El TSJEx pide juzgados de violencia sobre la mujer para Cáceres, Mérida y Plasencia

Juzgados de Cáceres, en la ronda de San Francisco./Armando Méndez
Juzgados de Cáceres, en la ronda de San Francisco. / Armando Méndez

El aumento de denuncias obliga a contar con sedes específicas para estos casos, argumenta el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura

Antonio J. Armero
ANTONIO J. ARMEROCáceres

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) cree que la región necesita no uno como tiene ahora, sino cuatro juzgados de violencia sobre la mujer. En concreto, cree prioritario abrir estas sedes en Cáceres, Mérida y Plasencia, que se unirían a la de Badajoz, la única que existe a día de hoy en la comunidad autónoma.

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La petición figura en la penúltima página de su memoria anual, presentada este jueves. En ella se especifica que a criterio de este órgano jurisdiccional, Extremadura precisa nueve juzgados más de los que tiene ahora. Tres son los ya mencionados para asuntos de violencia sobre la mujer. Otros tres hacen falta en Badajoz: el quinto de lo social, el tercero de lo penal y un segundo de lo mercantil. Además, en Plasencia debería haber un segundo juzgado de lo penal y un quinto de primera instancia e instrucción. Y por último, Cáceres tendría que contar con uno mercantil.

La carga de trabajo

Uno de los argumentos que llevan a formular estas peticiones es la carga de trabajo de los juzgados de la región, que se mide teniendo en cuenta diferentes valores, entre ellos los asuntos ingresados al año, que deben estar dentro de unos márgenes marcados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

La petición de tres sedes dedicadas a la violencia sobre la mujer supone una novedad en la lista de órganos de creación prioritaria que el TSJEx incluye siempre en su memoria anual. En la anterior, del ejercicio de 2016, mencionaba la necesidad de abrir dos juzgados de primera instancia e instrucción: el quinto de Mérida y el tercero de Navalmoral de la Mata. Ninguno de los dos está en la lista de necesidades publicada este jueves. El de la capital autonómica desaparece porque empezó a funcionar hace unos meses, y el de Navalmoral porque lo hará el día 30 de este mes.

De los tres especializados en violencia contra la mujer, dos de ellos, los de Mérida y Plasencia, deberían tener «competencia territorial análoga a la que tienen los actuales juzgados de lo penal», precisa el TSJEx. Allí donde no hay juzgados específicos de violencia machista, los casos son atendidos por otros juzgados, con lo que esto supone de añadido a su carga de trabajo habitual.

El organismo que preside Julio Márquez de Prado Pérez también propone «que las plazas de las audiencias provinciales dispongan de cuatro magistrados», lo que obliga a «solicitar la creación de una plaza de magistrado para la sección segunda de la Audiencia Provincial de Badajoz y otra para la primera de la Audiencia Provincial de Cáceres».

Hacen falta también otros tres tribunales de distintas áreas en Badajoz, uno en Cáceres y dos en Plasencia

Todas estas solicitudes, lo mismo las extremeñas que las procedentes de los otros 16 tribunales superiores de justicia del país, llegan al Consejo General del Poder Judicial, aunque es el Gobierno quien decide si se abren o no nuevas sedes judiciales y dónde. El último precedente en este sentido, en lo que tiene que ver con Extremadura, se remonta al 13 de octubre del año pasado. Ese día, el Consejo de Ministros dio luz verde a la propuesta de Rafael Catalá, entonces titular de la cartera de Justicia, de abrir 93 nuevos juzgados en España, entre ellos el quinto de primera instancia e instrucción de Mérida y el tercero de Navalmoral de La Mata.

La apertura de nueve juzgados más en la región se contempla como una necesidad para corregir las deficiencias advertidas por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en el funcionamiento ordinario de los tribunales de la región.

La memoria anual recoge que a lo largo del año 2017 se ha constatado «un aumento de la litigiosidad debido a que se observa un mayor número de procesos que versan sobre materias que son objeto de una elevada litigiosidad, como son las obras públicas, las expropiaciones, los sistemas de selección de empleados públicos o los tributos».

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