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Parte de la parcela objeto de polémica que fue adjudicada en 2005 a Prefabricados Leo. :: brígido
El TSJEx anula la reforma de 2016 del solar de Prefabricados Leo en El Prado de Mérida

El TSJEx anula la reforma de 2016 del solar de Prefabricados Leo en El Prado de Mérida

Considera que para cambiar la planificación que fue aprobada por el Ayuntamiento en 2014 es necesario acudir a la vía judicial

JUAN SORIANO

MÉRIDA.

Martes, 20 de febrero 2018, 07:50

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Nueva vuelta de tuerca en el interminable proyecto de construcción de una fábrica en el polígono El Prado. El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha anulado un acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Mérida de 2016 por el que se modificó el planeamiento aprobado para la construcción de una planta de Prefabricados Leo.

Para tratar de entender lo ocurrido con este expediente hay que remontarse al año 2002, cuando el Ayuntamiento y la entidad pública de suelo Sepes firmaron un convenio para la ampliación del polígono industrial El Prado en un espacio situado entre el polígono y la Autovía de Extremadura. Pero dentro de esa actuación se segregó una parcela de más de 100.000 metros que se adjudicó por concurso a Prefabricados Leo en 2005 para la construcción de una factoría.

En 2007 se aprobó el plan parcial para desarrollar todo este conjunto. Pero Prefabricados Leo recurrió y el TSJEx le dio la razón, por lo que hubo que redactar un nuevo proyecto en 2010. Entre medias, el Consistorio solicitó la reversión de los terrenos porque no se había construido la fábrica, pero esta decisión también fue anulada en la vía judicial.

Sepes tiene un plazo de dos meses para presentar recurso contra la reforma aprobada en 2014

En 2012 la empresa puso en marcha su proyecto, pero poco después el Gobierno local, entonces del PP, tramitó a petición de la compañía un nuevo cambio urbanístico. El Pleno municipal aprobó esta modificación en septiembre de 2014 con los votos en contra de la oposición.

Sepes y la organización regional de consumidores presentaron contra este acuerdo un recurso de reposición, cuya resolución corresponde al propio Ayuntamiento. Entre otras cuestiones, alegaron que cualquier modificación debe ser consensuada con la entidad pública del suelo. En 2016, ya con el actual gobierno del PSOE, el Pleno tuvo en cuenta este y otros argumentos y anuló el acuerdo de 2014 con 16 votos a favor, siete en contra (de los ediles del PP) y una abstención.

Por la vía judicial

Este acuerdo volvía a dejar el planeamiento según la redacción del año 2010 y desestimaba los cambios de 2014. Contra esta modificación presentaron un recurso judicial tanto Prefabricados Leo como la agrupación de interés urbanístico que reúne a los propietarios de la parcela, de la que forma parte la misma empresa, vinculada a un industrial de Mérida.

Ahora el TSJEx ha dado la razón a los dos promotores de estos recursos y ha dejado sin efecto la decisión del Pleno municipal del año 2016, con lo que vuelve a tener validez la reforma de 2014, que para Sepes carecía de interés general y sólo beneficiaba a los dueños de la parcela en cuestión.

El TSJEx da la razón a la empresa y señala que los instrumentos de planeamiento urbanístico son disposiciones de carácter general que, conforme a lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo, están excluidas de recurso administrativo y sólo cabe la vía judicial. Como indica, se podría llegar a una completa transformación de la norma sin cumplir los trámites propios de elaboración, como la exposición al público.

Pero esta sentencia, de finales del pasado año y que puede ser recurrida al Supremo, no supone un final a este procedimiento. Sepes no sólo presentó un recurso ante el Ayuntamiento por la modificación del plan aprobada en 2014, sino que también acudió al Tribunal Superior. Como el Consistorio aceptó sus alegaciones, la vía judicial se archivó por satisfacción extraprocesal. Es decir, ya no había decisión que analizar porque había sido cambiada.

Como el TSJEx ha anulado el acuerdo plenario de 2016, el tribunal ha concedido un plazo de dos meses a la entidad de suelo para presentar un nuevo recurso contencioso administrativo contra la modificación de 2014. Un capítulo más para un proyecto que nació para crear empleo en la ciudad y que lleva trece años de trámites.

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