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La Fiscalía pide ocho años de cárcel por defraudar 1,2 millones en cuotas sociales

Sede de la Tesorería General de la Seguridad Social en Mérida. :: BRÍGIDO
Sede de la Tesorería General de la Seguridad Social en Mérida. :: BRÍGIDO
  • Acusa a un empresario y a su asesor fiscal de crear sociedades que daban continuidad a la actividad sin pagar a la Seguridad Social

La Fiscalía de Mérida solicita una condena de ocho años de prisión para un empresario de la capital autonómica al que considera responsable de un fraude a la Seguridad Social por importe de 1,2 millones de euros. Asimismo, propone la imposición de una multa de más de 5 millones de euros.

La acusación pública también se dirige en los mismos términos contra su asesor fiscal y laboral, a quien considera cooperador necesario para orquestar la defraudación.

La Fiscalía estima que J. A. G., manteniendo siempre el control como administrador único real o en la sombra, gestionó entre los años 2004 y 2013 una serie de empresas que dio de alta en la Seguridad Social con el mismo objeto social englobado en el sector de la hostelería, la venta de vehículos a motor y la inmobiliaria. Todas tenían el domicilio social en Mérida o alguna localidad de la comarca y contaban con los mismos o prácticamente los mismos trabajadores.

Según la acusación pública, con el tiempo daba de baja estas empresas o las dejaba sin actividad, sin abonar las cuotas a la Seguridad Social, mientras continuaba con el negocio a través de otras firmas.

En concreto, considera que, a través de personas interpuestas de su confianza, creó y gestionó hasta dieciséis empresas entre los años 2004 y 2013. Aunque no en todos los casos figuraba como administrador único, la Fiscalía estima que mantenía el control económico y mercantil. También considera que algunas de estas firmas fueron constituidas para dar continuidad a la actividad de otra que había sido dada de baja. Diez de estas compañías mantienen una deuda vigente con la Seguridad Social (no todas fueron dadas de alta) por cantidades que oscilan entre 7.000 y 434.000 euros.

Para la acusación pública, esta actividad defraudatoria fue desarrollada con la ayuda de C. M. R., quien actuó como asesor fiscal y laboral de las distintas entidades en los años citados y que puso al servicio de la actividad delictiva sus especializados conocimientos, sin los cuales no podría haberse cometido el fraude a la Seguridad Social.

La Fiscalía sostiene que, valiéndose de dicha sucesión de empresas, el principal acusado logró eludir entre los años 2010 y 2013 el pago de más de 850.000 euros de las cuotas obreras y patronales a la Seguridad Social. En el primer ejercicio, el fraude ascendería a 157.600 euros, el segundo a cerca de 200.000, el tercero a 290.500 y el último a 203.000. A cada empresa le corresponde en cada anualidad cantidades que van desde 1.300 a 78.000 euros. Todas simultanearon su actividad y no efectuaron ingreso alguno por los citados conceptos o bien no presentaron los boletines de cotización. Con los recargos e intereses, el descubierto ocasionado al organismo público asciende a casi 1.215.000 euros.

Ocho años de prisión

Para la Fiscalía, estos hechos son constitutivos de cuatro delitos contra la Seguridad Social por las cuotas de los años 2010, 2011, 2012 y 2013. La acusación pública solicita una condena de dos años por cada delito, ocho en total, para los dos encausados. Asimismo, reclama la imposición a cada uno de una multa de 5.103.000 euros, que equivale a seis veces la cantidad defraudada. También pide que respondan solidariamente las distintas empresas.

La investigación también se dirigió inicialmente contra otras ocho personas, que eran socios, trabajadores o familiares del principal encausado. Sin embargo, para la Fiscalía no consta que tuvieran conocimiento de las maniobras defraudatorias, por lo que finalmente no presenta acusación contra ellas.

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