Ocultar la quiebra de su constructora le puede costar ocho años de cárcel

La construcción de la planta de biodiésel de Valdetorres fue uno de los motivos de la quiebra./HOY
La construcción de la planta de biodiésel de Valdetorres fue uno de los motivos de la quiebra. / HOY

La Fiscalía acusa a un empresario de «vaciar» las cuentas tras ser obligado a devolver 6,3 millones a una empresa a la que realizó una obra

E. F. V.

La Fiscalía Provincial de Badajoz solicitará una pena de ocho años de prisión para el administrador de una constructora que ocultó durante cinco años las pérdidas que sufría la empresa, una conducta delictiva que causó un grave quebranto económico a una de las empresas a las que subcontrató trabajos. El acusado es Tomás P. R., administrador único de Construcciones Pozo Prieto, S.L., firma que fue declarada en concurso de acreedores el 15 de septiembre de 2014.

En el escrito de calificación provisional de la Fiscalía se indica que el encausado cometió graves irregularidades en las cuentas de los ejercicios 2011 y 2012. Para ello, sobrevaloró activos en más de un 30% y ocultó deudas importantes.

Una de las partidas que omitió hace referencia a la obra que realizó Pozo Prieto en la planta de biodiésel de Valdetorres por encargo de Bioenergética Extremeña 2020. Los trabajos se realizaron, pero Pozo Prieto no cobró, por lo que reclamó judicialmente el pago de 6,3 millones de euros.

El juzgado le dio la razón y Construcciones Pozo Prieto recibió el dinero. Pero esa sentencia no era firme y con posterioridad se emitió un nuevo fallo que le obligaba a devolver esos 6,3 millones porque Bionergética de Extremadura había sido declarada en concurso de acreedores.

Esa decisión desequilibró las cuentas de Construcciones Pozo Prieto, pero su administrador único no informó de ese revés económico en las cuentas de 2011 ni en las de 2012. «Siendo consciente de que ese ingreso era provisional, el acusado incorporó definitivamente ese dinero al patrimonio de la sociedad y destinó buena parte a la cancelación de préstamos personales, al reparto indebido de dividendos, a devoluciones de préstamos al propio administrador social y a la indebida contabilización como reservas de la empresa. De ese modo se benefició a sí mismo y a sus familiares, resultando perjudicados sus acreedores».

El acusado ocultó la obligación de devolver 6,3 millones de euros cobrados por sentencia judicial

La Fiscalía tiene documentadas varias operaciones, entre ellas la cancelación de dos préstamos de ‘Construcciones Pozo Prieto’ por un valor global de 4,3 millones de euros de los que eran avalistas tanto el acusado como su esposa.

Igualmente repartió entre 2011 y 2013 dividendos por 750.000 euros, a favor de las empresas socias ‘Pozo y Cerrato, S.L.’ y ‘Profisa, S.L.’ De ese modo quedó descapitalizada Construcciones Pozo Prieto, abocándola a una situación de insolvencia por vaciamiento patrimonial.

De casi todas las empresas pertenecientes al grupo formado por esas tres firmas era administrador único Tomás P. R., que las controlaba directamente o a través de sociedades instrumentales en las que participaba junto con su esposa o sus hijos como titulares de la práctica totalidad de las participaciones sociales.

En esas mismas fechas, el acusado y su esposa liquidaron su anterior régimen de gananciales, valorando los bienes en 1,6 millones euros. El acusado se quedó con el 1% de la nuda propiedad y con el 50% del usufructo de los bienes inmuebles, en notorio desequilibrio respecto de las valoraciones otorgadas a los bienes y derechos adjudicados a su esposa.

Además, se autoconcedió remuneraciones de más de 10.000 euros mensuales, obteniendo unos ingresos de 127.467 euros en 2011 y de 124.760 euros en 2012 y en 2013.

La Fiscalía entiende que si todas esas operaciones no se hubiesen llevado a cabo, ‘Construcciones Pozo Prieto, S.L.’ habría entrado en quiebra técnica en 2012, dos años antes de que fuese declarado el concurso.

De hecho, la constructora finalizó el ejercicio de 2013 con unas pérdidas de 10,4 millones de euros, cantidad que se incrementó hasta los 12 millones cuando se declaró el concurso en 2014, con un pasivo exigible de 15 millones de euros.

Una de las empresas perjudicadas fue ‘Construcciones S G 2-98, S.L.’, que dejó de cobrar facturas valoradas en 570.000 euros. Esos impagos hicieron que el propietario de esa constructora incluso tuviera que hipotecar su vivienda.

La Fiscalía entiende que los hechos constituyen un delito societario de falsedad de cuentas sociales en concurso medial con un delito societario de administración desleal del que debe responder Tomás P. R., para el que pide tres años de prisión (en ese tiempo estaría inhabilitado para el ejercicio del cargo de administrador) y el pago de una multa de 7.200 euros. También le acusa de un delito de insolvencia punible para el que propone otros cinco años de prisión y una multa de 4.800 euros. De ese delito también deberían responder ‘Pozo y Cerrato, S.L.’ y ‘Profisa, S.L.’.

La Fiscalía solicita igualmente que se declaren nulos aquellos actos de disposición de bienes o de cantidades dinerarias que, en perjuicio del patrimonio de ‘Construcciones Pozo Prieto S.L.’ y de sus acreedores, fuesen realizadas en el periodo investigado, debiendo ser reintegrados para responder a los créditos contraídos.

Además, pide que sea declarada nula la liquidación de la sociedad de gananciales entre Tomás P. R. y su esposa Luisa C. R., que deberá reintegrar como partícipe a título lucrativo las cantidades, participaciones societarias y bienes inmuebles de los que haya disfrutado a consecuencia de estas conductas ilícitas.

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