El tiroteo de Mérida dejó "gran cantidad de munición, casquillos y sangre"

En el Palacio de Justicia de Mérida han comparecido hoy varios testigos y agentes policiales para declarar sobre el hecho, sucedido a raíz de las desavenencias surgidas entre dos clanes familiares.

Los fallecidos fueron Isabel Vargas y su hijo Joaquín, miembros de una familia enfrentada a otra con el apellido Montoya.

La inspectora ha explicado que desde las ventanas de la Comisaría "se escuchaban las detonaciones" y que había mucha munición y casquillos, numerosos impactos en los edificios de la zona y muchas manchas de sangre.

Otro agente policial que estuvo en el lugar ha declarado que se escucharon "muchos disparos" y que se identificó a uno de los principales acusados y miembro de una de las dos familias supuestamente implicadas, Manuel Vargas, aunque ha señalado que no sabe si llevaba armas.

Ha añadido que una mujer "limpiaba la sangre con una fregona" en el descansillo de un domicilio y que en él se hallaron tres armas de fuego supuestamente escondidas en un altillo por miembros de la otra familia supuestamente implicada, los Montoya.

Otro de los principales acusados, José María Montoya, señaló ayer que a su hija uno de los Vargas "le daba mala vida" y que no hubo acuerdo entre las dos familias.

Mediante videoconferencia una testigo miembro de la familia Montoya ha dicho hoy que ellos no dispararon y que los Vargas la amenazaban, mientras que otra testigo perteneciente a los Vargas y también en una videoconferencia ha señalado que la otra parte "se lió a tiros por la noche" y que ella no vio a su hermano Manuel disparar en ningún momento.

Por su parte, y mediante el mismo método, Fidela Montaño Salazar ha aseverado que Manuel Vargas, su cuñado, acudió desde Barcelona para solucionar el problema familiar pero que los Montoya "no se atuvieron a razones" y que vio a su suegra "chorreando sangre".

También ha comparecido Alejandro Vargas, que ha aseverado que José María Montoya mató a su hermano Joaquín.

Otra persona que ha declarado es Manuela García Calderón, que ha dicho que "no ví nada" aunque ha reconocido que en su vivienda los Montoya escondieron tres pistolas.

En el juicio son juzgados once miembros de la familia Montoya y un miembro de los Vargas, al que pertenecían los dos fallecidos.

Manuel Vargas es quien no se presentó en el primer juicio y está acusado de herir a un viandante ajeno al enfrentamiento y de varios delitos de tentativa de homicidio.

Los hechos que se juzgan surgen de las desavenencias entre estas dos familias tras la separación de un matrimonio integrado por miembros de ambas.

Según el escrito de la Fiscalía, en la noche anterior al tiroteo se produjo un primer enfrentamiento en el barrio, en el que un integrante no identificado de la familia con más personas ahora acusadas efectuó un disparo, y al parecer, ambas familias quedaron en verse al día siguiente.

Ante el cariz que estaban tomando los acontecimientos, varios miembros de la otra familia residentes en Cataluña se desplazaron a Mérida para unirse al resto de los suyos portando "numerosas armas de fuego para ser utilizadas en un posible enfrentamiento".

Esta circunstancia fue conocida por la familia rival, que optó por lo mismo, es decir, hacerse con multitud de armas de fuego para ser utilizadas "en un posible enfrentamiento recíproco".

El 3 de agosto de 2011, sobre las 12 de la mañana, miembros de la familia con vínculos en Cataluña fueron a casa del patriarca de la otra familia, quien al ver que llegaba este grupo disparó mortalmente sobre una mujer, de 70 años.

Ese disparo fue el desencadenante de un tiroteo con armas de fuego, tanto largas como cortas, entre miembros de las dos familias y la operación policial se saldó con siete detenidos en Mérida, otros cuatro en Sevilla y otro en Madrid.

Como consecuencia también falleció un hombre de 38 años, nieto de la mujer que había sido abatida, y resultaron heridas dos personas, una de la otra familia y un viandante ajeno a los hechos.

La acusación pide 50 y 47 años de prisión para los autores de los disparos mortales, así como por varios delitos de homicidio en grado de tentativa y tenencia ilícita de armas, y 60 años de cárcel para el que hirió al viandante y sobre el que recaen otros delitos similares a los anteriores.

El resto de acusados se enfrentan a penas de entre 30 y 37 años de cárcel.