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Carmen Yáñez, con un cartel de los presupuestos. :: brígido
Carmen Yáñez, con un cartel de los presupuestos. :: brígido

El Ayuntamiento solo decide el 12% del presupuesto

  • Los 45,6 millones de ahora contrastan con los 84 que había para gastar antes de la crisis

Los presupuestos del Ayuntamiento de Mérida que hoy salen en el Boletín Oficial de la Provincia se han gestado en tres frentes: los concejales pidiendo dinero para sus delegaciones, los grupos de la oposición reclamando partida para apoyarlos y el Ministerio de Hacienda con la Ley de Estabilidad Presupuestaria en la mano.

En los tres ha tenido que pelear Carmen Yáñez, la delegada de Hacienda y portavoz municipal.

En el análisis concreto hay una idea evidente, se trata de un presupuesto raquítico muy marcado por los pagos ya comprometidos y sin apenas espacio propio. El frenazo de la crisis ha reducido a la mitad la capacidad económica de la ciudad. En 2008, el máximo histórico, se estimaron 84 millones de ingresos. A partir de entonces se inició un declive que hoy no se ha superado. Las cuentas municipales siguen encorsetadas por el plan de ajuste de 2014 para pagar a los bancos que se hicieron cargo de la deuda con los proveedores.

En el lado de los ingresos, el principal caladero está en el IBI. Más de catorce millones de euros que se embolsa el Consistorio. Otros impuestos de naturaleza municipal como el rodaje, la plusvalía o la basura equivalen a algo más de siete millones. En las estimaciones de ingresos es precisamente donde más se ha centrado el Ministerio de Hacienda, que ante los incumplimientos en los últimos años de la anterior legislatura ha solicitado un informe a los interventores del OAR, quien lo recauda, garantizando que no se tratan de previsiones infladas. Esta negociación, cuenta Yáñez, no ha sido fácil porque ante cualquier sugerencia desde Mérida respondían los técnicos siempre con la ley en la mano. Alguna vez incluso sugirieron que se acogieran a un plan de rescate, pero eso suponía renunciar a toda la autonomía financiera. Finalmente, Hacienda dio por buenas las partidas de ingresos y asumió el techo en 45,8 millones, cinco menos que en 2015. El problema es que casi todo ese dinero ya está comprometido de antemano. El 88% se lo lleva el personal, las contratas y la deuda. El ejecutivo de Osuna sólo decide sobre 5,3 millones (el 12% restante). De ahí se sabe que un millón se destina al famoso plan de empleo y el resto, fundamentalmente, a partidas sociales. De las obras se encargará la Junta -desdoblamiento de El Prado-, Diputación -carretera de San Andrés- y la estrategia europea DUSI.

En el pago a la deuda que arrastra hay un convenio firmado con entidades financieras hasta 2032 que se empieza a pagar este año y la primera retribución supone 4,3 millones.

En este equilibrio entre ingresos y pagos, cuenta Carmen Yáñez que los más complicado es mantener liquidez suficiente de forma permanente.

Hay pagos como el de las nóminas o los vencimientos de los bancos que ya están fijados, pero también se tienen que prever contingencias extraordinarias. Ahora, por ejemplo, tienen que responder ante una indemnización de más de 140.000 euros por un accidente laboral, la readmisión de los trabajadores despedidos por el anterior ejecutivo y la paga de diciembre de 2012 que se suprimió a los funcionarios.

Entre las delegaciones, una de las partidas que más crece es la de Turismo, a la que se dedican 222.000 euros y supone un incremento del 103%. Servicios Sociales es la otra apuesta de 2016: incluye mínimos vitales, ayudas para alquiler o la oficina de mediación con los desahucios. En total se lleva más de un millón de euros.

La perrera se ha incrementado un 88% y Medio Ambiente ha aumentado un 500% para disponer de materiales que permitan estudios de medición de ruidos. Antes no se podía actuar en las denuncias entre empresarios y vecinos porque no había forma de saber el nivel de ruido que se genera.