Reforma electoral en Extremadura

Por otra parte, el sistema de restos propuesto viene acompañado de una reducción del número mínimo de escaños por circunscripción. Supondría lo siguiente: reducir la representación mínima por provincia de 20 a 5 y reservar hasta 15 escaños para aquellos votos que no se hayan traducido en representación parlamentaria en una circunscripción única extremeña

JAVIER ROBLES SÁNCHEZPolitólogo

MUCHO ha pasado desde que el anterior Gobierno regional, del PP, anunciase su propósito de cambiar la normativa electoral de Extremadura: aspiraba a desbloquear las listas, o cambiar el umbral legal del 5% al 3%, así como reducir el número de diputados de la Asamblea Legislativa. Condicionó su victoria en las elecciones autonómicas de 2015 para impulsar una consulta ciudadana no vinculante sobre dicha reforma; pero el PP no ganó y, de cambiar el sistema electoral en la región, no se ha vuelto a saber nada. IU, hoy fuerza extraparlamentaria en Extremadura, también proponía en 2014 cambiar el umbral legal del 5% al 3% y sustituir la (injustamente) damnificada fórmula D´Hondt por otra que fuera proporcional pura.

La principal barrera para los partidos en Extremadura es el elevado umbral del 5%: de poco le sirve a IU querer cambiar la fórmula electoral si no puede aspirar a escaños ni en Cáceres (donde cosechó un 3´45% de los votos en 2015) ni en Badajoz (4´84% de votos). Aunque las circunscripciones extremeñas son de gran tamaño, el apoyo que tan fuertemente arraigado tienen el PSOE y el PP (ambos obtuvieron casi el 80% de los votos en 2015) hace que terceros partidos aspiren a una escasa representación. Incluso podría decirse que la gran magnitud de las dos circunscripciones contribuye a que hoy Podemos tenga 6 diputados en la Asamblea de Extremadura y Ciudadanos 1.

El cambio en el panorama político actual en España y en todas las Comunidades Autónomas por la emergencia de nuevas fuerzas políticas con amplio respaldo popular demuestra que los sistemas electorales, además de garantizar la gobernabilidad, deben dar respuesta a esas nuevas demandas ciudadanas para que sus apoyos a determinados partidos se traduzcan en escaños.

La reforma electoral en Extremadura podría encararse en torno a los siguientes ejes que propongo: reducir el umbral legal al 3% por un lado y hacer un sistema de restos (manteniendo dicho umbral reducido).

Reducir el umbral legal al 3%, sin la aplicación de los restos, supondría que Ganemos-IU (la marca con la que se presentó en las elecciones autonómicas en Extremadura) entraría en la Asamblea con 2 diputados, al igual que Ciudadanos, que pasaría de su escaño actual a alcanzar uno más.

Los principales perjudicados, pero sin demasiado trauma para la gobernabilidad, serían PSOE-SIEx, que pasaría de 30 a 29 escaños, y el PP, que reduciría sus escaños de 28 a 26. Podemos, por su parte, mantendría sus 6 escaños.

Esta pequeña reforma contribuiría a mejorar la proporcionalidad: PSOE y PP tienen actualmente más escaños que los que les corresponderían por sus votos. Podemos demuestra estar bien representado; mientras que Ciudadanos, con casi el 5% de votos en la región, tiene menos del 2% de escaños; e IU, con casi el mismo resultado, no tiene representación parlamentaria. Reducir el umbral reestructura más equitativamente la composición de la Asamblea.

Por otra parte, el sistema de restos propuesto viene acompañado de una reducción del número mínimo de escaños por circunscripción. Supondría lo siguiente: reducir la representación mínima por provincia de 20 a 5 y reservar hasta 15 escaños para aquellos votos que no se hayan traducido en representación parlamentaria en una circunscripción única extremeña. De esta manera, quedarían 40 escaños a repartir en función de la población (a diferencia de los 25 actuales). Así, se aplicarían elementos correctivos para que el reparto se ajustase más a criterios poblacionales entre las dos provincias. El umbral mínimo para las circunscripciones se mantiene en el 3%.

En caso de no introducir barrera legal para los escaños a repartir para los restos, el resultado sería muy significativo, pues supondría que el partido regionalista Extremeños entraría en la Asamblea con 1 diputado. Lo más llamativo es el gran crecimiento de Ciudadanos e IU, obteniendo ambos 4 escaños. Podemos se mantendría como ahora.

Manteniendo esta tendencia, el PSOE perdería escaños que le corresponderían por sus votos, pasando de 30 a 26. No obstante, el PP obtendría prácticamente los que debería tener por sus votos (pasaría de 28 a 24), lo que significa que tendría el 36´92% de escaños con el 37´50% del escrutinio, habiendo una diferencia de poco más de -0´5%. El PSOE quedaría como el principal perjudicado, aunque la gobernabilidad seguiría asegurada a través de las negociaciones con el resto de fuerzas de izquierdas.

Por supuesto, estas propuestas no quitan que se puedan desbloquear las listas electorales para marcar preferencias dentro de las papeletas de los partidos políticos, lo cual sería bastante saludable, democráticamente hablando; o implementar el braille en las papeletas, tal y como se está estudiando en la reforma electoral en Asturias. Todo lo que suponga aumentar la participación ciudadana en unas elecciones va a ser siempre positivo, aunque Extremadura tiene la segunda tasa de participación más alta de España en unas elecciones autonómicas, sólo superada por Castilla-La Mancha (74´83% de media de esta última frente al 73´94% de participación de Extremadura).

Difícilmente en el ecuador de la legislatura se va a emprender el camino para impulsar un cambio de la Ley Electoral extremeña, pero sería interesante que se abra de nuevo el debate. Al fin y al cabo, las opciones son muchas: desde aspectos puramente de mejora democrática hasta elementos que afectan a la representación parlamentaria en la Asamblea de Extremadura, así como la traducción entre votos y escaños. Esto es, la proporcionalidad.

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