Los sindicatos piden el traslado forzoso para alumnos que agredan a profesores

Imagen de archivo de una docente durante una clase en un centro escolar. :: hoy/
Imagen de archivo de una docente durante una clase en un centro escolar. :: hoy

Los docentes reclaman un registro de agresiones similar al que tienen los sanitarios

ANA B. HERNÁNDEZ

Los trabajadores del Servicio Extremeño de Salud (SES) cuentan con un registro de agresiones a profesionales del sistema sanitario público, una herramienta que persigue protegerles en el ejercicio de sus funciones y ofrecerles, además, una adecuada respuesta jurídica ante el posible ataque de un paciente o sus familiares.

Los docentes extremeños también quieren contar con esta herramienta y, por eso, de momento las dos centrales con presencia en la Permanente del Observatorio para la Convivencia Escolar en Extremadura, CSIF y PIDE, la reclaman a la Consejería de Educación. Desde su punto de vista, al igual que los sanitarios, es preciso que los docentes «se vean respaldados y protegidos por su administración en el ejercicio de la actividad laboral que desempeñan», señala CSIF en el escrito registrado ante la Junta. Porque, tal como recuerda Mercedes Barrado, «la violencia de baja intensidad es la que más deteriora la vida en las aulas y la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, pero también se dan agresiones graves que no se pueden dejar pasar por alto».

De ahí que los docentes consideren que, al igual que en el caso de los sanitarios, se establezca para ellos un registro de agresiones que establezca un mapa de riesgo en el que queden identificadas las zonas o centros más susceptibles de padecer episodios de conflictividad, «así como las situaciones, las franjas horarias y los espacios donde más se producen», detalla Barrado.

«Se trata de una herramienta útil y necesaria porque permitiría ajustar la solución al problema; por ejemplo, si se sabe que en un centro las agresiones se producen en el patio, se podría arbitrar la medida precisa para esta situación», ahonda Alfredo Aranda, de PIDE.

El objetivo de la reclamación planteada es mejorar el control y la resolución de las situaciones de violencia que se producen en la escuela, porque «al igual que los sanitarios, los docentes somos autoridad pública», recuerda Aranda.

Sin embargo, según PIDE, «los docentes no tienen la sensación de ser autoridad pública dado que, en la mayor parte de los casos, el agredido tiene que convivir con el agresor o, lo que es del todo inaceptable, que el agredido tiene que abandonar el centro por prescripción médica en lugar del agresor».

Por este motivo, este sindicato de la misma forma que ANPE, que ha hecho también aportaciones a la convivencia aunque no forma parte de la Permanente, ha solicitado como medida correctora, ante un caso de agresión, el traslado forzoso del agresor a otro centro educativo, «ya que fuera de su ámbito de actuación se desactiva en muchos casos su comportamiento, al no verse amparado por su grupo de amigos y se incrementan las posibilidades de reconducir su conducta», argumenta PIDE.

Durante el pasado curso se contabilizaron más de 8.000 conductas graves para la convivencia

Es una de las tres medidas correctoras que ha propuesto a la Permanente del Observatorio para la Convivencia Escolar, que ayer mantuvo un primer encuentro para analizar las aportaciones realizadas por los representantes de los profesores, en este caso CSIF, PIDE y ANPE, y los padres –Freapa– para acordar las nuevas medidas que se deberían poner en marcha para mejorar el clima de convivencia y reducir las agresiones.

Cabe recordar que durante el pasado curso escolar se contabilizaron 8.316 casos de conductas gravemente perjudiciales para la convivencia, según la memoria elaborada por la Inspección educativa, como fueron actuaciones lesivas para la salud o la integridad, vejaciones, injurias u ofensas a un miembro de la comunidad educativa, agresiones físicas, amenazas o coacciones, incumplimiento de las correcciones impuestas, suplantación de personalidad y falsificación o sustracción de documentos, entre otras. Y en el primer trimestre del presente curso se produjeron tres agresiones de alumnos a profesores en las aulas extremeñas en 23 días.

Los representantes del profesorado instaron entonces a Educación a analizar la situación y actualizar un plan de convivencia que data de 2007 para adecuarlo a la realidad. El debate se inició ayer en el primer encuentro de la Permanente del Observatorio para la Convivencia, donde se comenzaron a analizar las propuestas presentadas y donde se reclamó la necesidad de que los docentes cuenten con un registro de agresiones similar al del SES.

Preventivas

Pero donde también se propusieron otras medidas. Entre ellas, PIDE reclama que cuando un alumno o un familiar adulto agreda a un docente o a otro alumno «los servicios jurídicos de la Junta soliciten de oficio una orden de alejamiento para que al agresor no vuelva al centro». Mientras dicha orden se cursa, «se debe expulsar al menor el tiempo máximo permitido» y, si la conducta persiste, «debe ser trasladado de forma forzosa a otro centro».

ANPE reclama, en la misma línea, que se desarrolle la Ley de Autoridad Docente, de tal modo que «las agresiones a los profesores sean consideradas penalmente como atentado a una autoridad pública, y que en caso de conflicto no sea el docente el que tenga que demostrar su inocencia».

Por eso también reivindica que se actualice el decreto de derechos y deberes del alumnado así como el régimen sancionador, «y que en los casos más graves la primera medida sancionadora sea el cambio de centro del alumno agresor».

CSIF deja claro que «con miedo no se puede aprender ni enseñar» y que por eso se debe fomentar el reconocimiento de la labor docente y promover más acciones preventivas. Un aspecto en el que coinciden sindicatos y Freapa. Entre otras muchas propuestas, piden que se potencien los trabajos cooperativos en el aula, la participación de las familias en la escuela y que en las oposiciones docentes se valore y evalúe la convivencia.

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