El mayor monte protector de la región toma forma

Esa mancha frondosísima que rodea a la localidad (138 habitantes ahora, la mitad que en el año 2004, según el INE) es bien conocida entre quienes se dedican a la prevención y extinción de incendios forestales en Extremadura. Se trata de una de las zonas de la región con mayor peligro de sufrir un fuego importante. Aunque incluye algunas encinas y alcornoques, es básicamente un pinar muy tupido, con una densidad (número de árboles por hectárea) enorme. Y lo que resulta más preocupante: es un monte mayoritariamente abandonado, sin apenas usos agrícolas o ganaderos más allá de alguna pequeña explotación. De hecho, más del 95 por ciento de la superficie del término municipal es de uso forestal, el mayor porcentaje de toda la comarca junto a Robledillo de Gata.

El bosque de Descargamaría es, en gran modo, una selva difícil de penetrar, repleta de maleza que se ha ido acumulando durante décadas, tapando caminos, escondiendo referentes para guiarse, inutilizando accesos. Ocupa unas cuatro mil hectáreas, que con tanta biomasa acumulada y desaprovechada -su uso como fuente de energía es aún incipiente lo mismo a escala regional que nacional- constituyen un polvorín cada verano. Esta situación, conocida desde hace años, volvió al primer plano de las preocupaciones para quienes viven o pasan sus vacaciones en Descargamaría en agosto del año 2015, con motivo del incendio que se llevó por delante casi ocho mil hectáreas en otra zona de la Sierra de Gata, en los términos municipales de Hoyos, Acebo y Perales del Puerto principalmente.

Uno de esos propietarios de finca que decidió dar un paso al frente fue Juan Carlos García Delgado, que llamó a la Junta de Extremadura para informarse sobre la figura del monte protector, regulada por la Ley de Montes y la Ley Agraria de Extremadura. En grandes líneas, consiste en que una determinada superficie de terreno es cedida a una administración -la Junta en este caso- para que sea ella quien la gestione, limpie y mantenga, de manera que se reduzca el riesgo de incendio. Queda por definir cómo se repartirían unos hipotéticos beneficios del aprovechamiento de esos montes privados en manos públicas. La legislación permite varias opciones, y la elegida se reflejará en el contrato que firmen la administración y los propietarios unidos en la asociación, que es la que ejerce de interlocutora ante la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio.

Técnicos de este departamento han participado, y volverán a hacerlo, en reuniones celebradas en el pueblo cacereño, con los titulares de terrenos. También personal del proyecto Mosaico, que implica a la Junta y a la Universidad de Extremadura y que ha asesorado a los impulsores de la iniciativa desde sus inicios. Tras más de un año de trabajo se ha conseguido reunir a 94 propietarios, que son los que se han sumado al proyecto y figuran como miembros de la asociación. La mayoría reside habitualmente fuera del pueblo. En total, sus tierras suman algo menos de mil hectáreas. Hay que tener en cuenta, que de las cuatro mil en cuestión, unas dos mil están explotadas cinegéticamente y en torno a cuatrocientas son del Ayuntamiento.

Uno de los problemas que ha habido que superar para poder llegar al punto actual, con la solicitud ya presentada ante la Junta, ha sido conocer a los titulares de muchas de esas fincas. Y dar con ellos. En un buen número de casos, se trata de segundas e incluso terceras generaciones de quienes en su día, en el siglo pasado, explotaron esos montes, que gracias principalmente a la madera y la resina hicieron de Descargamaría un pueblo próspero.

Actualmente, en la Junta se están tramitando otras dos solicitudes de montes protectores, presentadas por dos propietarios de terrenos. La Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio considera que la iniciativa de Descargamaría es «la de mayor relevancia, por la superficie de terreno y su importancia forestal, y por tratarse de una asociación creada al efecto y que ha conseguido aglutinar a una parte importante de los vecinos de la localidad». Además, destaca el hecho de que el colectivo creado en el municipio cacereño persiga un doble objetivo. «Por un lado -resalta la Consejería-, garantizar la defensa del valle frente a los problemas de incendios forestales, la regulación de las aguas o la erosión, y por otro, contar con la administración como colaboradora necesaria para la gestión y puesta en valor de los terrenos forestales del municipio, hoy muy fragmentados y con ausencia casi total de aprovechamientos por los problema de falta de rentabilidad y despoblación».

La Junta añade que es su interés «gestionar esta importante superficie forestal, hoy abandonada en su mayor parte, para poner en marcha en ella las directrices de gestión programadas en esta legislatura». Y acto seguido, cita «la creación de mosaicos, el fomento de los usos tradicionales abandonados como el pastoreo, la obtención de resina o el aprovechamiento de la biomasa, además de aquellas otras actividades que puedan ayudar a fijar la población al valle y a rentabilizar los terrenos forestales».