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Disturbios durante una de las manifestación en Río de Janeiro.
Vandalismo e incidentes empañan una huelga general que no ha paralizado Brasil

Vandalismo e incidentes empañan una huelga general que no ha paralizado Brasil

Las manifestaciones convocadas tras el paro general, el primero en 20 años, se sucedieron en las principales capitales del país, pero los disturbios más graves se produjeron en Río y Sao Paulo

efe

Sábado, 29 de abril 2017, 02:53

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El vandalismo y los enfrentamientos de grupos minoritarios con la Policía registrados en varias ciudades del país empañaron una jornada de huelga general que no logró paralizar hoy Brasil ni forzar al Gobierno de Michel Temer a dar marcha atrás en sus reformas.

Las manifestaciones convocadas tras el paro general, el primero que vive Brasil en 20 años, se sucedieron en las principales capitales del país, pero los incidentes más graves se produjeron en Río de Janeiro y Sao Paulo.

En Río grupos radicales, en su mayoría encapuchados, incendiaron diez autobuses urbanos y causaron importantes destrozos en el centro de la ciudad, donde se enfrentaron a fuerzas de la Policía Militarizada, que utilizaron vehículos blindados, gases lacrimógenos y pelotas de goma para dispersarlos.

En Sao Paulo se registraron cuatro movilizaciones, la más multitudinaria, que congregó a decenas de miles de personas, se concentró en la zona oeste y marchó hasta la residencia particular del presidente Michel Temer, quien se encontraba en Brasilia con su familia.

Los manifestantes lanzaron gritos como "Fora Temer" y "Temer tiene que salir" en las proximidades de la vivienda, protegida por un fuerte dispositivo de seguridad.

Cuando la concentración procedía a dispersarse, la policía comenzó a disparar gases y pelotas de goma para repeler a un grupo de jóvenes encapuchados que lanzaron piedras.

En Porto Alegre (sur), la policía también utilizó gases lacrimógenos contra los manifestantes y en Goiania al menos una persona resultó herida en otro enfrentamiento.

En Brasilia, miles de personas se concentraron en la Explanada de los Ministerios en medio de un fuerte dispositivo de seguridad pero se dispersaron después de forma pacífica.

Temer condenó los incidentes en un breve comunicado divulgado al final de la jornada en el que reafirmó su voluntad de seguir adelante con las reformas planteadas por su Gobierno, origen de la protesta convocada por los sindicatos.

"El Gobierno federal reafirma su compromiso con la democracia y con las instituciones brasileñas. El trabajo en pro de la modernización de la legislación nacional continuará, con un debate amplio y franco, realizado en el espacio adecuado para esa discusión, que es el Congreso Nacional", señaló el mandatario.

La huelga impactó en el transporte público y cerró las escuelas en las grandes ciudades pero no logró paralizar al país, como pretendían las centrales sindicales, que protestan contra las reformas al régimen laboral y al sistema de jubilaciones impulsadas por el Gobierno.

Las centrales cifraron la adhesión a la huelga en cerca de 40 millones de trabajadores, alrededor de un 45 % de la fuerza laboral, mientras que, para el Gobierno, la convocatoria fue un "fracaso" con una adhesión "insignificante".

El líder del Movimiento de los Trabajadores Sin Techo (MTST), Guilherme Boulos, amenazó con ocupar el Congreso si las autoridades "no entiendan el recado" y mantienen las reformas en el calendario.

"Fue más una huelga de los sindicalistas, de las centrales, preocupadas con las decisiones de esa semana del Congreso, que les están quitando recursos billonarios. Esas organizaciones (los miles de sindicatos de Brasil) existen porque se alimentan de un recurso que no corresponde a sus esfuerzos", aseguró el ministro de Justicia, Osmar Serraglio.

El funcionario aludía a la reforma laboral que impulsa el presidente Temer y que incluye, entre otras medidas, eliminar la cuota obligatoria que actualmente tienen que aportar los trabajadores para los 17.000 sindicatos que existen en el país.

La reforma plantea, además, medidas para abaratar los costes laborales y primar los acuerdos entre empresario y trabajador en la negociación de los convenios colectivos, al margen de la legislación laboral vigente, que data de la década de 1940.

Los sindicatos consideran que estas reformas atentan contra derechos adquiridos de los trabajadores mientras que el Gobierno sostiene que pretenden "modernizar" el país y ayudarlo a salir de la crisis.

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