La Fiscalía pide cárcel para Raquel Bravo y tres técnicos por denuncias de ruidos

Raquel Bravo durante la pasada legislatura. :: hoy/
Raquel Bravo durante la pasada legislatura. :: hoy

La acusación pública pide cuatro años de prisión por no haber intervenido de forma efectiva contra dos locales de la calle San Salvador

Juan Soriano
JUAN SORIANO

La Fiscalía de Mérida solicita una condena de cuatro años de prisión para la exconcejala Raquel Bravo y tres técnicos municipales por dos delitos continuados de prevaricación medioambiental. Para la acusación pública, los cuatro implicados no cumplieron con su labor en relación con la actividad de dos locales de la calle San Salvador, Marca Sport y Metabar. También pide 18 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público. Asimismo, plantea esta última pena en caso de que sólo se aprecien dos delitos continuados de prevaricación.

Ante la petición de la Fiscalía, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Mérida dictó la pasada semana auto de apertura de juicio oral contra los cuatro acusados, que también se enfrentan a una petición de veinte meses de multa con una cuota diaria de 15 euros, lo que supone unos 9.000 euros, por cada uno de los dos delitos de prevaricación medioambiental.

La Fiscalía dirige su acusación contra Raquel Bravo como concejala de Medio Ambiente durante la pasada legislatura. Asimismo, incluye en su calificación a M. M. B., F. M. C. y T. M. R., quienes ocuparon entre 2011 y 2015 distintas responsabilidades en la citada delegación.

La acusación afirma que se ignoraron informes municipales que instaban al cierre del Marca Sport

La acusación pública señala que entre julio de 2012 y junio de 2014 el establecimiento Marca Sport estuvo abierto al público durante la mayor parte del tiempo sin licencia de apertura y sin licencias de obra para las reformas realizadas en el local. Asimismo, estima que entre esas fechas incumplió las ordenanzas sobre horarios de cierre y ruidos, lo que ocasionó quejas vecinales.

A su juicio, la Delegación de Medio Ambiente, y en concreto los cuatro acusados cada uno dentro de su ámbito, no llevaron a cabo las actuaciones necesarias para terminar con esta situación irregular, permitiendo las molestias a los vecinos a pesar de tener conocimiento, por parte de los mismos o por la Policía Local, de continuos escritos y denuncias sobre la actividad.

Asimismo, aunque reconoce que se abrieron numerosos expedientes, la falta de coordinación y supervisión desembocó en resoluciones contradictorias, medidas sancionadoras acordadas pero no ejecutadas, dilaciones en la tramitación e incluso su archivo por caducidad.

Como muestra, señala que el expediente por el inicio de actividad de Marca Sport se abrió en junio de 2012. En agosto se solicitaron a la propiedad varios informes, entre ellos los de insonorización y limitación de ruido. Sin embargo, no se empezaron a remitir hasta mayo de 2013 y el proyecto acústico no se aportó hasta febrero de 2014.

Por ese motivo, T. M. R. emitió un informe en el que proponía el cierre cautelar. Pero un mes después Raquel Bravo concedió licencia de primera utilización para adaptación del edificio a bar-cafetería con actuaciones en directo. Posteriormente la empresa aportó la documentación requerida, tras lo que el técnico y la concejala emitieron la propuesta y la orden, respectivamente, para conceder la licencia de apertura en marzo de 2014. El establecimiento funcionó 21 meses sin permiso.

Entre medias, vecinos de la zona remitieron escritos sobre la actividad de un local que no tenía licencia de apertura y presentaron más de veinte denuncias por ruidos. La Policía Local también alertó entre enero y junio de 2014 sobre el incumplimiento de los horarios de cierre y el exceso de aforo, las quejas por ruidos y la actividad sin licencia, por lo que llegó a solicitar la imposición de sanciones. Sin embargo, la Delegación de Medio Ambiente no tomó ninguna medida.

La acusación pública cita que, tras la visita de técnicos municipales al local, Raquel Bravo acordó en abril y mayo de 2013 la paralización de la actividad y la incoación de un expediente por llevar a cabo obras sin permiso. Sin embargo, la orden de clausura no fue ejecutada.

Un año después el departamento jurídico municipal se ratificó en que procedía el cierre. De nuevo la concejala ordenó la clausura, pero cuatro días después dictó lo contrario y autorizó la apertura, excluida la terraza. Todo ello con propuesta favorable de T. M. R. Este procedimiento terminó archivado por caducidad.

Durante el periodo en que el local funcionó sin licencia se sucedieron expedientes por distintos motivos. De hecho, se tramitó una infracción de 300 euros por ruidos que ni siquiera se hizo efectiva porque no se pudo notificar a la propiedad.

También el Metabar

Aunque en menor medida, la situación del Metabar, en la calle San Salvador, fue similar. La Fiscalía reseña que entre enero y diciembre de 2014 estuvo celebrando conciertos o reproduciendo música a pesar de que no tenía licencia para ello.

Esto causó molestias a los vecinos, que presentaron las correspondientes denuncias. La Policía Local recogió la actividad sin licencia adecuada del local en sus órdenes de servicio, por lo que instó a la adopción de medidas. Sin embargo, la Fiscalía afirma que Medio Ambiente no realizó ninguna actuación, no consta que se abriera ningún expediente administrativo y tampoco los acusados llevaron a cabo ninguna labor inspectora o sancionadora.

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