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Transparencia real

Las medidas de Felipe VI para su entorno familiar se adecúan a las demandas ciudadanas de mayor claridad y obligado control público

PPLL

Martes, 29 de julio 2014, 00:45

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La decisión del Rey Felipe VI de someter las cuentas de La Zarzuela a la Intervención del Estado y su propósito de establecer un código que impida a los integrantes de la Familia Real prestar servicios a intereses privados, al margen de sus cometidos institucionales, subrayan el compromiso de la Corona con la transparencia, exigida como regla y hábito de una sociedad abierta. La supervisión del uso que se hace de las partidas que los Presupuestos Generales del Estado consignan, directa e indirectamente, a las actividades de la Monarquía supone adecuar su estatus a los requerimientos de una ciudadanía que demanda claridad, homologándola con el control público al que están sometidas otras Casas Reales en Europa. Más allá de preservar una correcta liquidación de las previsiones presupuestarias, se trataría de optimizar la administración de recursos que aparecen consignados como previsiones de la Corona y como servicios que diversos ministerios prestan para su actuación. El código que rija sobre las actividades de los miembros de la Familia Real deberá ser tan prolijo como inequívoco en cuanto a sus indicaciones. La incompatibilidad deriva tanto del régimen de exclusividad con el que todos los integrantes de la Familia Real deben ejercer de servidores públicos como de la responsabilidad que asumen para con el Estado mientras forman parte de la misma. No solo representará una guía a seguir con carácter extensivo por parte de los Reyes, de los padres de Felipe VI y de las hijas de éste y de doña Letizia, para evitar cualquier situación comprometida. Será también una referencia ineludible para aquellas personas o entidades que entren en relación con la Familia Real o con cualquiera de sus miembros. En este sentido, la intención que alberga La Zarzuela de suscribir con la secretaría de Estado de Comercio un acuerdo regulador de su actuación en tareas de promoción económica en el exterior debería conectar con las pautas que haya de seguir la Corona cuando su presencia sea reclamada dentro de España para realzar la importancia de determinadas iniciativas sociales y empresariales, siempre a partir del criterio básico de que éstas han de contar previamente con el respaldo expreso de las instituciones públicas -nacionales, autonómicas y locales- concernidas por el proyecto de que se trate.

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