La torta, el cava y el aceite

Un técnico coge una botella de cava extremeño y mira el color del producto. :: hoy/
Un técnico coge una botella de cava extremeño y mira el color del producto. :: hoy

Los gobiernos españoles suelen proteger el comercio catalán

J. R. Alonso de la Torre
J. R. ALONSO DE LA TORRE

En las últimas semanas, hemos conocido noticias sobre el cava, el queso y el aceite. De las 36.000 hectáreas dedicadas al cava en España, 29.000 están en Cataluña y allí ya no es posible ni interesa crecer más. El resto se reparten entre Requena (4.000 hectáreas), Ribera del Duero y Rioja (1.600 hectáreas) y Almendralejo (1.400 hectáreas). El crecimiento previsto en Almendralejo y Requena era, fundamentalmente, para abastecer el mercado internacional, pero no será posible porque el Gobierno puede impedir que Extremadura dedique más hectáreas al cava hasta 2020.

La otra cuestión es la oposición de España a que en Italia se permitan más plantaciones de olivos, algo que nos interesa a los extremeños, pero que podría ser interpretado como una contradicción: queremos que nos dejen tener más hectáreas de uva dedicadas al cava, pero no queremos que los italianos planten más olivos porque nos harían competencia con el aceite. Finalmente, está la cuestión de la torta del Casar. Una sentencia recurrible impide que el queso de la Serena se llame torta y, se supone, acabará obligando a que la torta de Barros se llame queso de Barros. Y en este caso, también se puede hacer un análisis comparativo: los queseros de Cáceres se oponen a que los de Badajoz llamen tortas a sus quesos, quieren exclusividad al igual que la quieren los catalanes.

Pero si las comparaciones suelen ser odiosas, en este caso lo son aún más. Lo de los olivos es un problema de regulación europea de plantaciones para evitar la saturación del mercado y lo del queso es una decisión puramente judicial de tribunales de la Unión Europea. En el caso del cava, sin embargo, ni se trata de regular el mercado europeo, porque este pide mucho más cava, ni es una sentencia judicial porque estamos ante una pura decisión política.

Decisión política

Es en ese punto, la decisión política, donde llueve sobre mojado. Históricamente, los gobiernos españoles tienen la costumbre de rescatar con leyes proteccionistas los sectores comerciales o industriales catalanes amenazados por la competencia de otras regiones españolas. Los privilegios comerciales catalanes y vascos son una tradición política y económica en España. Quizás se deba a que tienen más influencia política en Madrid o a que cuentan con una burguesía y un empresariado autóctonos, enraizados en su región, que exigen protección a cambio de no agitar la pasión nacionalista.

Stendhal, el autor de 'Rojo y negro', escribía sobre los catalanes en 1838, hace casi 200 años: «Estos señores quieren leyes justas, a excepción de la ley de aduana, que se debe hacer a su gusto. Los catalanes piden que todo español que hace uso de telas de algodón pague cuatro francos al año, por el solo hecho de existir Cataluña. Por ejemplo, es necesario que el español de Granada, de La Coruña o de Málaga no compre los productos británicos de algodón, que son excelentes y que cuestan un franco la unidad, pero que utilice los productos de algodón de Cataluña, muy inferiores, que cuestan tres francos la unidad».

Durante la Restauración del siglo XIX, el Pacto del Triángulo impone una política arancelaria que obligaba a que si querías comprar textil o hierro, solo lo podías comprar en Cataluña o el País Vasco, aunque fuera dos veces más caro. La Ley de Cuotas, vigente hasta la dictadura de Primo de Rivera, prohibía instalar en el resto de España industrias semejantes o parecidas a las del País Vasco o Cataluña. Finalmente, el Coeficiente de las Cajas de Ahorro durante la dictadura de Primo de Rivera obligaba a que las cajas de ahorro extremeñas y de otras regiones tuvieran que prestar al 3% donde decidía la dictadura, cuando el dinero estaba al 22%. Con ese dinero se hicieron carreteras y fábricas y tras el dinero se fue la mano de obra.

Como ven, lo del cava no es una decisión política aislada, sino la continuación de una tradición española de proteger el comercio y la economía de Cataluña.

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