«Se protege más al alumno agresor que al profesor»

Escena de violencia en un aula, ajena a esta información. :: hoy/
Escena de violencia en un aula, ajena a esta información. :: hoy

Tres casos de violencia en las aulas de la región en tres semanas ponen de acuerdo a todos: existe un problema grave y urge atajarlo

Antonio J. Armero
ANTONIO J. ARMEROCáceres

El 17 de octubre, dos alumnos del instituto Ciudad Jardín de Badajoz se liaron a puñetazos y patadas con un profesor mientras otros dos lo grabaron todo con el teléfono móvil y lo publicaron luego en Instagram, una red social particularmente popular entre los adolescentes. Los agresores tienen entre doce y catorce años, y el docente anda cerca de la jubilación.

72 horas después, un alumno de trece años del instituto Antonio de Nebrija de Zalamea de la Serena lanzó una patada y dos puñetazos a la espalda a una profesora de Matemáticas. Y el pasado día 9, un alumno de primero de Bachillerato pegó a un profesor del instituto Torrente Ballester de Miajadas. Le causó un esguince cervical severo. Resumen: tres agresiones de alumnos a profesores en las aulas extremeñas en 23 días. ¿Es una casualidad o es una pista que indica que algo está cambiando?

Agresiones a profesores

«El primer caso lo tratamos como algo excepcional, con el segundo nos pusimos alerta, y con el tercero ya tuvimos claro que era para preocuparse» apunta Ana Bravo, vicepresidenta regional del sindicato ANPE. Por contra, Rafael Rodríguez de la Cruz, secretario general de Educación, cree que estamos «ante casos puntuales y no ante un problema objetivamente grave», según declaró el pasado día 10, el siguiente a que se conociera la tercera de las agresiones. Ante los micrófonos que le reclamaban ese día detalló que en los últimos cursos se habían producido uno o dos casos de agresiones de alumnos a docentes, en contraste con los tres que se han dado en este curso en menos de un mes.

«La revolución educativa pendiente es que padres y profesores se pongan de acuerdo en que los dos tienen cosas que mejorar» Carlos Pajuelo Psicólogo

Los números

Las cifras de este inicio de curso contrastan con las del año pasado, y también con las del defensor del docente de ANPE, que es «un servicio de atención inmediata y gratuito para los docentes que necesiten ayuda, apoyo y orientación ante cualquier tipo de situaciones de conflictividad y violencia en las aulas». Durante el curso 2015-16 utilizaron esta herramienta más de cien profesores extremeños que habían sido víctimas de algún tipo de acoso.

«Ser profesor -resume Ana Bravo- se ha convertido casi en una profesión de riesgo». Por varias razones, entre ellas, añade, que «la administración no pone los medios para atajar el problema de la violencia en las aulas». «El estudiante agresor -plantea la vicepresidenta de ANPE- debería ser cambiado de centro, por dos motivos principales: para que el docente pueda seguir ejerciendo su profesión con normalidad, y por respeto a los demás alumnos de la clase». Esta posibilidad que ella plantea, la de que el agresor sea enviado a otro centro, está recogida por la normativa. Pero Bravo explica que esta medida no se ha aplicado nunca en los diez años que lleva vigente el reglamento que la contempla. O sea, que se parece mucho al papel mojado.

«Ser profesor se ha convertido casi en una profesión de riesgo» Ana Bravo Vicepresidenta regional de ANPE

En un limbo parecido, según comenta, está otro asunto clave en esta radiografía: la consideración legal del docente como autoridad pública. «Es algo que recoge la Ley de Educación de Extremadura -explica la vicepresidenta de ANPE-, pero simplemente su enunciado, sin más; y entendemos que es fundamental desarrollarlo ya».

Además de cambiar de centro al agresor y de darle al docente la categoría de autoridad pública, en opinión de este sindicato hay un tercer cambio legal necesario. «La mayoría de las veces -expone Fernando Cumbres, abogado de ANPE-, los agresores tienen menos de catorce años, lo que significa que no son penalmente responsables, y esto les ayuda a sentirse impunes».

En Comisiones Obreras, sin embargo, tienen otro punto de vista. Su federación de enseñanza defiende que la solución a este «grave problema pasa por ir más allá». Su propuesta es «establecer medidas alternativas y de resocialización de menores, sin que sea necesaria la denuncia expresa penal del agredido o del equipo directivo, para que las respuestas sean mucho más ágiles». En su opinión, hay que dedicar más profesionales a resolver este problema y hace falta una mayor colaboración entre los equipos de orientación de los centros y los de Infancia y Familia de la Junta. Son tan necesarias las medidas preventivas como las disciplinarias y las educativas dirigidas a concienciar y prevenir, entiende Comisiones Obreras.

«Habría que darle una vuelta o dos a la normativa regional sobre convivencia pacífica en los centros» Rafael Rodríguez Secretario general de Educación

Y en medio de esta diversidad de opiniones aparece la administración, que también ha mencionado la posibilidad de cambiar las reglas del juego. La semana pasada, Rafael Rodríguez de la Cruz, secretario general de Educación, se mostró partidario de «darle una vuelta o dos a la normativa para la convivencia pacífica en los centros». En qué se traduce exactamente esa declaración de intenciones es algo que se verá en unos días, cuando se celebre el pleno del Observatorio de la Convivencia Escolar, un organismo en el que participan los distintos sectores implicados en este problema, entre ellos la Fiscalía de Menores.

«Escalada sin precedentes»

El pasado día 15, el sindicato PIDE registró un escrito en la Consejería en el que solicitaba que en el orden del día de esa reunión se incluyesen varios puntos. Entre ellos, uno para estudiar la modificación del protocolo que se pone en marcha cada vez que un docente es agredido. El sindicato es partidario de que el agresor sea cambiado de centro y de que pierda el derecho de escolarización.

En ese texto que registró el miércoles en la Junta, dirigido a la consejera de Educación, PIDE no se anda por las ramas. Dice que las tres agresiones en 23 días suponen «una escalada sin precedentes», que «se ha generado una alarma justificada» y que «hay otras agresiones que no se han difundido en la prensa». Además, opina que «la respuesta de la administración es más garantista con el alumno agresor que con el docente agredido».

Más

En este escenario tan complejo, casos como los tres vividos en la región en menos de un mes están abocados, comenta la vicepresidenta regional de ANPE, a terminar de la misma manera: con el agresor de vuelta al centro una vez cumplida la sanción de 29 días sin pisar el colegio. De ser así, la única opción que le queda al profesor si no quiere compartir aula con el menor que le pegó es permanecer de baja médica. «Y es muy injusto que al docente solo le quede esa opción», entiende Ana Bravo, que tiene claro que «hace veinte años era poco menos que impensable que un niño pegase a su profesor».

El motivo principal que explica que ahora sí se den esas situaciones está en el conjunto de la sociedad, entiende ella. En las familias, en los padres, en los propios niños... «Por supuesto -asume- que habrá profesores manifiestamente mejorables, en la misma medida que en cualquier otro colectivo profesional, pero creo que está bastante claro que los docentes no son los culpables de la situación que vivimos». «La clave -continúa- está en el desprestigio de la figura del docente, que quizás tenga que ver con la falta de una figura de autoridad en la familia».

Responsabilidad compartida

Esta tesis de que el origen de lo que está ocurriendo hay que buscarlo en la sociedad la comparten otras voces implicadas. «La violencia en las aulas -dijo el pasado día 10 el secretario general de Educación- es un problema social, cuya solución necesita de la implicación de todos». «Lo que pasa en las aulas es un reflejo de la sociedad, o sea, de lo que pasa en los hogares y en la calle», resume Carlos Pajuelo, psicólogo, padre de dos hijos, orientador en el equipo psicopedagógico de atención temprana de la Consejería de Educación y Empleo, y miembro del comité científico y vocal del Observatorio de la Familia y la Infancia de Extremadura, además de profesor asociado en la Facultad de Educación de la Universidad de Extremadura durante 21 años y autor del blog de HOY 'Escuela de Padres'.

¿Cómo debemos interpretar que en dos meses de clases ya se hayan conocido tres agresiones? «Depende -responde Pajuelo- del enfoque que queramos darle: el de tres casos en unos pocos días, que es verdad, o el de que estadísticamente, la media de agresiones para el conjunto del sistema educativo de la región sigue siendo muy bajo, que también es verdad». «Si un niño -apunta el experto- ve cómo su padre insulta con tacos gruesos a algunos de los que salen en el telediario, el niño se va a sentir legitimado a decirle algo parecido a su profesor». «Estamos -plantea- en una sociedad irrespetuosa, lo vemos a diario en Twitter o en los debates televisivos, y nos gusta exigir respeto a los demás cuando nosotros somos frecuentemente irrespetuosos; se nos olvida conjugar el verbo respetar en primera persona». Él, que lleva décadas dedicado a estas cuestiones, entiende que «no se respeta la figura del profesor como se respetaba antes, pero es que tampoco se respeta la figura del padre como se respetaba antes, y una cosa y la otra están conectadas».

La reflexión de Pajuelo va más allá de casos concretos. «Hemos hecho de los niños nuestros tesoros, que tratamos de proteger a toda costa -plantea-. Intentamos evitarles cualquier sufrimiento, el llanto, el más mínimo disgusto o malestar, no les decimos nunca que no, sin tener en cuenta que educar implica incomodar e incomodarse a uno mismo, y que todas estas cosas que acabo de citar forman parte de la vida, como cualquier adulto habrá podido comprobar antes o después y en mayor o menor medida». «La revolución educativa pendiente -concluye Carlos Pajuelo- es que profesores y padres se pongan de acuerdo en que los dos tienen cosas que mejorar».

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