El Ayuntamiento de Mérida evita la intervención de Hacienda por el pago a proveedores

El dato de octubre es el mejor desde que se publican las cifras del periodo medio de pago a proveedores, un parámetro que tiene en cuenta por un lado la media en días de las facturas pagadas en el mes y por otro el retraso de las facturas pendientes, en ambos casos ponderadas por el importe correspondiente. El Ministerio de Hacienda dio a conocer por primera vez estos índices en noviembre de 2014 con los resultados de septiembre de ese año. Desde entonces, la capital autonómica solo había estado una vez por debajo de 60 días. Fue en mayo de 2015 y se situó en 58,1 días.

La normativa sobre morosidad obliga a las Administraciones Públicas a pagar sus facturas en un plazo inferior a 30 días. La Ley de Estabilidad consolida este periodo, pero permite al Gobierno intervenir si el periodo de pago pasa en otros 30 días, es decir, más de 60. De esta forma, el control de la deuda comercial alcanza la misma importancia que el déficit, la deuda financiera y la regla de gasto, los tres parámetros que se emplean para asegurar la sostenibilidad de las comunidades autónomas y las corporaciones locales.

La intervención que permite la Ley de Estabilidad en caso de que una corporación supere el tope de 60 días no es automática, sino que se producen varias advertencias. El Gobierno actuó por primera vez el pasado mes de diciembre, después de que se conociera el periodo medio de pago de septiembre, que en el caso de Mérida fue de 65,98 días. Junto a otros 21 municipios en los que rige el régimen de cesión de impuestos (que se emplea para las principales ciudades del país), recibió una carta de aviso del Ministerio de Hacienda.

En esta comunicación, la misma para todas las entidades, se indicaba que debían actualizar su plan de tesorería para reducir ese plazo. En caso de que las soluciones adoptadas no dieran resultado y durante dos meses el periodo de pago se mantuviera por encima de 60 días, Hacienda podría optar por establecer medidas de obligado cumplimiento sobre reducción de gastos, incremento de ingresos o gestión de cobros y pagos. De no ser suficiente, la Ley de Estabilidad permite incluso la retención de las transferencias del sistema de financiación.

Sin embargo, Mérida no ha tenido que esperar a conocer los resultados de su plan de tesorería y los primeros datos tras recibir esta carta ya sitúan al Consistorio por debajo de 60 días. De las ciudades que se rigen por el sistema de cesión, en octubre de 2016 era la décima del país con peores datos. Un año después, consigue estar por debajo del tope que marca la Ley de Estabilidad y evita la actuación de Hacienda.

La delegada municipal de Hacienda, Carmen Yáñez, señala que estos datos evidencian que los esfuerzos que está realizando el Consistorio están dando frutos.

«Estamos normalizando los pagos y regularizando situaciones que eran anómalas», explica. Por ejemplo, se ha conseguido reducir el periodo de pago a la empresa FCC, que gestiona los servicios de limpieza y retirada de basuras y es el principal proveedor del Ayuntamiento.

Aunque señala que en diciembre vuelve a subir el periodo de pago, ya que muchas empresas presentan sus facturas con el cierre del año, Yáñez recalca que se están mejorando los datos de pago a proveedores.