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M. Ángeles Morcillo
Jueves, 26 de junio 2014, 00:36
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El Juzgado de Instrucción nº 4 de Mérida condena a una empresa que se dedica a la recuperación de deuda y gestión de cobros a abonar una multa de seis euros diarios durante 20 días y a pagar una indemnización de 200 euros a los denunciantes por los daños y perjuicios causados. La resolución no es firme y contra la misma cabe recurso de apelación en ambos efectos en un plazo de cinco días. Las costas se imponen de oficio.
Los denunciantes son Juan González Plata y Josefa Rubio Andrades, un Policía Nacional jubilado y su mujer que, a través de las páginas de este diario, denunciaron días pasados el acoso telefónico que sufrían por parte de la empresa ahora condenada por «vejación o coacción de carácter leve». La sentencia dice que «es evidente que la falta cometida atentó contra la libertad de los denunciantes aunque levemente, generando una ansiedad a los mismos».
En el juicio de faltas celebrado el pasado 9 de junio en Mérida se reconoció que, desde marzo de 2013 hasta hace unas semanas, dicha empresa hizo un total de 259 llamadas (quitando sábados, domingos y festivos) al domicilio de los denunciantes. La empresa pretendía el cobro de unos intereses derivados de un proceso de ejecución hipotecaria instado contra el domicilio familiar de los jubilados. Habían sido avalistas de un préstamo hipotecario de uno de sus hijos, al que la crisis empujó al cierre de su empresa.
El abogado de los denunciantes, Marcos Municio González-Quijano, asegura que la empresa denunciada y sus empleados, en connivencia empresarial manifiesta, «efectuaron un asedio telefónico masivo al matrimonio de jubilados, realizando numerosas llamadas indiscriminadas a lo largo del día, en horario intempestivo, con amenazas constantes y sin respeto alguno por la intimidad de los mismos ni por su edad avanzada, provocándoles un sufrimiento psíquico y afectivo brutal, con repercusión hospitalaria».
Según señala, dicha empresa «les ha originado una intimidación y un desasosiego que únicamente tenía como finalidad la de presionarles, con una violencia psíquica intolerable para conseguir el cobro de la deuda pendiente. Y ello excede del límite de lo penalmente admisible».
Valora Municio que es sumamente doloroso que unos padres septuagenarios sean desahuciados y pierdan su vivienda habitual por haber avalado con la mejor de sus intenciones a su hijo. «Pero más doloroso es ver cómo este tipo de empresas atentan frontalmente contra dos jubilados que ya habían cumplido con la sociedad y tenían que estar pendientes de ver crecer a sus nietos. No tenían que estar siendo literalmente avasallados con amenazantes llamadas telefónicas a cualquier hora del día», señala.
Sentencia pionera
El abogado de los denunciantes apunta que estamos, sin duda, ante una sentencia pionera en Extremadura que frena y pone coto en vía judicial a técnicas coactivas ejercidas por este tipo de empresas.
Asimismo, Municio recuerda que España es el único Estado de la Unión Europea donde no existe regulación alguna sobre la actividad de las empresas de recobro y las limitaciones a las que deben obedecer. «Se aprovechan, en ocasiones, de esta incertidumbre legal para traspasar el límite de lo legalmente admisible. Por tanto, la valentía de esta sentencia es encomiable, pues condena unos comportamientos abusivos e intolerables efectuados contra dos jubilados septuagenarios y abre el debate sobre la necesidad de una regulación de este tipo de conductas», finaliza diciendo.
Hay que recordar que Juan y su mujer viven desde hace más de veinte años en un piso de la avenida Juan Carlos I. Un inmueble que, según este, está pagado hace años pero que se rehipotecó para avalar un negocio que monta su hijo.
En un momento de mala racha se deben tres cuotas al banco, por lo que una entidad bancaria decide hacerse con el piso. Según cuenta uno de sus hijos, el banco se adjudica la vivienda por casi la mitad del precio de lo que la tasó en su día, 100.000 euros, cuando un año antes lo había hecho por 160.000. «Además, se inventa unos intereses de unos 20.000 euros que no están justificados, que es lo que reclama esta empresa a mis padres».
Denunciaba que es la que se dedica a llamar diariamente, incluso cinco veces al día, al domicilio de sus padres intentando, «de una forma mafiosa y con presiones», que paguen una deuda y unos intereses que no están justificados en ningún caso. «Esto les ha llevado a mis padres a una situación tal que mi madre ha sufrido un ictus y a mi padre no paran de repetirle anginas de pecho por la situación de angustia diaria en la que viven».
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