gobierno vaya a sacar las urnas a la calle si el alto tribunal prohíbe la votación, mientras que el presidente del pacto nacional por el derecho a decidir, Joan Rigol, de Unió, consideró que celebrar la consulta sin el aval del Constitucional daría un resultado poco democrático.

Todas ellas voces autorizadas que recibieron duras críticas y a las que Oriol Junqueras (ERC) y Carme Forcadell (ANC) replicaron con la misma contundencia. «En ningún caso aceptaremos someter nuestra voluntad de votar al arbitrio de un grupo de magistrados», dijo Junqueras. Forcadell avisó que «en algún momento habrá que romper la legalidad española».

Demasiado voltaje para tener la categoría de tormenta pasajera de verano, aunque fuera en pleno agosto. Más bien fue el preludio de la gran tempestad que se avecina. Así que, o Mas consigue convencer a Junqueras de que le acompañe hasta las elecciones o tendrá que adelantarlas. El carácter que cada partido quiera darle a esos comicios, que Mas querrá presentar como plebiscitarios, ya es otra cuestión.

En cualquier caso, que el proceso soberanista liderado por el presidente de la Generalitat descarrile, no quiere decir que el independentismo estará neutralizado. Ni mucho menos. Una victoria de Esquerra en las plebiscitarias o en las municipales de 2015 (como en 1931) abre la puerta de par en par a una declaración unilateral de independencia. La manifestación del próximo 11-S será el gran test del soberanismo y su estado tras el 'caso Pujol'.