Los trabajadores de ayuda a domicilio deberán acreditar su cualificación

El certificado de profesionalidad en la atención sociosanitaria a personas en el domicilio se estableció como requisito hace ya dos años. Sin embargo, Extremadura optó por dar una prórroga que culmina el próximo diciembre para conseguir que el mayor número posible de los actuales auxiliares de la ayuda pudieran obtener esa formación y así continuar trabajando en un sector con presente y futuro. A partir de enero, acreditar la cualificación es requisito imprescindible para poder trabajar como auxiliar de ayuda a domicilio.

Es, de hecho, uno de los aspectos que se contemplan en el borrador de decreto que ultima la Junta para regular la ayuda a domicilio en la región. «Porque se ha detectado la necesidad de velar por la calidad del servicio en el marco de la Ley de la Dependencia, en beneficio de los usuarios, y de tutelar las condiciones laborales de los trabajadores. Se trata, sobre todo, de homogeneizar el sector con calidad y profesionalidad», explica la Consejería de Sanidad.

Es el motivo por el que desde el pasado marzo, responsables del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (Sepad) han llevado a cabo en la Mesa de Diálogo Social reuniones con responsables de la Creex y de UGT y CC OO para avanzar en una negociación que las diferentes partes consideraban necesaria, para poner en marcha una nueva regulación que ponga orden en la ayuda a domicilio y mejore la calidad del servicio, tanto en los cuidados a los usuarios como en las condiciones laborales de los trabajadores. Con el fin también de equiparar la situación de unos y otros en el conjunto de la región, con independencia de que esa ayuda sea prestada por ayuntamientos o empresas privadas.

No en vano, el consejero de Sanidad, José María Vergeles, adelantó hace poco más de una semana, en la presentación del balance de la Ley de Dependencia junto con la gerente del Sepad, Consolación Serrano, que se están manteniendo contactos con los agentes sociales y económicos para incrementar la calidad de los servicios y, especialmente, en el de la ayuda a domicilio, que es el que más les preocupa.

Por este motivo, entre otros muchos aspectos, el borrador en el que se trabaja, y que será expuesto públicamente, determina la necesidad de que los trabajadores acrediten su cualificación, pero también detalla los requisitos que deben cumplir las empresas para poder prestar el servicio en la región, los derechos y obligaciones de los usuarios para garantizar respeto a los empleados, y las labores que se enmarcan en el propio servicio.

Las empresas deberán tener una sede física y garantizar un horario de atención al público para ser autorizadas por el Sepad. También deberán tener contratado un servicio de riesgos laborales y tener un registro de usuarios e incidencias, entre otros requisitos. Para tener la acreditación precisada por el Sepad deberán elaborar un plan de atención individualizada a cada usuario, establecer un catálogo de prestaciones y que la coordinación del servicio esté en manos de un titulado universitario en la rama sociosanitaria.

En cuanto a los usuarios, el borrador establece qué labores son las que deben realizar los auxiliares y cómo las mismas están limitadas a los beneficiarios de la prestación.

Porque el auxiliar debe ocuparse, por ejemplo, de la comida del usuario, del dependiente al que se le ha concedido la ayuda, pero no de la del familiar que resida con él. «Por eso es muy positivo que se regule este servicio, para que se garantice su calidad en el conjunto de la región, porque creemos que se trata de una prestación básica y fundamental de la Ley de Dependencia», valora Ana Garrido desde UGT. Porque una ayuda a domicilio de calidad puede mantener al usuario en su entorno familiar y social y retrasar así su ingreso en una residencia.

La Consejería de Sanidad y Política Social asegura que la negociación y el consenso con las organizaciones sindicales y empresarias están muy avanzados en torno a esta nueva regulación, que tendrá forma de decreto y que saldrá en el último trimestre de este año según su previsión.