Un tercio de los pisos deberá haber superado una inspección antes de julio

Vicente López (centro), arquitecto de IEE Extremadura, en una inspección en Plasencia. :: Andy Solé/
Vicente López (centro), arquitecto de IEE Extremadura, en una inspección en Plasencia. :: Andy Solé

Según la normativa, antes del 28 de junio los inmuebles con más de 50 años deberán tener un Informe de Evaluación Técnica del Edificio (IEE) que apenas se conoce

J. López-Lago
J. LÓPEZ-LAGO

La gran mayoría de edificios con más de cincuenta años deberán haber superado una inspección antes del próximo 28 de junio. Y la gran mayoría de sus propietarios ni lo saben. En cualquier portal, en un descansillo elegido al azar, en mitad de una junta de vecinos, hablar del IEE es muy probable que suene a chino. Se trata del Informe de Evaluación Técnica del Edificio, que actualiza otro tipo de inspecciones, el cual describió el año pasado la Junta de Extremadura en un decreto (73/2017, de 6 de junio). Éste hace hincapié en tres aspectos: la conservación del inmueble, la accesibilidad y la eficiencia energética.

La administración competente para requerir el IEE es el ayuntamiento donde radique el edificio. Pero, de momento, no están extendidas las sanciones porque las inspecciones apenas existen. Solo la subvención hace de palanca que fuerza a la obtención de este IEE, imprescindible para acceder a ayudas públicas, igual que recientemente empezó a ser obligatorio disponer de un certificado de eficiencia energética para ejecutar una compra-venta.

ALGUNOS DATOS

Normativa
El decreto autonómico (73/2017, de 6 de junio) emana de una ley estatal básica. Según el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, que marca las condiciones y plazos para obtener el IEE (Informe de Evaluación Técnica del Edificio).
De más de 50 años
Los edificios de tipología residencial de vivienda colectiva que a fecha 28 de junio de 2013, tuvieran ya una antigüedad superior a 50 años, el día 28 de junio de 2018, como máximo.
De menos de 50 años
Por otro lado, los edificios de tipología residencial de vivienda colectiva que vayan alcanzando la antigüedad de 50 años, a partir del 28 de junio de 2013, en el plazo máximo de cinco años, a contar desde la fecha en que alcancen dicha antigüedad.
Técnicos competentes
Este tipo de informes los realizan arquitectos, aparejadores e ingenieros de la edificación (término nuevo para los arquitectos técnicos). Las tarifas son variadas y pueden oscilar entre los 50 y 120 euros más IVA, aunque siempre habrá que tener en cuenta el tipo y tamaño de la vivienda.

Según los datos de la Junta de Extremadura, en 2016 (último disponible), se concedieron medio millar de subvenciones, lo que equivale, como mínimo a medio millar de IEE, un documento que desde la Dirección General de Arquitectura afirman que se conoce cada vez más.

Se centran en la fiabilidad de la estructura, la accesibilidad y la eficiencia energética El IEE es imprescindible si el edificio quiere optar a una subvención pública

Pese al boom inmobiliario de las últimas dos décadas, hay que tener en cuenta que en Extremadura, según el último informe del Instituto Nacional de Estadística (INE), hay 424.980 viviendas principales, de las cuales casi 100.000, un 23 por ciento, son anteriores a 1960 y por tanto tienen más de 58 años.

Con más de 50 años o a punto de cumplirlos, esto es, anteriores a 1970, el porcentaje sube al 33 por ciento. Y por lo general, las viviendas secundarias y las vacías son mucho más viejas.

Los informes oficiales (IEE) que determinan su estado los realizan arquitectos, aparejadores e ingenieros de la edificación (término nuevo para los arquitectos técnicos). Según explica Vicente López, arquitecto de Plasencia que elabora este tipo de expedientes, «la gente se preocupa de pasar la ITV con su coche, pero no de que su vivienda, que es donde pasa la mayor parte del tiempo, sea inspeccionada por especialistas». Por su parte, Susana Orts, arquitecta técnica y presidenta del Consejo de Arquitectos Técnicos de Extremadura, describe el Informe de Evaluación Técnica del Edificio como «una radiografía del inmueble, sobre todo estructural por una cuestión de seguridad».

Esa revisión analiza desde pequeños defectos que no son perjudiciales para las personas a una grieta o un posible desprendimiento de parte de la fachada que podría provocar un accidente en la calle. En cuanto a accesibilidad identifica desde las barreras arquitectónicas como la escaleras o la ausencia de un ascensor, a si las pendientes para salvar esos obstáculos tienen la inclinación apropiada que marca la ley.

Para medir la eficiencia energética, los técnicos competentes miden el consumo anual en kilowatios por hora y metro cuadrado, así como las emisiones en CO2 por metro cuadrado, dos parámetros que dan lugar a una nota similar a la que ya exhiben los electrodomésticos.

El informe puede acabar en favorable o desfavorable, y además de ser un diagnóstico pretende ser un documento que aporte soluciones y mejoras para mejorar la confortabilidad y seguridad del inmueble.

El cuestionario que debe completar el técnico y que viene como anexo en el decreto autonómico es una ficha de 24 páginas. Requiere varias visitas y, según algunas tarifas que ha conocido este diario, éstas oscilan entre 50 y los 120 euros más IVA por vivienda, documento que incluye ese certificado energético que ya es necesario para algunos trámites.

Desconocimiento

Vicente López trabaja en el seno de un equipo multidisciplinar especializado -IEE Extremadura- y afirma que «hay mucho desconocimiento sobre estos temas».

Según explica, la Junta de Extremadura tiene la responsabilidad de recoger los informes para elaborar un censo lo más completo posible del parque regional edificado. Sin embargo, a corto plazo se pretende que sean los ayuntamientos los que colaboren en esta misión y recojan los informes.

De hecho, en otras ciudades de España, afirma Susana Orts, los ayuntamientos han ido sacando listados con los inmuebles que debían presentar el IEE, algo que en Extremadura no le consta que se haya hecho. «A la gente si no se lo dices no lo hace de manera voluntaria y la Administración no tiene una programación sobre cómo pedirlo, por eso no está en la mente de los propietarios, salvo que haya que pedir alguna subvención pública, entonces sí es obligatorio realizar el IEE (...) como mucho algunos ayuntamientos lo piden cuando observan alguna deficiencia, normalmente en la fachada», señala esta especialista.

De momento, la Junta está realizando los IEE de sus propios edificios públicos (en estos casos las condiciones son diferentes) y, a través de la Dirección General de Arquitectura, junto con los Colegios profesionales de arquitectos y aparejadores, ha formado a técnicos para que sepan elaborar estos informes, aunque no es obligatorio haber realizado estos cursos para expedir este tipo de certificados.

López y Orts, ambos profesionales que realizan este tipo de informes coinciden en que el desconocimiento de este certificado es alto. Sin embargo, la Junta de Extremadura afirma que sí se están realizando IEE y la cifra va a más. Se basa en las ayudas públicas que ha tramitado y que no podría haber concedido sin este informe.

Según los datos de la Administración autonómica, la suma de expedientes de los años 2013 y 2014 de ayudas, tanto estatales como autonómicas, fue de 55 solicitudes, y se pasó en el ejercicio 2016 (último con datos cerrados) a 382 para las ayudas autonómicas y 100 para las estatales, lo que suman 482 expedientes.

Desde la Junta niegan por tanto que los IEE sean un aspecto ignorado o incumplido. Y añaden que actualmente, en la Dirección General de Arquitectura se está desarrollando una plataforma informática financiada con fondos europeos que recoge, entre otros aspectos, el registro autonómico de los IEE y que será accesible a los ayuntamientos con el fin de facilitarles la inscripción de los informes que vayan requiriendo.

Por otro lado, con el fin de favorecer la implantación del IEE en la comunidad, la Junta indica que ha subvencionado los honorarios correspondiente a su redacción, tanto con ayudas autonómicas como estatales.

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