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Precariedad tienenombre de mujer

Teniendo en cuenta que la reciente Encuesta de Población Activa establece en 369.000 el número de afiliados a la Seguridad Socialen Extremadura, resulta que el peso de los funcionarios autonómicos es tan sólo del 13%. No merecería demorarse más en ello, si no fuera porque los datos revelan una cuestión trascendental: el 65%del funcionariado es femenino. El empleo público en Extremadura tiene rostro de mujer. De mujer interina, por cierto

Jacinto J. Marabel

Domingo, 4 de febrero 2018, 00:13

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La flagrante brecha salarial entre hombres y mujeres ha aupado al candelero de la actualidad la posibilidad de legislar sobre la equiparación retributiva. Tertulianos y columnistas se han despachado a gusto sin pararse a reflexionar en el ejemplo de las Administraciones públicas, donde no existe discriminación de género porque cada uno cobra en relación con el puesto que ocupa. A igual puesto, igual salario. En este aspecto, creo que la otrora denostada función pública es el espejo en el que la gestión privada debería hacerse mirar ciertos agravios y no pocos complejos. Resulta oportuno subrayar esto porque tradicionalmente, de los artículos de Larra a las viñetas de Forges, el deporte nacional ha consistido en el linchamiento frívolo y gratuito al funcionario.

Hacer chirigotas de los funcionarios es fácil. Lo difícil es tener vocación de servicio público y velar por el buen funcionamiento del Estado del bienestar. Jueces, militares, fuerzas y cuerpos de seguridad, personal sanitario, maestros de primaria y catedráticos de Universidad lo hacen a diario. En ocasiones bajo el escarnio e incomprensión del resto de la sociedad y, en todo caso, asumiendo que en épocas de crisis ellos serán los primeros sacrificados. En la dos últimas décadas sus sueldos fueron congelados hasta en cuatro ocasiones, sin que a día de hoy hayan tenido ocasión de recuperar poder adquisitivo. El ejecutivo de Rodríguez Zapatero les redujo el salario un 5% de media y el de Mariano Rajoy, además de esquilmarles días de asueto, les aumentó las horas de trabajo. Y cuando se paralizaron las contrataciones, la dedicación se incrementó también en intensidad porque había que hacer frente a las bajas de los compañeros jubilados. Los derechos de los funcionarios se redujeron ostensiblemente. Su número también, poniendo en peligro la propia existencia del Estado del bienestar.

Por el contrario, hay quien piensa que sobran funcionarios en Extremadura. A estas alturas sería ingenuo tratar de refutar prejuicios enquistados en el imaginario colectivo, así que al menos déjeme que ponga el dedo en la llaga de quienes exageran su carga para la economía regional. Según el Boletín de Personal de las Administraciones Públicas de 2017, en España tenemos 2.523.167 empleados públicos. Y si los datos oficiales no mienten, sólo el 1,9% pertenecen a la Junta: 16.344 en Sanidad, 14.525 en Educación y 17.263 repartidos por el resto de Consejerías. Nos manejamos en cifras casi idénticas a las de Aragón o Murcia, y a años luz de los mastodónticos guarismos que soportan en Andalucía, con 458.371 funcionarios, o Madrid, con 388.334. Teniendo en cuenta que la reciente Encuesta de Población Activa establece en 369.000 el número de afiliados a la Seguridad Social en Extremadura, resulta que el peso de los funcionarios autonómicos es tan sólo del 13%. No merecería demorarse más en ello, si no fuera porque los datos revelan una cuestión trascendental: el 65% del funcionariado es femenino. El empleo público en Extremadura tiene rostro de mujer. De mujer interina, por cierto.

La cuestión de los interinos es también un tema recurrente de la palestra mediática. En determinados sectores la precariedad laboral ha llegado a alcanzar al 25% del personal empleado en las Administraciones, y la espada de Damocles del despido gratuito, esto es sin derecho a indemnización, pende sobre la mayor parte de ellos desde hace quince o veinte años. Como poco. Debe usted saber que el régimen de temporalidad tiene carácter extraordinario y coyuntural, así que cuando dichas contrataciones encubren necesidades permanentes se está infringiendo la Ley. Lo dijo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea cuando condenó al Reino de España por práctica abusiva y reiterada, tal y como se comentó en estas páginas, (HOY de 23 de septiembre de 2016).

El sopapo jurídico obligó al ministro Montoro a rebajar sustancialmente la tasa de precariedad, por lo que en marzo del año pasado acordó con los sindicatos la consolidación nada menos que de 250.000 puestos de interinos. Aunque la finalidad es loable, como los medios para alcanzarla se dejaron al albur de cada Administración, el lío está garantizado. El primer impulso de algunos ayuntamientos ha sido estabilizar al personal de larga duración a través de procedimientos restringidos en los que únicamente se valora la antigüedad. Pero el Estatuto Básico del Empleado Público es claro: los procesos de consolidación deben ser de libre concurrencia. Las asociaciones de interinos arguyen que si esto es así no hay tal consolidación y, antes al contrario, nos encontramos a las puertas del mayor ERE de la historia de las Administraciones públicas, por lo que han empezado a impugnar las convocatorias. Como ni quito ni pongo rey en este asunto, creo que un mal menor sería que, con carácter previo a la prueba de conocimientos escrita, se arbitrasen concursos de méritos donde la carga de la experiencia pesase en torno al 40% de la nota final. En Sanidad y Educación se han apaciguado los ánimos por este camino, pero las espadas siguen en alto en otros sectores que alegan discriminación en la negociación de las bases de las convocatorias. Porque aunque en la Administración haya igualdad, sepa usted que también hay corporativismo. Mucho corporativismo.

En todo caso, déjeme terminar con un último dato. Puntualmente, la Junta de Extremadura paga la nómina de 48.132 empleados públicos, más de diez mil de ellos según el sindicato CSIF en situación de precariedad laboral. Entre otros, los interinos no tienen derecho a la promoción ni a la carrera horizontal, por lo que su nómina es sustancialmente inferior a la del titular. Sea hombre o mujer, cobra menos. Pero éstas son más: dos terceras partes para ser exactos. Las mujeres pueden atestiguar que la desigualdad en las Administraciones públicas no está en la brecha salarial. Está en la precariedad. Y la precariedad en las Administraciones pública tiene nombre de mujer.

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