Vigilancia Penitenciaria concedió el permiso y la Fiscalía no recurrió

A partir de ese momento se puso en marcha la maquinaria judicial para ejecutar la sentencia y se aplicó un artículo en el que se indica que la pena de prisión efectiva nunca podrá superar al triple de la pena impuesta al hecho de mayor gravedad. En este caso, el delito con más condena es el de administración desleal, con cuatro años de prisión, por lo que se fijó en 12 años la permanencia máxima en la cárcel.

Fijada la condena, la Audiencia decretó el ingreso en prisión de Manuel García, que fue detenido por la Policía Nacional y conducido a la cárcel, donde ingresó el 24 de marzo de 2017.

En ese momento, la Junta de Tratamiento del Centro Penitenciario de Badajoz clasificó al interno en segundo grado, el régimen que suele aplicarse a los reclusos que no presentan conflictividad. Esa clasificación implica que el reo no puede salir de prisión.

Desde el primer momento Manuel García permaneció en la enfermería del centro penitenciario. En esa situación estaba cuando su abogado, Manuel Villalón, presentó una petición para que le fuese concedido el tercer grado para que pudiese atender a una nieta, huérfana de madre, que sufre una discapacidad.

Esa solicitud fue rechazada por el Junta de Tratamiento de la prisión de Badajoz. Se emitió un informe en el que aparecían tanto los factores de adaptación del interno como los factores de inadaptación.

En su favor figuraba el hecho de que se trataba de su primer ingreso en la cárcel, tenía buena conducta penitenciaria, apoyo familiar, un adecuado nivel formativo-educativo, hábitos laborales y ausencia de adicciones.

Pero también aparecían elementos que desaconsejaban su salida: el delito cometido exigía un alto grado de planificación, la pena impuesta era elevada, no había cumplido la mitad de la condena, no había asumido la responsabilidad delictiva, no había satisfecho la responsabilidad civil, y su pronóstico de reincidencia era medio-alto.

El letrado de Manuel García recurrió esa negativa ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Badajoz, en cuyas manos quedaba la decisión. Desde ese juzgado se informó de la petición a la Fiscalía, que se opuso a la concesión del tercer grado. El informe de la Fiscalía entró en el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria el 18 de julio. Ese mismo día, el juez Ángel Estévez concedió el tercer grado en un auto en el que se decía que «a la vista de los informes obrantes en el expediente, relativos al interno Manuel García González, remitidos por el Centro Penitenciario de Badajoz, en los que constan los siguientes factores de adaptación: primer ingreso en prisión, buena conducta penitenciaria, apoyo familiar, adecuado nivel formativo/educativo, hábitos laborales y ausencia de adicciones, procede estimar el recurso de alzada y se le progresa al tercer grado de tratamiento».

El auto que suponía la semilibertad de Manuel García fue notificado a la Fiscalía de Badajoz, donde entró el día 20 de julio. A partir de ese momento, la Fiscalía tenía tres días de plazo para presentar un recurso de reforma ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria y cinco días para presentar un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial. Pero el Ministerio Fiscal no presentó recurso alguno, por lo que la decisión se hizo firme.

De forma automática, Manuel García González comenzó a disfrutar del tercer grado penitenciario, que le permite salir diariamente de la cárcel entre las 8.30 y las 20 horas y también los fines de semana completos.