Solo un municipio ha legalizado casas en el campo tras la reforma de 2010

Viviendas en el área de Las Mazas, en Arroyo de San Serván, antes rústica y ahora, tras el nuevo plan general, zona urbanizable . :: brígido/
Viviendas en el área de Las Mazas, en Arroyo de San Serván, antes rústica y ahora, tras el nuevo plan general, zona urbanizable . :: brígido

Arroyo de San Serván ha modificado su plan general para legalizar 70 edificaciones y el siguiente en hacerlo será Mirandilla, con 40

Celestino J. Vinagre
CELESTINO J. VINAGRE

Solo se han legalizado casas ilegales, construidas en suelo rústico, en un municipio extremeño, Arroyo de San Serván, y en trámite de hacerlo aparece otro, Mirandilla. Las dos localidades, de la mancomunidad integral de municipios Centro, en las inmediaciones de Mérida, son las únicas que han hecho uso en toda la región de la opción que les permite la reforma de la Ley del Suelo de Extremadura desde 2010.

Ocho años después de que se aprobara el cambio normativo no se han cumplido las expectativas creadas para intentar encauzar un problema histórico, el de las construcciones sin licencia en zona prohibida, y que ha ganado impacto mediático con casos judicializados como el de los chalés en la sierra placentina de Santa Bárbara.

Una modificación de la ley del suelo regional que persigue favorece tanto a los ayuntamientos como a los propietarios de esas edificaciones. Una legalización, en todo caso, siempre para aquellas edificaciones sobre las que no hay sentencia judicial que implique su derribo por erigirse en zona protegida.

Los costes que supone la legalización es una de las razones de que no haya más pueblos interesados, según la Junta

«Hemos logrado modificar el plan general después de más de dos legislaturas de trabajo» Eugenio Moreno, Alcalde de Arroyo de San Serván

«Para los ayuntamientos supone un gran esfuerzo pero contamos con la mancomunidad» José María Carrasco, Alcalde de Mirandilla

«Llevábamos tiempo intentando solucionar un problema evidente. Desde diciembre del año pasado en el nuevo plan general municipal ya se da salida legal a chalés o viviendas que no lo son. Como se ve, casi ningún ayuntamiento lo ha hecho porque no es fácil, pero era nuestro empeño desde hace muchos años y ahora estamos satisfechos por hacerlo posible», resume el alcalde arroyano, Eugenio Moreno.

Cambio sustancial en 2010

Extremadura aprobó el 18 de octubre de 2010 la modificación de la Ley del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura (Lsotex), de 2001, introduciendo importantes novedades en materia urbanística. Entre ellas aparecía la posible regularización de las urbanizaciones construidas en suelo no urbanizable.

La regularización de «urbanizaciones clandestinas o ilegales de carácter aislado que forman núcleo de población» se especifica en la disposición adicional quinta de la ley modificada en la Asamblea de Extremadura. La legalización incumbe a dos actores. De un lado, las administraciones locales. De otra parte, los dueños de esas edificaciones. Ambos deben cumplir con una serie de obligaciones.

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio aclara que, en cuanto a los ayuntamientos, deben aprobar un planeamiento urbanístico que permita cambiar la clasificación urbanística del suelo, pasando las zonas edificadas de suelo no urbanizable a suelo urbanizable o a suelo urbano no consolidado.

Se debe limitar a unos ámbitos «muy concretos, homogéneos, en los que existan varias edificaciones y una trama parcelaria similar, justificándose adecuadamente su grado de edificación y los servicios urbanísticos existentes».

En el caso de Arroyo de San Serván vincula a dos grandes áreas de edificaciones (divididas a su vez en seis subzonas) próximas a la A-5 y al ramal del Canal de Lobón que está a la entrada de la localidad tras dejar la autovía. Estaríamos hablando de unas 70 casas ilegales, indican desde el Ayuntamiento de Arroyo de San Serván. Ocupan miles de metros cuadrados de terreno, algo más de 218.000. Entre 15.236 metros en el caso de la subzona menor a legalizar y 63.020 en el de mayor espacio.

En el caso de Mirandilla se trata de una única zona situada también a la entrada del pueblo llegando por la carretera que conecta con la antigua N-630. Son 40 inmuebles para legalizar repartidos en 180.000 metros cuadrados de terreno.

Obligaciones

«Para los ayuntamientos y, más para los pequeños, supone un gran esfuerzo pero contamos con el extraordinario apoyo de la mancomunidad y con la voluntad de hacer las cosas. Estamos en trámite de regularizar esa área. No existen impedimentos y confiamos en que la modificación del plan general sea una realidad a corto plazo», explica José María Carrasco, alcalde de Mirandilla.

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«Estamos hablando de regularizar la situación de casas construidas más o menos recientemente pero es verdad también que nos encontramos con algunos casos más antiguos. En Arroyo de San Serván teníamos encauzada esta regularización, que conlleva un largo y complicado camino administrativo, desde hace dos legislaturas pero la llegada del PP al Gobierno regional frenó el trabajo hecho», describe el primer edil de Arroyo de San Serván.

Esa reclasificación de suelo requiere de una tramitación administrativa municipal y autonómica similar a la de cualquier plan general municipal, con aprobación definitiva por parte de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. La burocracia es amplia.

Los compromisos y, sobre todo, los costes son también para los dueños de esas edificaciones ilegales. Desde el momento en que ese plan municipal clasifique los terrenos como suelo urbanizable o como suelo urbano no consolidado, «deberán hacer frente a una serie de obligaciones legales para dotar a su terreno de la condición de solar», explica la Junta de Extremadura. Esto es, asumir el mantenimiento de la urbanización y de las dotaciones públicas, y solo a partir del cumplimiento de esas obligaciones podrán presentar ante el ayuntamiento un proyecto de legalización de las viviendas para obtener la licencia municipal.

«Los gastos que deben asumir los propietarios interesados en regularizar su situación pueden ser uno de los motivos que han originado la falta de iniciativas», se explica desde la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. «Eso es evidente. Si no fuera así habría mucha gente que intentaría esa regularización pero la ley es la ley y abre esa posibilidad», sentencia Eugenio Moreno, el regidor arroyano.

La posibilidad de que Arroyo de San Serván pueda regularizar construcciones ilegales tiene la aprobación de la Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio desde el año pasado. La de Mirandilla está pendiente pero se asume que llegará antes del final de esta legislatura.

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