Sanidad defiende la legalidad en la selección de personal de Gisvesa

José María Vergeles, consejero de Sanidad y Políticas Sociales, en una comparecencia sobre vivienda. / HOY
José María Vergeles, consejero de Sanidad y Políticas Sociales, en una comparecencia sobre vivienda. / HOY

Los trabajadores incluidos en la relación que ha dado a conocer el PP anuncian medidas legales contra el Grupo Parlamentario Popular

Juan Soriano
JUAN SORIANO

La Junta de Extremadura defiende la legalidad de las contrataciones de personal en la empresa pública Gisvesa después de que el PP haya denunciado que 19 cargos y excargos socialistas han estado trabajando para esta entidad.

La Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, de la que depende Gisvesa, señala que tanto en esta entidad como en el resto de empresas públicas no existen funcionarios ni personal laboral, sino que se contrata a empleados «mediante proceso selectivo debidamente publicitado en el que se valora la capacitación para el desempeño del puesto». Sin embargo, afirma que en la pasada legislatura «se contrataba a dedo».

En el caso de los 19 afectados, Sanidad señala que la oferta para cubrir estas plazas se publicó en la página web de Gisvesa, donde se especificaban los puestos a cubrir y el plazo de presentación de solicitudes. «Al no ser personal directivo ni altos cargos sus contratos se resolverán como establece la legislación laboral de aplicación», añade.

Sanidad afirma que los 19 contratados que denuncia el PP pasaron por un proceso de selección

«La selección se hizo conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad vía consultorías externas de reconocido prestigio de Extremadura», añade Sanidad. «Las prescripciones técnicas del pliego jamás incluyeron como criterio de selección la afiliación política, siendo valorada exclusivamente la capacitación real para el desempeño del puesto de trabajo».

Junto a esto, añade que en Gisvesa hay trabajadores con ideologías distintas, desde Ciudadanos a Podemos y el PP. De hecho, señala que mediante convenio y a través del servicio de Protección a las familias en riesgo de desahucio se ha seleccionado a Antonio Ridruejo, concejal del PP en Villanueva de la Serena y abogado, que durante 2017 ha trabajado en el punto de atención de Don Benito. «Asimismo, un familiar directo de la alcaldesa de Cáceres ha sido el letrado del punto de atención presencial de Navalmoral de la Mata», afirma.

Denuncia contra el PP

Por su parte, los 19 contratados cuyos nombres dio a conocer el PP anunciaron ayer que van a emprender en los próximos días acciones civiles y penales contra el diputado José Ángel Sánchez Juliá y el Grupo Popular por las acusaciones vertidas en su contra, ya que afirman que son falsas y exceden del ámbito político, puesto que la mayoría de ellos no tienen responsabilidad ni cargo alguno en ese ámbito.

«Además suponen un atentado grave a su honor, ya que hay trabajadores que tienen una larga trayectoria profesional en la empresa privada y que ostentaron puestos de responsabilidad hace quince años», añaden en un comunicado.

Los afectados señalan que sus contrataciones fueron correctas y se rigieron por los principios de igualdad, mérito y capacidad que esos procesos exigen. Según indican, todos se inscribieron en una oferta de empleo publicada en la página web de la empresa pública a mediados de 2016 y realizaron una entrevista de trabajo y una selección basada en sus currículos y en su formación.

Por ese motivo, reclaman a Sánchez Juliá y al PP una rectificación inmediata, así como la reparación del daño que sus declaraciones haya supuesto «a la honorabilidad y el prestigio personal con el que cuentan en sus respectivos ámbitos de convivencia». En su opinión, en política no todo vale y las actitudes que no tienen en cuenta el daño que pueden llegar a causar a personas ajenas a ese ámbito «no pueden quedar sin respuesta».

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