Secciones
Servicios
Destacamos
EFE
Viernes, 20 de octubre 2017, 17:56
Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad.
Compartir
La Junta de Gobierno Local de Mérida ha acordado hoy la ejecución de una sentencia contra una empleada municipal, condenada por un delito de negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios y por otro de blanqueo de capitales. Implica la pérdida de la condición de funcionaria.
El fallo fue dictado por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Mérida, según ha informado hoy el Ayuntamiento en un comunicado. La sentencia le condenaba a inhabilitación especial para empleo o cargo público entre el 24 de mayo de 2017 y el 18 de noviembre de 2020, a nueve meses de prisión y a una multa de 220.000 euros
Se le condenó por aprovechar su puesto de directora de Industria para participar en una lucrativa operación. En septiembre de 2005 el Ayuntamiento notificó a una empresa portuguesa el expediente de reversión-expropiación de dos parcelas en el polígono El Prado debido al retraso en unas obras. Se estima que la trabajadora municipal tuvo acceso a ese proceso de forma exclusiva, ya que era la única persona con acceso directo a la documentación.
A raíz del expediente, la firma portuguesa se encontró en una posición económicamente delicada por la necesidad de acometer las obras. Esto que podía llevar a una venta de las parcelas, incluso por debajo de mercado, con el fin de evitar la expropiación municipal.
La Fiscalía indica que la trabajadora se puso en contacto con otro empresario, al que propuso que adquiriera los terrenos aprovechando la situación y que después los revendiera. A cambio de la información se repartirían las ganancias al 50%.
Esta ejecución de sentencia lleva aparejada la pérdida de condición de funcionaria, como así lo indican los informes pertinentes, en aplicación del artículo 63.e) del Estatuto Básico del Empleado Público, han precisado las mismas fuentes. El artículo 63 establece como una de las causas de pérdida de la condición de funcionario de carrera 'La pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial por cargo público que tuviere carácter firme'.
El Ejecutivo local ha subrayado que, a diferencia del anterior gobierno del Partido Popular, desde que tuvo conocimiento de que esta funcionaria estaba siendo investigada por varios delitos, "con el fin de no hacer dejación de las funciones que le corresponden como tal, se personó contra ella y, además, según establece la ley, le abrió expediente disciplinario.
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
Cuál es el origen de los apellidos modernos
BURGOSconecta
Publicidad
Publicidad
Recomendaciones de HOY
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.