Los sindicatos exigen que los funcionarios de la región cobren igual que los del resto del país

Imagen de archivo del edificio de las Nuevas Consejerías, ubicado en el Paseo de Roma, en Mérida./HOY
Imagen de archivo del edificio de las Nuevas Consejerías, ubicado en el Paseo de Roma, en Mérida. / HOY

Reclaman a la Junta que ponga en marcha la negociación para trasladar el acuerdo anunciado por Montoro

Ana B. Hernández
ANA B. HERNÁNDEZ

Igualdad salarial para los funcionarios extremeños para equiparar sus retribuciones a las del resto del país. Es la petición lanzada por las centrales, «porque ahora es el momento de que en el marco de la negociación colectiva se consiga una igualdad salarial para que no se produzca brecha salarial entre comunidades», explicó este lunes UGT. Esta central, por eso, ha pedido a la Junta que solicite al Estado los fondos necesarios para equiparar al conjunto de empleados públicos de la comunidad pertenecientes a los distintos ámbitos, es decir, Administración General, SES y Educación, con aquellas comunidades que más cobren.

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El acuerdo alcanzado entre el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y los representantes sindicales de CSIF, CC OO y UGT el pasado viernes incluye una subida salarial para los empleados públicos de entre el 6,1% y hasta el 8,79% durante el trienio 2018-2020. Además, entre otras mejoras, las administraciones públicas que cumplan las tres reglas de déficit, deuda y gasto tendrán capacidad para negociar la jornada semanal de 35 horas, la prestación del 100% del salario en casos de baja por enfermedad o el desarrollo de planes de igualdad. También podrán negociar constituir una bolsa de horas recuperables (equivalentes a 11 días anuales) para el cuidado de menores, mayores o discapacitados; o la posibilidad de jornada intensiva para el cuidado de hijos menores de 12 años o discapacitados.

Por eso, en el marco de este acuerdo, las centrales extremeñas creen que es el momento de lograr la equiparación salarial de los funcionarios de la región con los del resto del país y así lo exigen a la Junta. Del mismo modo que reclaman que ponga en marcha cuanto antes la negociación que «permite desarrollar, en su totalidad, un acuerdo que, entre otras medidas contempla la creación de empleo, una mejora de salarios, elimina los descuentos por baja médica y regula la jornada de 35 horas semanales, además de las 18 horas lectivas para los docentes», señala CSIF. En definitiva, una negociación «para que se aplique a los empleados públicos que trabajan en la región el acuerdo firmado con el Gobierno central el pasado viernes», añade.

No obstante, y a pesar de la satisfacción general con el pacto alcanzado, CSIF considera que el incremento salarial acordado para los próximos tres años no es suficiente. «Montoro ha olvidado en su propuesta un elemento esencial, el del contexto de la negociación, que ésta tiene como punto de partida una pérdida de poder adquisitivo en torno a un 20%, de tal forma, que los empleados públicos cobran por su trabajo menos que hace diez años», argumenta.

Más de 6.000 euros

En la misma línea, ANPE mantiene que la subida que se contempla del 6% está muy lejos del 20% de pérdida de poder adquisitivo acumulada por los docentes desde 2010. «Queremos recordar que el fuerte recorte salarial sufrido por los empleados públicos en ese año fue mucho mayor en los grupos funcionariales en los que se encuadra el profesorado, y en aquel momento el recorte salarial en la mayoría de los cuerpos docentes fue del 7%, mientras que para otros colectivos de empleados públicos fue inferior al 1%», justifica la central. Por eso, reclama que ahora se utilice la misma fórmula para recuperar lo perdido. Del mismo modo que lo reclaman los médicos y motivo por el que el próximo 21 protagonizarán una manifestación de protesta ante el Ministerio de Sanidad.

Además, ANPE dice que el acuerdo del pasado viernes se olvida de la reducción del horario lectivo del profesorado, que mantiene una tasa de reposición que impide el aumento de las plantillas y que no hace mención a la equiparación salarial del profesorado en las distintas comunidades autonómicas. A pesar de que, «en los últimos años, la brecha salarial ha ido aumentando progresivamente llegando a ser, en algunos casos, de más de 6.000 euros anuales por realizar las mismas funciones y habiendo accedido con los mismos requisitos y condiciones, simplemente dependiendo de la comunidad autónoma en la que se esté trabajando».

Precisamente para poner fin a estas diferencias y lograr la equiparación salarial, PIDE ha puesto en marcha junto contras centrales de Murcia y Canarias una campaña online de recogidas de firmas.

«Las diferencias salariales entre un docente del País Vasco o Navarra con los docentes de Canarias, Murcia o Extremadura, por ejemplo, rondan los 5.000 euros anuales, lo que constituye un agravio comparativo intolerable en la España democrática», argumenta la central. «Es por ello que exigimos que se equiparen los sueldos de los docentes de todas las regiones».

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