Las pruebas del caso Púnica

La información que HOY publica este domingo sobre el informe que la UCO ha elaborado y remitido al juez sobre la ramificación de la operación Púnica en Almendralejo aporta, por primera vez, un relato completo de lo que, hasta el momento y desde octubre de 2014, solo habíamos conocido de manera intermitente y deslavazada. El camino y consecuencias judiciales que se deriven de  él, con más de 120 páginas y varios anexos, es responsabilidad del magistrado García Castellón, encargado de la causa. Sin embargo, lo cierto es que han quedado probados hechos de los que solo cabe deducir una connivencia clara, de todo menos escrupulosa, entre la Alcaldía de José García Lobato y los directivos y conseguidores de la empresa Cofely para que le acabara siendo adjudicado –merced entre otras cosas al acceso a información privilegiada y su participación en la elaboración de los pliegos– un contrato de alumbrado público y eficiencia energética municipal de 20 millones de euros. Como pormenoriza la investigación bajo tutela judicial de la Unidad Central Operativa, Cofely estuvo detrás del diseño de ese contrato mucho antes de que este saliera a licitación. La conclusión es que ese contrato fue claramente gestionado a la medida de la empresa madrileña, la que está en el centro de la operación Púnica, y que en ello participaron activamente tanto el alcalde y su mano derecha en el Consistorio, Luis Alfonso Merino. A partir de ahí, al alcalde le quedan pocas salidas. Conviene recordar que las pesquisas, tal y como reza el informe, se basan en numerosas y diversas fuentes: «en declaraciones tomadas a los imputados y testigos, documentación oficial requerida a diversos organismos, documentos, tanto físicos como digitales, intervenidos en los registros practicados en la sede de Confely y en el Ayuntamiento de Almendralejo, así como en conversaciones telefónicas y correos electrónicos intervenidos». Teniendo en cuenta lo que incluye ese extenso informe como pruebas y hechos, no por tanto como deducciones más o menos fundamentadas por los agentes –salvo que la Guardia Civil haya falsificado o manipulado correos, conversaciones telefónicas, etcétera–, García Lobato debe ofrecer tantas explicaciones a sus vecinos, por el número de las anomalías detectadas, que es normal que se le cuestione como alcalde. Dentro y fuera de su partido. En su mano no están las respuestas judiciales, pues esas dependen de las decisiones que vaya tomando ahora el juez. Sí las otras, las políticas. Esas implican y afectan no solo a su persona, sino a sus compañeros y dirigentes del PP.

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