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Imagen de un edificio en construcción en Cáceres. :: hoy
La licitación en obra pública cae en la región tras dispararse en el primer trimestre

La licitación en obra pública cae en la región tras dispararse en el primer trimestre

La Junta adelantó los concursos para evitar someterse a la nueva ley de contratos, más exigente y que entró en vigor en marzo

L. E./REDACCIÓN

BADAJOZ.

Domingo, 8 de julio 2018, 08:38

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Aires renovados para la construcción en Extremadura, al menos de manera aparente. Si el año pasado el sector creció fundamentalmente gracias al plan de infraestructuras educativas de la Junta, en este 2018 son las administraciones local y estatal las que están aumentando más sus contratos públicos, particularmente durante el primer trimestre. Así lo denota al menos el último informe de Seopan, que es la patronal española de las grandes constructoras. Hasta el pasado mes de mayo se abrieron en la región contratos públicos por valor de 127,7 millones de euros, que es nada menos que un 293 por ciento más que la cantidad que hubo en el mismo periodo del año pasado.

Hay que tener en cuenta que esta estadística está referida a las cantidades iniciales a las que salen a concurso las obras públicas, no el dinero al que finalmente son adjudicadas. En los últimos años es usual que las empresas que se llevan estás licitaciones lo hagan gracias a importantes rebajas respecto al importe inicial, en ocasiones rozando bajas temerarias. También es necesario destacar que se trata del inicio del proceso burocrático, no del momento en el que se abona el coste de los trabajos.

Sea como fuere, la responsabilidad de la Junta de Extremadura en este incremento es mínima. Hasta mayo, la Administración regional había sacado al mercado obra pública por valor 25,3 millones de euros, que es un 36 por ciento más que en los primeros cuatro meses de 2017. Sin embargo, la práctica totalidad de ese dinero (25,05 millones) había sido tramitado durante el primer trimestre del año. En ese periodo, el incremento con respecto al año anterior era nada menos que del 254,2 por ciento.

La explicación a este dato está en la nueva ley de contratos públicos, que pone muchas más exigencias a la tramitación burocrátrica de estos proyectos. Dicha norma entró en vigor el pasado 9 de marzo, lo que ha motivado que muchas administraciones adelanten sus obras para poder trabajar con la legislación anterior. Así lo ha reconocido por ejemplo el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, cuando afirmó que había acelerado la tramitación de la reforma del Hospital Provincial de Badajoz precisamente para sortear las trabas que ponía la nueva legislación.

Que las administraciones han adelantado sus concursos públicos lo saben bien en el sector. «De no existir la nueva ley, no estaríamos hablando de un incremento en la licitación pública», certifica José Luis Iglesias, gerente de Pymecón (Federación regional de la pequeña y mediana empresa de la construcción y afines, con sede en Plasencia). «De hecho -añade-, hemos notado una caída muy importante en los meses de abril y mayo».

Según publicó ya este diario el pasado 17 de junio, entre el 9 de marzo y el 7 de junio, solamente se licitó en la región obras por valor de 8 millones de euros.

40 veces más

Los datos de Seopan le dan la razón. Según su último informe sobre licitación pública, la administración regional no convocó concursos en abril, y en mayo lo hizo por valor de 277.000 euros. Tanto esta última cifra como el cero del mes de abril contrastan con las de justo un año antes. En abril de 2017, la Junta destinó a licitación de obra pública 8,8 millones de euros, y en mayo 2,7. O sea, más de 11,5 millones de euros entre abril y mayo del año pasado, frente a los 277.000 euros de esos dos mismos meses en este año.

«Algunas administraciones han sacado a concurso en el primer trimestre del año buena parte de lo que tenían pensado convocar a lo largo de todo el año», explica el gerente de Pymecón, que en líneas generales, tiene una buena opinión sobre la nueva ley de contratos públicos. «Las novedades que incluye hacen que tras su entrada en vigor, ya no sea solo el precio lo que influya a la hora de adjudicar un concurso público, sino una relación entre precio y calidad», comenta Iglesias. «Ahora cuentan más cuestiones como la protección del medioambiente, la contratación de parados de larga duración o de personas con algún tipo de discapacidad», desgrana el responsable de la Federación, que cree que la nueva normativa dificulta las bajas temerarias.

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