La Junta también dará ayudas a desahuciados por impago de alquiler

Vivienda con un cartel de anuncio de alquiler en Mérida. :: J. M. ROMERO/
Vivienda con un cartel de anuncio de alquiler en Mérida. :: J. M. ROMERO

Los Presupuestos de 2018 reservan una partida de 713.600 euros para una iniciativa que aún debe tener desarrollo reglamentario

JUAN SORIANO MÉRIDA.

La Junta de Extremadura concederá ayudas a familias afectadas por desahucios por no pagar el alquiler, tal como hace con las que han debido abandonar su casa por no poder hacer frente a la hipoteca. La medida aún está pendiente de desarrollo, pero ya tiene consignación en el proyecto de Presupuestos autonómicos para 2018.

Las cuentas reservan una partida de 713.600 euros para un programa complementario de ayudas al alquiler de vivienda, que se sumaría a las líneas ya existentes en la Administración regional.

La Consejería de Sanidad y Políticas Sociales señala que con esta ayuda se atenderán las necesidades de viviendas que puedan plantear las familias desahuciadas por impago de rentas de alquiler privado que, habiendo sido solicitantes de pisos sociales, no hayan sido adjudicatarias de las mismas.

Para ello, señala que los beneficiarios deberán seguir el procedimiento y cumplir los requisitos que se establezcan. Es decir, para poder aplicar estas ayudas aún será necesario aprobar las normas de desarrollo, tras lo que se podría proceder a la convocatoria de subvenciones.

Este programa se sumaría a una de las líneas de ayudas al alquiler que tiene en marcha la Junta de Extremadura y que está destinada a familias afectadas por ejecuciones hipotecarias. Desde el año 2013 un decreto autonómico establece que aquellos que han sufrido un desahucio por no poder pagar al banco el préstamo que pidieron para comprar su casa tienen la posibilidad de acceder a una vivienda de promoción pública por el procedimiento de adjudicación directa, siempre que acrediten no disponer de ingresos.

Junto a esto, el pasado año se aprobó la Ley de medidas contra la exclusión social, por la que se creó una línea de ayudas para que las familias que han sufrido una ejecución hipotecaria y tienen derecho a una vivienda de promoción pública puedan hacer frente a un alquiler en el mercado libre hasta que se resuelve la adjudicación y entrega de un piso social. En abril se abrió la primera convocatoria con 120.000 euros.

En esa norma se introdujo, a través de la Ley de emergencia social de la vivienda que fue aprobada a comienzos de este año gracias al acuerdo entre PSOE y Podemos, una línea para ejecuciones no hipotecarias. Ahora la Junta pretende hacer efectiva esa medida y conceder ayudas no sólo a quienes se han visto afectados por un desahucio por no pagar la hipoteca, sino también a quienes han sido desalojados de la casa que ocupaban en régimen de alquiler por no poder hacer frente a los recibos. Tanto en un caso como en otro se pretende contribuir a que las personas que han perdido su lugar de residencia por dificultades económicas puedan tener una vivienda digna.

Desahucios al alza

Las estadísticas sobre desahucios que publica el Consejo General del Poder Judicial evidencian que el impago de alquiler se ha convertido en la actualidad en la principal causa de desalojo en la región.

Como se ha indicado, la Junta de Extremadura aprobó a mediados de 2013 el decreto que da preferencia en el acceso a una vivienda social a los afectados por ejecuciones hipotecarias, en alza debido a la crisis. En el primer trimestre de ese año los juzgados de la región acordaron el desalojo de 231 inmuebles, un número que no se ha superado desde entonces. De ellos, 105 se debieron a deudas con el banco y 113 a impago de alquiler, mientras que 13 obedecieron a otros motivos.

Según los últimos datos disponibles, en el tercer trimestre de este año se han producido 121 desalojos, de los cuales 35 se debieron a impago de hipoteca y más del doble, 77, a incumplimiento del alquiler (nueve fueron por otros motivos).

El pasado año las ejecuciones hipotecarias cayeron un 5,5% en la región respecto a 2015, mientras que los desalojos por vulneración de la Ley de arrendamientos urbanos crecieron un 15%.

Aunque estos datos no discriminan el tipo de inmueble (puede tratarse de viviendas, naves, locales, etc.), ponen de manifiesto la importancia del impago de alquiler como motivo de desahucio en la región.

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