121 pueblos extremeños sin banco

Oficina desmontada. /David Palma
Oficina desmontada. / David Palma

Hay pueblos muy pequeños, la mayoría en la provincia de Cáceres, que no tienen ni farmacia ni colegio y a los que la crisis y las fusiones han dejado sin oficinas bancarias

Antonio J. Armero
ANTONIO J. ARMEROCáceres

En otra época -cuenta un alcalde extremeño-, el del banco recibía a los vecinos en la mesa camilla de su casa, pero eso ya no se puede hacer». Efectivamente, eso hoy sería ilegal. Es una de las muchas cosas que han cambiado en el mundo rural, que acumula años en decadencia y que encara un futuro nublado. En los pueblos vive cada vez menos gente, muchos de ellos ya no tienen oficina bancaria, y esta situación amenaza con agravarse en los próximos años. Al 'boom' de las hipotecas durante las vacas gordas del ladrillo le siguió la crisis, y esta dio pie a que un buen número de cajas de ahorro pasaran a integrarse en grupos bancarios. La recesión y estas fusiones que alejaron los despachos donde se toman las decisiones le han cambiado la cara al mapa financiero extremeño en general, y en particular al de la provincia de Cáceres. 33 de sus pueblos se quedarán próximamente sin el único servicio de este tipo que tienen, según informó Liberbank hace unas semanas.

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Ese anuncio ha levantado una cascada de reacciones. El asunto ha pasado por la Asamblea de Extremadura y por el pleno de la Diputación de Cáceres; ha motivado reuniones vecinales de urgencia en ayuntamientos; ha dado pie a propuestas de los partidos políticos, a una recogida de firmas propiciada por alcaldes y lo próximo será una concentración frente a la sede principal de la entidad, en Cáceres. Todo ello para intentar que no aumente el número de extremeños que viven en municipios sin una oficina bancaria.

¿Y cuántos vecinos son? 44.783 al acabar el año 2015, frente a los 27.851 del año 2008, según Joaquín Maudos, doctor en Ciencias Económicas y Empresariales que trabaja para la Universidad de Valencia y el IVIE (Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas). Él ha estudiado el impacto de la reducción del número de oficinas bancarias en España, y ha resumido las conclusiones en un artículo que forma parte de un proyecto de investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación y la Generalitat Valenciana, publicado en 'Mediterráneo Económico'. En ese texto se detalla que al acabar el año 2015, en Extremadura había 121 municipios sin sucursal bancaria, que son 35 más que en 2008, cuando la crisis financiera aún no había dado la cara en la región. Es decir: en el periodo 2008-2015, en la comunidad aumentó un 61 por ciento el número de habitantes que residen en una localidad donde no hay oficina bancaria.

«Ya le hemos pedido a la Junta que nos ingrese el dinero en otra cuenta»

«Ya le hemos pedido a la Junta que nos ingrese el dinero en otra cuenta» Samuel Fdez. | Alcalde Santiago del Campo

«No hay farmacia ni colegio»

De esos 35 pueblos que en 2008 sí tenían sucursal y siete años más tarde no, 32 son de la provincia de Cáceres. La razón es obvia, esta provincia tiene muchas más localidades de pequeño tamaño que la de Badajoz. Lo deja aún más claro otro dato: de los 44.783 extremeños que viven en localidades sin banco ni caja, más de treinta mil están en Cáceres. O sea, la provincia reúne a casi siete de cada diez excluidos financieros de la región. Así, 'exclusión financiera', es como se bautizó entrados los noventa el fenómeno, entonces incipiente, por el que estas empresas ese retiraban de aquellos territorios más despoblados y avejentados, argumentando razones de rentabilidad.

En el grupo de los excluidos financieros extremeños hay un colectivo más representado que ningún otro: los pensionistas. «Siete u ocho de cada diez personas a las que atiendo en la ventanilla desplazada son pensionistas», aclara un agente financiero, otra de las figuras que han emergido en el nuevo mapa financiero regional. Se trata de trabajadores autónomos que atienden una oficina bancaria de una determinada entidad. Los hay que se hacen cargo también de alguna ventanilla desplazada, que son las oficinas que abren solo un día a la semana, normalmente durante dos o tres horas.

«Lo que me trasladan los vecinos es el malestar porque se sienten ciudadanos de segunda categoría»

«Lo que me trasladan los vecinos es el malestar porque se sienten ciudadanos de segunda categoría» Luis A. Galán | Alcalde Mata de Alcántara

Para poder hacerlo, estos autónomos tienen que pagar el alquiler de un local, más un seguro de responsabilidad civil y otro de robo. Además, corren con los gastos relacionados con la seguridad de esa oficina, pues la ley les obliga a tener cámara de seguridad y alarma. «Los tiempos de ir por ahí con un maletín con el dinero y recibir a los vecinos del pueblo en cualquier sitio se acabaron hace mucho», constata este agente financiero, que cuenta que alguna una vez ha hecho voluntariamente de chófer para llevar a alguna anciana del lugar a hacer un recado a otra localidad. «La mayoría de estos pueblos en los que van a quitar las ventanillas desplazadas -apunta- no tienen ni farmacia ni colegio, que son servicios probablemente más importantes que una sucursal bancaria».

Para estos agentes, lo mismo que para el común del sector, el negocio está en los productos financieros: créditos personales, hipotecas, inversiones... Y esto, asegura este agente, apenas lo trabajan. «El día a día pasa por pagar pensiones, rellenar formularios del modelo 50 -el más extendido para el pago de tasas como las de la ITV, la escuela de idiomas o la licencia de pesca-, hacerle alguna transferencia, ayudarles con los recibos y atender quejas para que les quitemos las comisiones». «Porque muchos nos utilizan como oficina de proximidad, para trámites del día a día, porque el poco o mucho dinero que han ahorrado -concluye- lo tienen en otra entidad, casi siempre en la oficina de alguna ciudad más grande».

Menos de quinientos vecinos

Argumentos como estos son los que citan las entidades habitualmente para argumentar la falta de rentabilidad de la presencia en localidades pequeñas, cuya máxima expresión son las ventanillas desplazadas. De este último tipo son los 33 cierres anunciados por Liberbank, el grupo constituido en el año 2011 tras la unión de Caja de Extremadura, el grupo Cajastur y Caja Cantabria. La entidad ha remarcado que no va a clausurar ninguna oficina, sino ventanillas desplazadas. De esas 33, varias no funcionan desde hace meses, pese a lo cual siguen apareciendo en el listado de ubicaciones a cerrar. Más de la mitad tienen una oficina bancaria a menos de cinco kilómetros.

De esos 33 municipios, 31 tienen menos de quinientos habitantes -la excepción son Aldea del Cano (632 vecinos) y Torre de Santa María (549)- y entre todos suman 10.245 habitantes, según el último padrón del INE (Instituto Nacional de Estadística). «Al principio la gente se alborotó mucho, venían al ayuntamiento a preguntar qué iba a pasar, así que emití un bando convocando a los vecinos, nos reunimos en el ayuntamiento y les expliqué la situación», recuerda Samuel Fernández, alcalde popular de Santiago del Campo (275 residentes).

Sucursal bancaria cerrada en Badajoz.
Sucursal bancaria cerrada en Badajoz. / J. V. Arnelas

En el pueblo -a 26 kilómetros de Cáceres- había una ventanilla desplazada que abría los miércoles de 12 a 14 horas. Desde el 29 de enero, ese servicio ya es historia. Durante años funcionó también una del Banco Santander, pero cerró tras el verano. «Ahora, el que tiene coche va a Cáceres, y el que no, supongo que aprovechó alguna de las últimas veces que funcionó la ventanilla para que le dieran más dinero del habitual», explica el regidor. Hasta el pasado lunes, él no había atendido a ningún vecino que se hubiera quedado sin dinero y no pudiera ir a la capital a por él, cuenta Fernández, que al igual que otros alcaldes de entre los 33 de la lista, ya ha dado de baja alguno de los servicios que tiene contratados con Liberbank. «La cuenta no la podemos cancelar ahora mismo, necesitamos dejar pasar un tiempo por una cuestión operativa, porque tienen que pasarnos ingresos y gastos», explica el regidor. «Lo que sí hemos hecho ya -añade- es notificarle a la Junta que a partir de ahora, el dinero que nos tiene que ingresar lo deposite en otra cuenta».

Estas cancelaciones son una reacción de protesta contra la entidad. En esta línea, el ayuntamiento de Plasencia aprobó el pasado miércoles desvincularse de Liberbank en el plazo máximo de un año, aunque con un matiz: seguirá trabajando con ella siempre que sea la que ofrece las condiciones más ventajosas. Al término de esa sesión, el concejal de Hacienda avanzó que en los próximos días, el Consistorio placentino firmará con Liberbank una línea de crédito de dos millones de euros para el ejercicio de este año.

En esta misma senda de castigar a la entidad, la Diputación de Cáceres asegura que se plantea cancelar sus cuentas, aunque no aclara ni a qué entidad se las llevaría ni si lo haría a cambio de que ese otro banco o caja cubriera el hueco que dejaría libre Liberbank, que es con diferencia la entidad financiera de mayor presencia en la región. Tiene 148 oficinas en la provincia de Cáceres -la segunda en implantación no llega a cincuenta-, a las que hay que añadir 22 más atendidas por agentes financieros pero que a efectos prácticos funcionan como una sucursal cualquiera. Eso sí, las atendidas por estos franquiciados no computan para el Banco de España, cuya base de datos detalla que en Extremadura había 921 oficinas operativas (595 en Badajoz y 326 en Cáceres) en septiembre del año pasado (último dato disponible). En el mismo mes del año 2008 se contaban en la región 1.204, lo que significa que en nueve años han cerrado 283, es decir, una cada doce días.

Uno de esos sitios que se ha quedado recientemente sin servicio bancario es Mata de Alcántara (314 empadronados). «Es raro el día en el que no me pregunta algún vecino por el tema», asegura Luis Amado Galán, alcalde por el PSOE. «El cierre de la ventanilla ha motivado que haya vecinos, personas mayores casi todos, que tengan en casa más dinero del que deberían, porque como no saben cuándo van a volver a poder sacar, la última vez retiraron una cantidad mayor». «Otros -continúa el regidor- tienen que andar pidiendo favores a familiares o conocidos, para que les lleven a la oficina más cercana, pero lo que me trasladan repetidamente es su malestar porque se sienten ciudadanos de segunda categoría».

Alcaldes del norte cacereño protestan por el cierre de oficinas.
Alcaldes del norte cacereño protestan por el cierre de oficinas. / Jorge Rey

Sin solución a corto plazo

Galán ejerce como portavoz informal del grupo de alcaldes afectados por los cierres que ha anunciado Liberbank, uno de cuyos responsables se entrevistó hace unas semanas con representantes de los pueblos que perderán sus ventanillas. «Nos quedó claro que ya tenían la decisión tomada», asegura el alcalde de Mata de Alcántara, que lamenta «que no nos permitieran entrar -cuenta- a la sede central en Cáceres, en el palacio de Mayoralgo, para que entregáramos las cinco mil firmas que habíamos recogido». «Ya hay entidades -termina Luis Amado Galán- que nos han hecho llegar su interés por implantarse en nuestros pueblos». Acto seguido, aclara que esas mismas firmas «también nos han hecho ver -advierte- que es algo que se haría a largo plazo, no a corto, y que no es un tema sencillo, porque abrir una oficina bancaria conlleva una burocracia importante, sobre todo por exigencias en materia de seguridad». Públicamente, no hay ninguna entidad financiera que haya manifestado interés por ampliar su presencia en pueblos cacereños de menos de quinientos vecinos.

La opción de que otro banco o caja sustituya a Liberbank la menciona también la Junta, como una de las posibles soluciones ante los cierres anunciados. La Consejería de Hacienda y Administración Pública propone «abrir vías de diálogo con otras entidades que pudieran estar interesadas en incrementar su presencia en las zonas afectadas por la exclusión financiera». La otra propuesta principal que pone sobre la mesa el Gobierno autonómico es «exigir a las operadoras de telecomunicaciones y al regulador que extienda a todo el territorio extremeño de la banda ancha, para facilitar el uso de la banca online». También plantea «facilitar el uso de instalaciones públicas o privadas para prestar el servicio bancario donde no hay oficinas». Y «priorizar las relaciones de la Administración con las entidades que asuman un mayor compromiso en reducir la exclusión financiera».

Para Podemos, «es intolerable la inactividad del gobierno de Fernández Vara desde que se conocieran las intenciones de Liberbank». La formación morada sacó adelante una propuesta que fue aprobada en la Asamblea por unanimidad. En ella plantea seis medidas. Las tres primeras son mediar con toda entidad que quiera cerrar oficinas, cancelar cuentas y deudas con quien lo haga y valorar la implantación territorial en los concursos públicos a los que opten entidades de crédito. La cuarta es elaborar un plan contra la exclusión en este ámbito, que incluya instalar un cajero en el ayuntamiento en aquellas localidades en las que no haya ninguno. Y las dos últimas son enseñar a los mayores de los pueblos a usar la banca online y firmar convenios con las entidades para que atiendan las necesidades del ámbito rural. Para el PP, la situación «es consecuencia de la desaparición de las cajas extremeñas y de los nefastos procesos de fusión que se aprobaron y que son el inicio del abandono de los pueblos», en palabras del diputado Luis Alfonso Hernández Carrón.

Por último, el anuncio de Liberbank también ha motivado una moción en la Diputación de Cáceres, cuya presidenta tenía fecha para entrevistarse en Madrid con responsables de la entidad pero a la que llamaron para cancelar la cita. En esa moción aprobada por unanimidad se desciende al terreno de lo cotidiano, cuando se explica que «en estos entornos rurales también se pueden producir otros efectos no deseados, como el incremento de la delincuencia e inseguridad». «Obligados a tener dinero en efectivo y ahorro en casa -continúa-, esta población corre más riesgo de sufrir robos».

Una de las posibles soluciones de futuro es la popularización de la banca por Internet. Aunque, tal como constata el experto Joaquín Maudos, «el 59,4 por ciento de la población no usa la banca online». Ese porcentaje es mayor en el ámbito rural extremeño, dada la edad de su población. De aquí que se subraye que «la oficina bancaria sigue cumpliendo un papel fundamental en el acceso a los servicios financieros». Con o sin mesa camilla de por medio.

es el porcentaje de pueblos cacereños sin oficina bancaria. En número absolutos son 93 de 222. En Badajoz, esta tasa baja al 17 por ciento (28 de 165), según datos al cierre del año 2015, publicados en 'El acceso a los servicios bancarios en España: El impacto de la reducción del número de oficinas', un artículo de Joaquín Maudos (Universidad de Valencia e Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas) para un proyecto del Ministerio de Ciencia e Innovación y la Generalitat Valenciana.

es la proporción de extremeños que vive en localidades en las que no hay oficina bancaria. Son 44.783 personas sobre un total de 1.092.997 (datos relativos al año 2015). Por provincias, la ratio baja al dos por ciento en Badajoz (14.070 sobre un total de 686.730) y sube hasta el 7,6 por ciento en la de Cáceres (30.713 de 406.267).

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