El Sepad pide a sus centros de mayores en Cáceres que controlen la práctica del bingo

Personas mayores juegan al bingo en una residencia. :: hoy/
Personas mayores juegan al bingo en una residencia. :: hoy

La asociación de empresarios del sector reclama a la Junta de Extremadura que intervenga contra la salas no autorizadas

Juan Soriano
JUAN SORIANO

El bingo es un evento lúdico y social, pero también forma parte de uno de los sectores más regulados. De ahí que el Servicio extremeño de Promoción y Atención a la Dependencia (Sepad) haya señalado a sus centros de mayores en Cáceres que pueden mantener esta práctica, pero siempre respetando la normativa vigente, que establece restricciones sobre límites de apuestas y reparto de ganancias.

La Gerencia territorial de Cáceres del Sepad envió a finales del pasado año una carta a los centros de la provincia en la que reconocía la importancia del bingo en residencias y hogares y alababa su utilidad para ejercitar la memoria y evitar el aislamiento de las personas mayores. Por ese motivo, animaba a que se mantenga su celebración.

Pero también recordaba que existe una normativa de la Junta de Extremadura que regula este juego en los centros de mayores como un mero pasatiempo, y no como una actividad lucrativa. Por ese motivo, el Sepad apoya esta práctica, pero siempre que cumpla con los requisitos recogidos en la legislación autonómica. De lo contrario, señaló que se podrían aplicar las infracciones y sanciones pertinentes.

En los últimos meses la Junta ha abierto dos actas de infracción por salas no autorizadas en Plasencia

La extensión del juego del bingo en centros de mayores, especialmente en la provincia de Cáceres, es una pequeña muestra de una actividad irregular que ha llevado a la Asociación de Empresarios de Bingos de Extremadura (Aebex) a reclamar en varias ocasiones la intervención de la Administración regional.

Para la entidad resulta especialmente preocupante la existencia de bingos irregulares, sobre todo en la provincia de Cáceres. En muchos casos son organizados por asociaciones sin ánimo de lucro, pero eso no quiere decir que cumplan con la normativa autonómica.

Aebex recalca que el juego es uno de los sectores más controlados, tanto desde el punto de vista de la fiscalidad (la Junta ingresa unos 23 millones al año por las tasas autonómicas, alrededor de un 75% por bingos) como de la regulación de los derechos de los consumidores (existen restricciones de acceso para luchar contra la ludopatía). Y aunque reconoce que los bingos ilegales, los que se celebran en espacios no autorizados, han existido siempre, también recuerda que hacen mucho daño a las salas legales.

La entidad señala que lo que era una cuestión puntual se convirtió en una práctica habitual con la llegada de la crisis económica. Muchas asociaciones y entidades vieron en el bingo una forma de financiar sus actividades. Eso llevó a Aebex a reclamar a la Junta que aplicara medidas. El resultado fue la aprobación en 2014 de un decreto, pactado en la comisión regional del juego (donde están empresarios, trabajadores, usuarios y la propia Administración extremeña) que estableció una nueva regulación regional.

Esta norma modificó el reglamento autonómico y estableció que ningún establecimiento que no se encuentre autorizado ni inscrito en el registro regional podrá denominarse bingo ni podrá acoger juegos que, con el mismo o distinto nombre, constituyan en esencia modalidades de bingo.

Sólo se permite una excepción, cuando el bingo esté considerado un mero pasatiempo o recreo y su práctica sea constitutiva de usos sociales de carácter tradicional, familiar o amistoso, pero siempre que no sea objeto de explotación lucrativa por los propios jugadores o por personas ajenas a ellos.

El decreto considera de carácter tradicional o amistoso el juego del bingo practicado en hogares y residencias de mayores. En estos casos, la apuesta máxima por cada persona participante y en cada partida no puede pasar de diez céntimos de euro y el importe total jugado en cada sesión ha de tener un valor inferior al doble del salario mínimo interprofesional diario. Actualmente está fijado en 24,53 euros, por lo que el tope por sesión es de apenas 49 euros. Además, se fija que el total de las cantidades jugadas debe destinarse íntegramente a premios.

Es decir, desde el año 2014 el bingo con dinero sólo puede celebrarse en salas autorizadas, con la excepción de los centros de mayores, pero siempre que cumplan con las apuestas mínimas, que no superen el tope de dinero jugado por sesión y que repartan en premios todo lo que se recaude.

Sanciones a bingos ilegales

Desde la aprobación de esta norma Aebex ha denunciado en varias ocasiones la existencia de bingos ilegales, sobre todo en la provincia de Cáceres. Primero planteó una denuncia genérica, en la que mencionaba varias salas irregulares. Pero en los últimos años también ha presentado quejas concretas contra lugares identificados. La última, contra una asociación de mujeres de Plasencia.

Los empresarios de bingos de Extremadura destacan los daños que hacen estas prácticas irregulares. El presidente de la asociación, José Luis Iniesta, señala que los cambios de hábitos y la caída de actividad por la crisis ha afectado al sector, que ha pasado de contar con nueve salas en la región a ocho: tres en Badajoz, dos en Cáceres y una en Mérida, Plasencia y Don Benito, respectivamente.

Junto a esto, apunta que los bingos no autorizados suponen una competencia desleal, hasta el punto de que afectan al desarrollo de las salas legales. «En Plasencia no se puede abrir todos los días porque no tiene actividad», apunta.

José Luis Iniesta destaca especialmente el caso de la zona de Plasencia, donde la Junta de Extremadura ha abierto en los últimos meses dos actas de infracción por bingos ilegales. En su opinión, la Administración regional cumple al aplicar la norma pero, a su juicio, hay entidades locales que no se toman tan en serio la legislación.

El presidente de Aebex recalca que los bingos aportan a la Junta impuestos que permiten asumir gastos en educación, sanidad, infraestructuras. Además, afirma que cada sala, en la que convive esta modalidad con otras actividades de hostelería, apuestas y juego, genera más de veinte puestos de trabajo. En total, unos 200 en la región.

En cuanto a los centros de mayores, reconoce que en este caso se trata de un entretenimiento, no de una actividad lucrativa. Pero considera fundamental que, como ha hecho el Sepad, se exija el cumplimiento estricto de la norma autonómica.

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