La Junta firma un convenio con los registradores para mediar en casos de desahucio

La Junta firma un convenio con los registradores para mediar en casos de desahucio

REDACCIÓN

El consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, y la decana del Colegio de Registradores de la Propiedad, Ana Isabel Baltar Martín, han suscrito un convenio de colaboración para la protección de las familias en riesgo de ejecución hipotecaria y desahucio.

La firma de este acuerdo ha tenido lugar en Mérida en presencia de la secretaria general de Arquitectura, Vivienda y Políticas de Consumo, María Isabel Moreno Duque.

El objetivo de la Junta es que los desahucios sean «cero» para aquellas personas que no puedan pagar, para lo cual se han adoptado hasta ahora medidas como la creación de una mesa con entidades financieras que ha permitido llegar a acuerdos con ellas, y también se han adoptado medidas para evitar la exclusión social, como la Renta básica de inserción o el Plan de Empleo Social, que han permitido que disminuyan las cifras de desahucios.

Otra de las medidas puestas en marcha fue la creación del Servicio de intermediación bancaria, dependiente del Instituto de Consumo, según explicó Vergeles, quien destacó que Extremadura ha pasado de ser la región donde más crecieron los desahucios en el segundo trimestre de 2015, a ser, en el segundo trimestre de 2017, la tercera comunidad autónoma donde más ha disminuido el porcentaje de desahucios por ejecuciones hipotecarias, con un descenso entre ambas provincias extremeñas del 42,9 por ciento.

El convenio suscrito hoy permite actuar en la fase previa al proceso de desahucio de forma «proactiva», según explicó Vergeles, y con total confidencialidad para los afectados, haciendo que la Junta pueda acceder a datos que le permitirán mediar para que esas personas no pierdan su vivienda.

Ana Isabel Baltar manifestó a su vez que es posible evitar los desahucios y explicó que el convenio permitirá que se facilite a la Junta la información sobre las viviendas que estén inmersas en un proceso de ejecución hipotecaria por localidades, para que ésta pueda intermediar y evitar el desahucio, al tiempo que se dedica un apartado al alquiler social de viviendas.

Con este acuerdo se pretende acotar la colaboración entre la Administración autonómica y el Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España, cada una dentro de su ámbito material de competencias en el proceso de ejecución hipotecaria.

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