El Gobierno abre otro conflicto con el cava por el reparto de nuevas plantaciones

Vendimia de uva blanca para producir cava. :: HOY/
Vendimia de uva blanca para producir cava. :: HOY

Se plantea que las 57,4 hectáreas a repartir en toda España se distribuyan solo en función del orden de llegadas de las solicitudes

Celestino J. Vinagre
CELESTINO J. VINAGRE

Extremadura vuelve a chocar con el Ejecutivo de Rajoy por otra disposición sobre el cava. El Ministerio de Agricultora propone que el reparto de las 57,4 hectáreas de nuevas autorizaciones a repartir este año en España sea en función del orden de llegada de las solicitudes sin ningún otro criterio que asegure, al menos, un mínimo para las zonas productoras de espumoso, como Almendralejo, incluidas dentro de la denominación de origen protegida (DOP). Mientras, la Junta de Extremadura no ceja en su empeño en que el Gobierno desista de su mandato inicial de limitar la concesión de derechos para nuevas plantaciones y conversión de derechos.

«Nos dañaron muchísimo con la decisión de finales del año pasado y ahora, para repartir la miseria de 57,4 nuevas hectáreas entre toda España, quieren hacerlo a través de un reparto que puede dañarnos más», resume Catalina García, responsable del sector vitivinícola de la organización agraria UPA-UCE.

Madrid plantea que las escasas nuevas hectáreas disponibles ya no se adjudiquen por cuota, esto es, porcentualmente entre las distintas zonas productoras del cava en España, si no por «orden riguroso de llegada de la solicitud», según se ha trasladado desde la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios del Ministerio que dirige Isabel García Tejerina. «Es decir, si un proyecto grande como los que se manejan en Cataluña consigue registrarse primero puede dejar sin hectáreas al resto de zonas productoras de la DOP», indica García.

UPA-UCE: «Nos dañaron con la limitación y ahora quieren un reparto que puede dañarnos más»

«Estamos disconformes con lo propuesto por el Ministerio ya que seguirán existiendo esas trabas que dificultan el crecimiento de este sector que tanto aporta al desarrollo de Extremadura, y, concretamente, al de Almendralejo», se agrega desde Apag Asaja Extremadura.

Bloqueo de diciembre

Como se recordará, el pasado 29 de diciembre, el Ministerio de Agricultura aceptó las pretensiones del consejo regulador de la denominación protegida Cava, controlado por industriales catalanes. Resolvió que para 2018 la superficie para autorizaciones de nuevas plantaciones de viñedo a nivel nacional para hacer espumoso en ocho regiones se limita a 57,4 hectáreas. No solo eso.

Fijó otro tope, este más dañino para Extremadura, para replantaciones y conversiones de derechos de replantación de 57,4 hectáreas también como máximo en cada caso. A través de estas vías es como el cava extremeño ha podido realmente crecer en el último lustro. Para este año el Gobierno ha impuesto por primera vez un bloqueo igualmente a ambas vías de expansión.

«Creemos que no es un procedimiento legal y que por tanto deben reconsiderar la decisión y estimar nuestro requerimiento», se ha trasladado desde la Consejería de Medio Ambiente y Rural y Políticas Agrarias. La Administración extremeña reitera su rechazo a esa decisión, que tiene recurrida en vía administrativa ante el Ejecutivo central. El Gobierno regional mantiene su idea de llevar el asunto de la vía judicial si Agricultura no cambia de postura.

La Junta sostiene que se debe primar al viticultor joven y al profesional

Respecto al reparto que propone ahora el Gobierno para las nuevas plantaciones en función del orden de llegada de peticiones, el Gabinete de Guillermo Fernández Vara se mostraría partidario de que las hectáreas de nuevas plantaciones se pudieran repartir entre los agricultores profesionales o para los jóvenes «pero, como no hay normativa para poderlo repartir, no nos parece adecuado que se haga lo que se ha propuesto, es decir, al primero que lo haya solicitado se le dan las hectáreas que haya pedido».

En todo caso, recalca la consejería, se trata de un asunto derivado de una limitación de plantaciones que se rechaza desde el Gobierno autonómico, el Ayuntamiento de Almendralejo y el sector industrial y productor del cava extremeño.

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