El proceso judicial contra el pacto del SES sigue adelante con 30 enfermeras

La consejera Begoña García Bernal, ayer en la Asamblea. / Brígido

El juez ha archivado la participación de otras 20 porque han pasado los plazos legales establecidos sin que «hayan subsanado los defectos advertidos»

A. B. H./EFE

El proceso judicial abierto contra el pacto de oposiciones del SES sigue adelante. No ha sido archivado, como ayer anunció en sede parlamentaria el consejero de Sanidad, José María Vergeles, a preguntas del PP.

En un auto de fecha del pasado día 3, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Mérida, al que se refirió el consejero, archiva las actuaciones por parte de 20 enfermeras, las que son citadas en el escrito judicial, porque «han transcurrido los plazos concedidos sin que hayan subsanado los defectos advertidos en su escrito, consistentes en la falta de acreditación de la representación».

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Por eso, el archivo de la demanda por parte de estas 20 enfermeras no frena el proceso judicial. «El recurso fue puesto por 50 y, por tanto, de la mano de otras 30 sigue adelante», aclaró ayer el letrado de estas profesionales.

El objetivo del mismo continúa siendo que el pacto suscrito entre la administración y las seis centrales con presencia en la sectorial de sanidad se modifique. Las recurrentes quieren que se valore como mérito, en la fase de concurso, el tiempo de trabajo en la sanidad privada.

Vergeles dijo ayer que el pacto no vulnera ningún derecho fundamental, que pretende de hecho que no se judicialicen las oposiciones y que con el archivo del recurso de las enfermeras, «los jueces han dado la razón» a la Junta sobre la cuestión, informa Europa Press. Sin embargo, lo cierto es que el juez no entra a valorar en el auto la cuestión de fondo, sino que se limita a archivar las actuaciones en lo referente a las 20 enfermeras que no han acreditado su representación. Por lo que, de momento, el pacto sigue recurrido en vía judicial y las bases de la convocatoria de oposiciones, en vía administrativa. Por el mismo motivo, la exclusión en los méritos de la experiencia en la sanidad privada.

No obstante, Vergeles defendió de nuevo ayer que el pacto firmado evita la judicialización y blinda las oposiciones «para que no ocurra el desastre de la pasada legislatura». De tal modo que los aspirantes no tengan que esperar «cinco o seis años para que se resuelva su concurso de oposición».

Por su parte, el parlamentario del PP José María Saponi indicó que el citado pacto está «lleno de errores», y pidió al consejero que rectifique. A su juicio, la decisión de no valorar en las oposiciones la experiencia en el ámbito privado constituye «una vulneración palmaria del Estatuto Marco de los Trabajadores».

Estatuto del Consumidor

En otro orden de cosas, el Gobierno extremeño trabaja en un nuevo Estatuto del Consumidor y una nueva ley de Mediación de Consumo para adaptar la legislación a los tiempos actuales, según se anunció durante el pleno celebrado ayer, en el que además la Junta y el PP pusieron de manifiesto sus diferencias sobre los proyectos de nuevos regadíos.

La elaboración de un nuevo Estatuto del Consumidor y de una nueva Ley de Mediación de Consumo fue anunciada por la diputada del PSOE Ana Belén Fernández durante el debate de una propuesta de ley de Podemos para modificar el actual Estatuto de los Consumidores en la región, una propuesta de ley que continuará ahora su trámite parlamentario en comisión.

Según la parlamentaria del PSOE, el borrador del nuevo Estatuto del Consumidor que elabora la Junta estaría listo en los primeros meses de 2018, mientras que la Ley de Mediación de Consumo ya ha pasado su trámite de exposición pública.

En relación a los proyectos de nuevos regadíos, la Junta y el PP protagonizaron un cruce de acusaciones, pues a juicio del Gobierno regional «avanzan a buen ritmo», pero para el PP «no se ha hecho nada al respecto». También en materia de agricultura, García dijo que la Junta toma medidas extraordinarias para ayudar al sector agrario ante la sequía, entre ellas destinar 28 millones de euros a la mejora de las explotaciones, mientras Ciudadanos consideró que son acciones ordinarias. El pleno también sirvió para dar continuidad en su trámite a la Ley de coordinación intersectorial y de simplificación de los procedimientos urbanísticos y de ordenación del territorio, pues no hubo enmiendas a la totalidad.

Esta ley supondrá una simplificación de los trámites y la burocracia en la tramitación de planes generales, revisiones y sus modificaciones de carácter estructural, tramitación de modificación y revisión de los planes territoriales.

En otro punto del orden día, la formación morada defendió en solitario una propuesta de impulso sobre el impuesto de sucesiones, destinada a simplificar el tributo y mejorar la información con el fin de que los contribuyentes puedan hacer la liquidación en condiciones más ventajosas. PP y Cs votaron en contra y el Partido Socialista se abstuvo.

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