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Juan Soriano
Martes, 21 de marzo 2017, 13:55
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Nueve meses de prisión y tres años y medio de inhabilitación para una funcionaria del Ayuntamiento de Mérida por utilizar información privilegiada y llevarse una comisión en la venta de unos terrenos en el polígono industrial El Prado de la capital autonómica. Asimismo, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial le ha impuesto una multa de 220.000 euros, que en caso de impago se transformará en otros tres meses de cárcel.
Para la Fiscalía, Francisca de Asís Rodríguez aprovechó su puesto de directora de Industria para participar en una lucrativa operación. En septiembre de 2005 el Ayuntamiento notificó a una empresa portuguesa el expediente de reversión-expropiación de dos parcelas en el polígono El Prado debido al retraso en unas obras. Se estima que la trabajadora municipal tuvo acceso a ese proceso de forma exclusiva, ya que era la única persona con acceso directo a la documentación.
A raíz del expediente, la firma portuguesa se encontró en una posición delicada que le podía llevar a la venta de las parcelas por debajo del valor de mercado. La Fiscalía indica que la trabajadora se puso en contacto con el empresario José Félix Bazo, al que propuso que adquiriera los terrenos aprovechando la situación y que después los revendiera. A cambio de la información se repartirían las ganancias al 50%.
De esa forma, en octubre de 2005 la compañía portuguesa vendió al citado empresario los terrenos de El Prado por 1,7 millones de euros. En marzo del año siguiente fueron revendidos por cerca de 4,7 millones.
La acusación pública considera acreditado que en concepto de comisión la trabajadora percibió 220.000 euros. Para ello, por un lado se utilizó la sociedad de otro empresario, Alejandro Sánchez Paesa, la cual aportaría facturas por conceptos inexistentes. Así se pagaron 210.000 euros a través de cheques y pagarés. Para justificar el ingreso, la empresa intermediaria elaboró una factura por la reparación de doce camiones. Sin embargo, las compañías de quienes realizaron estos abonos no tenían ningún camión.
En diciembre de 2006 Francisca de Asís Rodríguez empleó ese dinero para comprar un piso en Sevilla. Para ocultar su origen ilícito, se hizo constar como compradora una empresa que ni siquiera estaba registrada y de la que era administradora su madre. Junto a esto, en enero recibió otros 10.000 euros.
Acuerdo para rebajar la pena
El juicio tuvo lugar ayer en Mérida. Francisca de Asís Rodríguez, que se enfrentaba a una petición de ocho años de prisión, reconoció los hechos. A la espera de la redacción de la sentencia definitiva, aceptó una condena de tres meses de prisión por blanqueo más seis meses y tres años y medio de inhabilitación por negociaciones prohibidas a funcionarios, así como una multa de 220.084,24 euros. Este último delito era el único que no había prescrito, lo que permitió acusar por el resto, pero para ello había que acreditar daños a la causa pública o a un tercero. La empresa portuguesa que tuvo que vender los terrenos reclamó 50.000 euros en compensación. La trabajadora municipal tuvo que acreditar el pago de esa cantidad para poder llegar a un acuerdo.
Como cooperador necesario del delito de negociaciones prohibidas a funcionarios, José Félix Bazo también fue condenado a seis meses de prisión, a tres años y medio de inhabilitación y a multa de 220.084,24 euros. A Alejandro Sánchez Paesa le corresponderán cinco meses de prisión por falsedad documental. Las acusaciones contra la madre de la trabajadora y el hijo del empresario fueron porque no queda acreditada su participación en los hechos.
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