El Gobierno pide que se elimine la exigencia de que haya al menos un empleado por gasolinera

Gasolinera desatendida antes de la entrada en vigor de la norma./J. V. Arnelas
Gasolinera desatendida antes de la entrada en vigor de la norma. / J. V. Arnelas

Inicia negociaciones con la Junta para lograr un acuerdo, y si no lo hay el Ejecutivo de Rajoy puede llegar al Tribunal Constitucional

Celestino J. Vinagre
CELESTINO J. VINAGRE

La decisión de Extremadura de obligar a que las nuevas gasolineras llamadas desatendidas o low cost tengan al menos un trabajador puede acabar en el Tribunal Constitucional. La medida fue aprobada hace casi cinco meses en la Asamblea, a propuesta del PSOE y sin recibir ningún voto en contra, a través de la modificación del Estatuto de los Consumidores de Extremadura. El Ejecutivo de Mariano Rajoy considera que esa disposición puede atentar contra la libre competencia y que la Junta puede haberse excedido al legislar sobre esta cuestión. Su intención es que ese requisito se elimine a la hora de abrir estaciones o surtidores en la comunidad extremeña. Por ese motivo ha iniciado los contactos con la Junta para intentar llegar a un acuerdo.

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Las discrepancias en cuanto a normativas entre el Gobierno y las comunidades autónomas no se trasladan directamente al Constitucional. Como paso previo, se contempla la puesta en marcha de la Comisión Bilateral de Cooperación entre la Administración General del Estado y, en este caso, la de Extremadura.

El Gobierno y el Ejecutivo de Guillermo Fernández Vara han designado un grupo de trabajo para proponer a esa comisión bilateral «la solución que proceda», como se refleja literalmente en el anuncio publicado esta semana en el Boletín Oficial del Estado.

Como se recordará, el Gobierno regional impulsó el año pasado un cambio en el Estatuto de los Consumidores. Introdujo una nueva disposición adicional.

La modificación de la normativa aprobada el 4 de mayo de este año por el Parlamento extremeño establece como requisito para las instalaciones de venta al público de gasolina y gasóleo el disponer en ellas, mientras permanezcan abiertas de al menos una persona responsable de los servicios que se prestan. Se establece igualmente que esté activo entre las siete de la mañana y las diez de la noche.

En vigor desde agosto

Ese empleado deberá atender a personas que tengan alguna discapacidad que les impida el suministro de combustible en régimen de autoservicio. Se estima que las gasolineras de autoservicio en Extremadura suponen un 20% del total de estaciones suministradoras de carburantes en la región.

El cambio contemplado en el Estatuto de los Consumidores de Extremadura entró en vigor el 18 de agosto y también afecta a las estaciones de las cooperativas agrícolas que atiendan al público. Deberán contar también con un trabajador a disposición del usuario para lo que tendrán que instalar un dispositivo llamador.

La Comisión de la Competencia ya se pronunció contra esa medida el año pasado

El Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y Energía, Turismo y Agenda Digital ha planteado discrepancias, indica el Gobierno extremeño en declaraciones a HOY.

Entiende el Gobierno de España que esta cuestión «va más allá de lo necesario para garantizar una adecuada protección de los consumidores y usuarios y no le parece coherente con el principio de libertad de establecimiento y ejercicio de la actividad según lo previsto en la Ley del Sector de Hidrocarburos», añade la Junta.

Hace poco más de un año, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) se pronuncio también sobre la ley extremeña. La CNMC es un organismo público con personalidad jurídica propia y adscrito al Ministerio de Economía.

Dijo la Comisión de la Competencia que las gasolineras ‘fantasma’, aquellas que no tienen trabajadores, reportan beneficios para los consumidores porque aumentan la competencia en el sector y ofrecen menores precios de los carburantes al ahorrarse sueldos de empleado.

Esos fueron sus argumentos para rechazar las disposiciones que existen ya en al menos nueve comunidades autónomas para que las gasolineras tengan al menos un trabajador para atender a los clientes.

La Comisión de la Competencia señaló que en varios países de la Unión Europea las estaciones de servicio desatendidas son un formato habitual y «no han originado mayores riesgos para la seguridad del usuario». Y recomendó finalmente eliminar toda normativa que «prohíba o discrimine, de forma directa o indirecta, las gasolineras desatendidas».

En Extremadura, durante el debate de la reforma del Estatuto de los Consumidores en la Asamblea, PSOE y Podemos se mostraron a favor de la medida de exigir al menos un trabajador al estimar que se beneficia a los consumidores, especialmente a las personas con discapacidad. Asimismo, destacaron que se evitará la destrucción de empleo en el sector, ya que se estima que las automáticas tendrán precios más bajos y por tanto se llevarán buena parte del mercado.

Mientras PP y Ciudadanos dijeron apoyar a los consumidores y singularmente a las personas con discapacidad pero decidieron abstenerse. Adujeron dudas legales sobre la capacidad normativa de la Junta para regular contra los tres tipos de estaciones de servicio permitidas por la legislación estatal: atendidas, desatendidas y de autoservicio.

La asociación regional de empresarios de estaciones de servicio de Extremadura (Aresex), que representa a unas 80 gasolineras, está a favor de que haya personal por motivos de seguridad (limpiar derrames, por ejemplo), atención a personas con movilidad reducida y cuestiones administrativas (para evitar llenar garrafas, algo que está prohibido).

Cree Aresex, en palabras de su presidente, Fernando Mena, que, de proliferar las estaciones automáticas, las gasolineras atendidas no cerrarán, pero se verán obligadas a despedir personal.

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