La Junta incrementa las inspecciones a establecimientos turísticos un 70% en cuatro años

La lucha contra los establecimientos clandestinos es uno de los principales objetivos del plan de inspección programada para los años 2018 y 2019. Como recoge este documento, «los alojamientos ilegales han aumentado su presencia en el sector en los últimos tiempos», gracias al empuje que ofrecen los canales y plataformas de oferta turística. A esto se suman los locales ilegales de restauración, que además implican riesgos de salud pública. En ambos casos, se trata de negocios que no están dados de alta en el Registro de actividades turísticas.

Según explica Turismo, la actuación inspectora consiste en la verificación y control del cumplimiento de la totalidad de las obligaciones impuestas por la ley, desde la detección de establecimientos que prestan servicios turísticos sin haber presentado declaración responsable para ello, los comúnmente llamados ilegales, hasta la falta de exposición de carteles de obligada publicidad o de correcta señalización.

Las visitas de inspección que se realizan a los establecimientos de todo tipo (hoteles, hostales, apartamentos, albergues, pensiones, camping, restaurantes, cafeterías, bares, etc.) dan lugar al levantamiento de la correspondiente acta, incluso en el caso de que la actuación concluya en el reconocimiento de la legalidad de las instalaciones visitadas o la corrección de deficiencias puestas de manifiesto con anterioridad.

Las actas que se suscriben, normalmente ante el titular del establecimiento o persona que lo represente en ese momento, pueden ser de cuatro tipos. Las de primera visita consisten en comprobar la veracidad de los datos contenidos en la declaración responsable de inicio de actividad. Las de conformidad con la normativa turística, que se realizan de oficio o como segunda visita tras la detección de alguna deficiencia, permiten constatar que no existe infracción alguna de la normativa turística.

En tercer lugar, las actas de constancia de hechos consisten en comprobar la inobservancia de alguno de los requisitos que señala la ley, normalmente de escasa entidad. Tienen el objetivo de advertir y asesorar al titular, señalar la norma que debe aplicar, el plazo de subsanación y la consecuencia que puede tener el incumplimiento.

Por último, las actas de infracción se producen cuando se constata que existe una vulneración del ordenamiento que puede ser constitutiva de infracción administrativa en materia de turismo.

Turismo destaca por tanto que la labor inspectora que se realiza 'in situ' en los establecimientos implica la realización de funciones de asesoramiento, constatación de hechos perfectamente legales y la detección de los que no lo son.

De estos últimos, los que tienen mayor carácter infractor son los clandestinos o ilegales, «pues además de no haber presentado declaración responsable para iniciar la actividad, en la mayoría de los casos carecen de uno o varios de los requisitos que de otro modo se exigen a los titulares, por lo que su localización, asesoramiento y sanción es especialmente relevante a todos los efectos».

Los datos facilitados por Turismo se refieren a los cuatro tipos de actas, por lo que no se puede hablar simplemente de un incremento de la acción sancionadora, aunque sí de un aumento de la labor de la inspección que ha estado ligado a una mayor actividad en el sector.

En concreto, en el año 2006 se firmaron 1.049 actas. El año siguiente la cifra bajó a 905. Desde entonces, el crecimiento ha sido prácticamente continuo, hasta 1.438 en 2008, 2.067 en 2009 y 2.048 en 2010. Tras una ligera caída, las inspecciones se asentaron en 2.077 en 2012. En 2013 se dispararon hasta 2.489, pero en 2014 volvieron a la senda anterior y se quedaron en 2.051.

A partir de ese momento el crecimiento ha sido constante, superando cada año los registros del anterior. En 2015 se llegó a 3.006 actas, en 2016 a 3.400 y en 2017 a 3.472. En lo que llevamos de 2018, de enero a mayo se han firmado 1.351 actas. De mantener ese promedio, el año se cerraría con unas 3.250 inspecciones, en la línea de los últimos ejercicios.

Los datos también muestran una disparidad entre provincias, ya que prácticamente dos de cada tres inspecciones se realizan en Cáceres y un tercio en Badajoz. De las 27.635 actas realizadas desde 2006, 18.615 han tenido lugar en territorio cacereño y 9.020 en el pacense.