La Junta aprueba una oferta de empleo público con 1.132 plazas

Isabel Gil Rosiña junto a la consejera de Agriculutra, Begoña García, tras el Consejo de Gobierno/BRÍGIDO
Isabel Gil Rosiña junto a la consejera de Agriculutra, Begoña García, tras el Consejo de Gobierno / BRÍGIDO

El Consejo de Gobierno acuerda una nueva convocatoria del Plan de Empleo Social con una dotación de 24 millones de euros

EUROPA PRESS

Nuevas oportunidades para acceder a un puesto de trabajo, tanto en forma de empleo público como mediante una convocatoria de ayudas a la contratación.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura aprobó ayer la Oferta de Empleo Público para 2017, que consta de un total de 1.132 plazas, de las que 980 se cubrirán por turno libre y de discapacidad y 152 por promoción interna.

Por áreas, 218 corresponden a Administración General, 360 a Educación (personal docente no universitario) y 554 a Sanidad (plazas de naturaleza estatutaria del Servicio Extremeño de Salud).

Luz verde al proyecto de ley que permitirá simplificar la aprobación de planes urbanísticos

La Junta reservará un cupo del 10% para personas que acrediten un grado de discapacidad igual o superior al 33%. Este porcentaje supone un incremento de tres puntos respecto al mínimo establecido por el Estado, que está fijado en el 7%.

La cifra final de la Oferta de Empleo Público de 2017 ha sido consensuada con los sindicatos, pero los representantes de los trabajadores consideran que se trata de un dato insuficiente para atender las necesidades de la región.

Las fuerzas sindicales reclaman que se cumpla el acuerdo firmado con el Gobierno para reducir la alta temporalidad que se registra en los servicios públicos de la Administración del Estado. Para ello, consideran que en primer lugar debería evaluarse las necesidades de cada sector y después aprobar las ofertas de empleo que sean necesarias.

Pero el siguiente paso debería ser convocar las oposiciones pertinentes. La oferta aprobada ayer no será efectiva hasta que se dé luz verde a los exámenes. En este caso, además, deberán sumarse las ofertas de los últimos ejercicios, que en el caso de Administración General aún tiene pendiente lo aprobado en 2014, 2015 y 2016. Esto lleva a su vez a procesos muy engorrosos que, como el de 2013, tardan años en resolverse. Por ese motivo, los sindicatos exigen más agilidad.

A la espera de que las ofertas de empleo público se conviertan en pruebas reales, la Junta sigue adelante con líneas de ayudas para contratación temporal. El Consejo de Gobierno aprobó ayer una nueva convocatoria del Plan de Empleo Social, que en su tercera entrega volverá a estar dotado con 24 millones de euros.

Este plan, cofinanciado por la Junta y las diputaciones provinciales, establece la concesión de ayudas para la creación de empleo mediante la contratación de personas en situación o riesgo de exclusión social. Se trata de desempleados de larga duración, sin prestación por desempleo y con rentas por debajo del salario mínimo.

Como en ocasiones anteriores, el Programa I, dotado con 19,2 millones, está dirigido a los municipios y entidades locales menores. El Programa II, que contará con 4,8 millones, se destinará a entidades privadas sin ánimo de lucro y empresas de economía social.

Como novedad, las bases reguladoras establecen que al término de las contrataciones serán obligatorias actuaciones complementarias que consistirán en la participación en sesiones de motivación y autoempleo para mejorar la empleabilidad.

Las diputaciones aportarán 6 millones de euros cada una, mientras que el Servicio extremeño público de empleo aportará 12 millones de euros. La portavoz del Gobierno regional, Isabel Gil Rosiña, apuntó que este dinero servirá para formalizar cerca de 4.000 contratos. En las dos entregas anteriores del plan se consiguió generar 7.698 puestos temporales.

Nueva ley urbanística

Además de estos asuntos, el Consejo de Gobierno también dio el visto bueno al proyecto de Ley de coordinación intersectorial y de simplificación de los procedimientos urbanísticos, que se enviará a la Asamblea para su tramitación.

La consejera de Medio Ambiente y Rural de la Junta, Begoña García Bernal, apuntó que el objetivo de esta norma es apoyar a las entidades locales de la región en la tramitación de planes urbanísticos y territoriales, facilitar su aprobación y promover la transparencia.

Como expuso, en la actualidad se necesitan más de 30 informes sectoriales para aprobar un plan urbanístico. Con la nueva ley se creará una comisión de coordinación con todas las entidades implicadas, que dispondrán de un plazo cerrado para aportar sus informes, de modo que toda la tramitación se pueda llevar a cabo en un máximo de cuatro meses. Esto implica modificar las leyes sobre urbanismo, patrimonio y medio natural, entre otras.

También se acordó acometer las obras de depuración integral en municipios del entorno del Parque de Monfragüe con un presupuesto de 2.924.908 euros. Esta actuación afectará a las localidades de Casas de Miravete, Mirabel y Torrejón el Rubio.

Por último, se autorizó la contratación para aumentar la sección del colector de Villanueva de la Serena y su pendiente. El objetivo es evitar que entre en carga cuando llueve con cierta intensidad y que se acumulen sedimentos. Supondrá una inversión de algo más de 1 millón de euros y se estima que estará concluida en un plazo de nueve meses. Como la anterior, esta actuación permitirá cumplir las normas comunitarias sobre depuración.

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