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Mérida
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Sábado, 13 de enero 2018, 09:47
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El Ayuntamiento recibió el jueves una carta del Ministerio de Hacienda. En esta ocasión le avisa que incumple el plan de ajuste a que se había comprometido a cambio de los fondos de liquidez facilitados por el Estado.
La delegada de Hacienda, Carmen Yáñez, explica que Mérida es uno de los más de 600 municipios que tiene un plan de ajuste «difícil de cumplir». Declara que esto se debe a que elaboraron dicho plan, en 2012, para acogerse a una ampliación de 10 años más de los préstamos de pago a proveedores y esto endureció mucho las medidas que había que cumplir. «El PP llevó a pleno este plan de ajuste y aprobó dicho plan donde se endurecían las medidas que tenía que llevar a cabo el Ayuntamiento. Y las incumplieron desde la primera hasta la última».
Recuerda que en diciembre de 2014, con la vista puesta en las elecciones de 2015, el PP bajó cada uno de los precios públicos y tasas del Ayuntamiento «cuestión que sufrimos ahora el gobierno actual».
«La situación va mejorando poco a poco y se paga a proveedores ya en menos días», recuerda Yáñez, a lo que añade que, aún así, Hacienda está en la obligación de seguir insistiendo al Ayuntamiento en que hay que cumplir dicho plan de ajuste.
Señala que dentro de él hay distintas medidas como la reducción de los costes de Personal. «La plantilla que tiene este Ayuntamiento es la que es y no podemos echar a todos. Y, entre otras cuestiones, porque tenemos la responsabilidad de, por ejemplo, presentarnos a todos los planes de empleo que se convocan que, según el plan de ajuste, no podríamos acogernos a ellos. «Nosotros vamos a seguir acogiéndonos a ellos en la medida de lo posible. También queremos responder a las reclamaciones que hacen los trabajadores municipales que hace años que están demandando como es el pago de la carrera profesional o la subida del 1% que pide el gobierno».
En este sentido, la portavoz indica que el tema es un poco contradictorio. Ya que por un lado, dice, el gobierno central les obliga a pagar la paga extra a los trabajadores municipales al mismo tiempo que, por otro lado, dice que no se pueden gastar ese dinero. «Era potestativo, pero creemos que era un derecho generado por los trabajadores y al que debíamos responder. Nos obliga a prestar servicios que no son competencia de la administración local y al mismo tiempo nos piden que no nos gastemos el dinero en eso».
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