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La Fiscalía pide dos años de prisión para la edil Raquel Bravo por ignorar denuncias por ruidos

La Fiscalía pide dos años de prisión para la edil Raquel Bravo por ignorar denuncias por ruidos
  • También solicita nueve años de inhabilitación y pide las mismas penas para un funcionario municipal

La Fiscalía de Mérida solicita una condena de dos años de prisión y nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público para la concejala Raquel Bravo por la gestión de denuncias presentadas contra el pub Caramelo, situado en la zona de Los Bodegones, durante su etapa al frente de la Delegación de Medio Ambiente en la pasada legislatura. En la actualidad se mantiene como edil en la oposición. La acusación pública pide la misma pena para un funcionario municipal, T. M., en ambos casos por un presunto delito continuado de prevaricación medioambiental. En caso de que no se acepte este tipo, que guarda relación con la falta de actividad de las autoridades ante quejas por ruidos, reclama para los dos una condena de nueve años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación, que consiste en tomar decisiones a sabiendas de su injusticia.

    El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Mérida, que tramita otros dos procedimientos relacionados con denuncias por ruidos, ha decretado la apertura de juicio oral contra los dos implicados. Asimismo, a propuesta de la Fiscalía, ha decretado el sobreseimiento de las actuaciones contra otras cuatro personas, entre ellas la exconcejala socialista Marisa Tena.

    Según la acusación pública, los vecinos del pub Caramelo presentaron denuncias por la actividad del local prácticamente desde que abrió sus puertas en el año 2008. En concreto, pidieron la intervención del Ayuntamiento por ruidos excesivos, por el incumplimiento del horario de cierre y por el uso de los veladores.

    En mayo de 2009 se aprobó la nueva Ordenanza municipal de protección frente a la contaminación acústica del Ayuntamiento de Mérida, que en su artículo 57 establece que las denuncias por ruidos conllevarán la apertura de diligencias de investigación y, en caso de ser necesario, de un expediente sancionador, cuya resolución compete a la Delegación de Medio Ambiente.

    En ese momento la responsable de la concejalía era Marisa Tena, mientras que Alfonso Gómez era el jefe de servicio y responsable de la unidad con competencias en instrucción y sanciones sobre contaminación. La Fiscalía señala que hasta el cese de ambos, en junio de 2011, el Ayuntamiento llevó a cabo mediciones de ruidos en el Caramelo, una orden de revocación de la autorización de la terraza del local, una apertura de expediente por incumplimiento de la ordenanza de veladores y una orden para que la Policía Local llevara a cabo inspecciones. Ante estas y otras actuaciones, la acusación pública solicita el sobreseimiento provisional de la causa abierta contra ambos, a lo que ha accedido el juzgado.

    Cambio de gobierno

    Con la victoria del PP en las elecciones de 2011 se produjo un cambio de gobierno en el Ayuntamiento emeritense. En aquel momento, Raquel Bravo pasó a ser concejala de Urbanismo y Medio Ambiente en el lugar de Marisa Tena y T. M. jefe de sección de la delegación en sustitución de Alfonso Gómez.

    En el año 2011 los vecinos del Caramelo volvieron a presentar dos denuncias por los ruidos, a las que se sumaron otras cien a lo largo de 2012 y cuatro más en 2013, todas ellas ante la Policía Local.

    Sin embargo, la Fiscalía considera que durante todo este periodo, y a pesar de que tenían un conocimiento exacto del problema, los dos acusados no llevaron a cabo ninguna actuación para tramitar e investigar las denuncias, como ordenar mediciones o abrir expedientes. De esa forma, considera que estaban incumpliendo la función que les correspondía por sus respectivas obligaciones, por lo que considera que se produjo un delito de prevaricación por omisión. Es más, recalca que Raquel Bravo intentó derivar la competencia a la Delegación de Seguridad Ciudadana a pesar de que la ordenanza en vigor establecía que correspondía a su concejalía.

    Ante la falta de repuesta del Ayuntamiento, los vecinos recurrieron a la Guardia Civil, que en informes de los años 2012 y 2013, tras las mediciones realizadas en el local y en varias viviendas de los denunciantes, puso de manifiesto que estaban soportando niveles de ruido que prácticamente duplicaban los límites establecidos en la legislación nacional.

    Teniendo en cuenta el trabajo de la Guardia Civil, así como los partes médicos aportados por los vecinos en los que se evidencian patologías y que fueron ratificados por informes forenses, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Mérida acordó en enero de 2013 la clausura temporal del Caramelo como medida cautelar.

    La acusación pública señala que los acusados no llevaron a cabo ninguna actuación ni adoptaron medidas para proteger la salud de los afectados. De hecho, añade que la primera actuación en relación con la contaminación acústica del local llegó en noviembre de 2012. Raquel Bravo nombró a Fidel Muñoz responsable del impulso administrativo de las denuncias que existieran por ruidos y que eran competencia de la Delegación de Medio Ambiente. La Fiscalía señala que esta decisión se tomó un día después de que el juzgado requiriese información al respecto en el marco de unas diligencias de investigación.

    Además de pedir el archivo para Marisa Tena y Alfonso Gómez, la acusación pública solicitó el sobreseimiento para Fidel Muñoz y para José Suárez, también investigados en esta causa. En el primer caso, porque la fecha de atribución de competencias excluye su responsabilidad por todo lo ocurrido anteriormente. En el segundo, porque, a pesar de que como jefe de Negociado de Sanciones Administrativas se limitó a remitir las denuncias de los vecinos a la Delegación de Medio Ambiente, se considera que su actuación fue adecuada porque la materia correspondía a esa concejalía. El juzgado ha accedido a esta petición.

    Por su parte, Raquel Bravo, concejala popular en el Ayuntamiento de Mérida y delegada de Urbanismo y Medio Ambiente y vicealcaldesa en la pasada legislatura, asegura que nunca tuvo conocimiento de las denuncias presentadas contra el pub Caramelo y por las que la Fiscalía solicita una condena de dos años de prisión y nueve de inhabilitación. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Mérida ya ha decretado la apertura de juicio oral.