El juzgado pide al Consistorio que restituya 104 árboles en Bodegones Sur

Este mismo juzgado falló en octubre del pasado año a favor de unos propietarios de suelo en la zona, quienes solicitaron la anulación de todos los pasos administrativos que se siguieron para la urbanización de este espacio. Ahora, dictada la orden de ejecución, la jueza reclama al Consistorio emeritense que proceda a la publicación de la sentencia y que restituya en el lugar 87 olivos y 17 almendros que fueron arrancados de la finca de los recurrentes. Los afectados señalan que parte de esos ejemplares han sido replantados en unos terrenos cerca de Mérida.

Esta resolución forma parte del litigio que se puso en marcha entre los propietarios de estos terrenos y la empresa promotora de la urbanización. No se llegó a un acuerdo para la ejecución del proyecto, pese a lo cual la ley permite que se lleven a cabo los trabajos y que después se distribuyan los gastos y los ingresos de forma proporcional al suelo aportado. Como no estaban de acuerdo con los criterios de reparto, los afectados recurrieron contra los instrumentos de planeamiento que fueron aprobados por el Consistorio entre los años 2007 y 2009.

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Mérida rechazó a principios de 2012 las pretensiones de estos propietarios. Pero recurrieron al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), que en septiembre de ese año les dio la razón alegando que faltaba un informe arqueológico del Consorcio de la Ciudad Monumental (una alegación que se denegó en primera instancia por presentarse al final del procedimiento, pero que sí aceptó el tribunal en apelación).

Por ese motivo, anuló el programa de ejecución de los terrenos. Un año después, el Contencioso número 2 estimó las pretensiones de los recurrentes y también anuló todos los actos posteriores al citado documento.

La consecuencia de estos fallos judiciales es que los terrenos urbanizados y las viviendas construidas carecen de base legal. El Ayuntamiento de Mérida aprobó de nuevo todos los instrumentos de desarrollo con el informe del Consorcio ya incorporado, con lo que cumplía lo indicado por el TSJEx. Esto ha dado lugar a un nuevo planeamiento. Pero los procedimientos judiciales que anularon los primeros trámites urbanísticos han seguido su curso y ahora se pide que se restituyan los árboles que fueron arrancados.

Imposible cumplimiento

Esta petición llegó al Ayuntamiento emeritense a mediados de septiembre. El juzgado da un plazo de tres meses para cumplir la orden, que en principio debe estar resuelta antes del 11 de diciembre. Sin embargo, el Gobierno local ya ha dirigido un escrito al juzgado en el que indica que esta resolución es de imposible cumplimiento.

En concreto, la Junta de Gobierno Local ha encomendado al Gabinete Jurídico Municipal que exponga al juzgado las dificultades para cumplir esa orden, ya que los terrenos en los que se asentaban los 104 olivos y almendros se encuentran totalmente urbanizados. Para devolver estos ejemplares a su lugar original habría que restituir todo el terreno, algo incongruente con las medidas que se han tomado para legalizar la situación de la zona.

A esto se suma que buena parte de los árboles que ahora reclama el juzgado fueron destruidos cuando se arrancaron, lo que hace aún más difícil cumplir la orden judicial de devolverlos a su sitio.