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El Gobierno lleva al Constitucional la ley extremeña de expropiación del uso de viviendas

El Gobierno lleva al Constitucional la ley extremeña de expropiación del uso de viviendas

La Junta defiende la legalidad de la norma mientras que el PP recalca que el PSOE y Podemos aprobaron un texto inconstitucional

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Viernes, 17 de noviembre 2017

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No hubo acuerdo entre el Gobierno y la Junta de Extremadura y finalmente el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha decidido plantear un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de emergencia social de la vivienda, que entró en vigor el pasado mes de marzo.

En junio el Gobierno y la Junta crearon un grupo de trabajo para tratar de llegar a un acuerdo sobre las discrepancias surgidas. En concreto, el Ejecutivo nacional ponía en duda siete apartados del primer artículo de la ley, dedicados al deber de utilizar las viviendas, la definición de viviendas deshabitadas y desocupadas y las sanciones por esta situación, la intermediación obligatoria entre entidades financieras y afectados por ejecuciones hipotecarias y el derecho de tanteo a favor de la Junta en desahucios de pisos de promoción pública. También cuestionó el artículo dedicado a la expropiación temporal del uso de viviendas en casos de desahucio por impago de hipoteca, la disposición que aplica esta medida y la creación del canon a vivienda deshabitada.

Las negociaciones abiertas en esta comisión bilateral no han dado resultado. El Consejo de Ministros aprobó ayer un acuerdo por el que se solicita al presidente del Gobierno que interponga un recurso de inconstitucionalidad contra la ley extremeña, ya que considera que la norma no tiene en cuenta las competencias estatales en la materia, con lo que se vulnera el principio de igualdad.

El Gobierno rechaza medidas como el canon a la vivienda deshabitada y la expropiación temporal

En concreto, la reseña del Consejo de Ministros señala que la ley extremeña impone el deber de destinar la vivienda a un uso habitacional y la obligación de mantener el inmueble, lo que condiciona el ejercicio del derecho de propiedad, una competencia que corresponde a la Administración del Estado.

Además, la norma autonómica recoge un procedimiento de mediación obligatorio, algo que «excede los límites inherentes a la configuración institucional propia de estos procedimientos que vulnera las competencias estatales».

En cuanto a la expropiación forzosa, estima que vulnera el derecho de propiedad, al igual que el canon a vivienda deshabitada, sobre el que aprecia además que genera desigualdad al aplicarse solo sobre las personas jurídicas y herencias yacentes.

La decisión tomada ayer era la más previsible, ya que la Junta no quiere cambiar su ley y el Gobierno cuenta con antecedentes a su favor. Andalucía, Navarra, Canarias y País Vasco también regularon la expropiación temporal de viviendas, sobre lo que ya hay pronunciamientos en contra del Constitucional. En la misma línea, Cataluña y País Vasco plantearon cobrar por viviendas vacías y en ambos casos se decretó la suspensión de la medida.

Este recurso se suma al que se planteó en abril contra dos aspectos de la ley extremeña de medidas extraordinarias contra la exclusión social, pendiente de resolución.

La Junta defiende la norma

La vicepresidenta y consejera de Hacienda de la Junta de Extremadura, Pilar Blanco-Morales, lamentó ayer la decisión del Gobierno de plantear un recurso de inconstitucionalidad, ya que el objetivo de la ley es atender una necesidad básica de los ciudadanos.

Según recoge Efe, Blanco-Morales recalcó que el Ejecutivo regional ha agotado todas las vías de diálogo para explicar la constitucionalidad de la ley, que «no sería necesaria si el Gobierno tomara las medidas necesarias para que las comunidades autónomas no tuvieran que regular estas situaciones de emergencia».

Por su parte, el portavoz de Vivienda del PP en la Asamblea, José Ángel Sánchez Juliá, lamentó que la Junta y «sus socios» de Podemos, ya que gracias a su voto se aprobó la ley, «han vuelto a situar a Extremadura fuera de la Constitución».

Asimismo, señaló que la decisión del Gobierno confirma que el consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, mintió cuando aseguró que se habían introducido en el texto definitivo de la norma todas las recomendaciones del Consejo de Estado.

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