La jornada laboral y la piel del oso

La inexistencia de plataformas ‘online’ de formación para empleados públicos constituye una seria irregularidad que afecta a numerosos empleados públicos en Extremadura

La aplicación desde el pasado mes de septiembre de una flexibilización horaria que permite de hecho a los empleados públicos una jornada laboral de 35 horas, sin completarla con actividades de formación ‘online’ para sumar las 37,5 horas que estableció el Gobierno central para todo el país, representa una seria anomalía de funcionamiento de la que están excluidos, hasta la fecha, los empleados públicos de Sanidad y de Educación. Al margen de otras apreciaciones formales, esta situación constituye en sí misma una relevante irregularidad por tres razones básicas:

Primera. Consiente una situación gravosa para el conjunto de los contribuyentes, puesto que es una manera ostensible de incumplir la ley desde el momento que se ha comenzado a disfrutar del beneficio horario sin la obligada contrapartida de poner en marcha la plataforma de formación ‘online’ que justifique dicha ‘rebaja’ en la jornada laboral. Es decir, aquí se ha empezado a disfrutar de la piel del oso no solo antes de cazarlo, sino antes incluso de saber si hay osos.

Segunda. Aunque no esté ni en el espíritu de los acuerdos Junta-sindicatos ni en la intención del legislador, la situación deviene en una promoción del absentismo desde el momento en que hace la vista gorda ante un sistema que no ha sido aún regulado –como reconocen los propios sindicatos– y, por tanto, carece de la transparencia y garantías exigibles. Sin olvidar que la creación de dicha plataforma generará costes extra para las arcas públicas y no dejará de ser la puerta de atrás de un planteamiento más que dudoso (como se está demostrando en Andalucía) de sortear la norma estatal de las 37.5 horas semanales.

Tercera. Con los niveles de paro del conjunto del país y de nuestra región, resulta poco estimulante descubrir que la Junta de Extremadura permite que en un colectivo de casi 13.000 empleados públicos se produzcan situaciones discriminatorias no solo respecto al conjunto de la enorme masa de trabajadores en paro, sino respecto a los distintos sectores de la Administración General, pues los hay que no pueden gozar de estos beneficios. Parece razonable que ante estas cuestiones prime, además del interés general y el sentido común, la voluntad de la Junta de Extremadura y los representantes sociales de establecer acuerdos que sirvan al bien común, sin regates en corto ni burlas a las formalidades legales.

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