La Junta plantea multar con 60.000 euros los anuncios de pisos turísticos ilegales

La portavoz, GIl Rosiña, y el consejero de Economía, Navarro. / BRÍGIDO
La portavoz, GIl Rosiña, y el consejero de Economía, Navarro. / BRÍGIDO

El Consejo de Gobierno aprueba el proyecto de modificación de la Ley de Turismo con el objetivo de combatir la competencia desleal

Juan Soriano
JUAN SORIANO

Multas de hasta 60.000 euros por difundir anuncios de pisos turísticos ilegales. La Junta de Extremadura da un paso definitivo para contar con una nueva herramienta con la que perseguir unas prácticas irregulares.

El Consejo de Gobierno aprobó ayer el proyecto de modificación de la Ley de desarrollo y modernización del turismo de Extremadura, tras lo que pasará a la Asamblea para su tramitación. Como adelantó HOY, una de sus principales novedades será la regulación sobre los considerados pisos turísticos ilegales.

El consejero de Economía, José Luis Navarro, recalcó ayer que uno de los objetivos de la reforma es combatir la oferta turística ilegal para asegurar que existe competencia en igualdad de condiciones y que los consumidores reciben un servicio de calidad.

Economía ha detectado 773 anuncios de apartamentos turísticos ilegales en la región

Navarro recordó que las empresas turísticas de la región deben estar inscritas en el registro autonómico. Para evitar la proliferación de pisos ilegales, la ley «va a lo que entendemos que es el origen del problema», las plataformas de difusión de anuncios de estas viviendas.

Con ese fin, la ley establece que en toda la publicidad, descripción e información que se realice sobre productos turísticos deberá aparecer el número de inscripción de la empresa correspondiente en el registro autonómico de actividades turísticas.

Además, las empresas y entidades que realicen esta difusión estarán obligadas a informar a la Junta sobre las ofertas que aparecen en sus canales de información sin que hagan constar su número de registro. Asimismo, deberán retirar estos anuncios cuando lo requiera la Administración regional.

Por último, Navarro apuntó que se considerará infracción muy grave comercializar productos no registrados o no atender a los requerimientos de la Junta para que se retiren estos anuncios. Esto supone una multa de 6.001 a 60.000 euros.

El consejero apuntó que en lo que va de legislatura se han descubierto en plataformas de Internet 773 viviendas que no están inscritas en el registro autonómico y que se ofrecen como apartamentos turísticos. De ellos, 419 están identificados. La mayor parte se localiza en Cáceres y Mérida.

Navarro añadió que más de 300 han abandonado esta actividad ante el requerimiento de la Junta, mientras que cien han iniciado trámites de legalización. También se ha abierto 79 expedientes sancionadores, de los que uno ha terminado en los tribunales con sentencia favorable a la Administración regional.

Pero la modificación de la Ley de turismo no sólo afecta a los pisos ilegales. Navarro recalcó que se introducen otras novedades, como permitir los alojamientos rurales en localidades de menos de 20.000 habitantes (actualmente se limita a las menores de 10.000) y regular los llamados establecimientos singulares (puso como ejemplos cuevas o cabañas convertidas en establecimientos turísticos).

Ayudas a la formación

Además de este asunto, el Consejo de Gobierno autorizó la convocatoria de subvenciones dirigidas a entidades promotoras de Escuelas profesionales con una dotación de 27,4 millones de euros.

Las antiguas escuelas taller, que ya no tienen restricción sobre la edad de los alumnos (pueden optar desempleados a partir de los 18 años), tienen como finalidad dar una oportunidad a parados para que puedan volver al mercado de trabajo, como señaló la portavoz de la Junta, Isabel Gil Rosiña.

También se dio el visto bueno a las ayudas para realizar programas educativos no formales de aprendizaje a lo largo de la vida con un presupuesto de 940.950 euros.

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