El fondo de la UE para zonas rurales ha dejado 172 millones en año y medio en la región

Para arreglar caminos rurales se han destinado ya 11 millones. / HOY

Extremadura dispone de 1.187 millones para gastar hasta 2023 en la mejora de explotaciones, incorporación de jóvenes o arreglo de caminos

CELESTINO J. VINAGRE MÉRIDA.

Extremadura ha gastado ya 172 millones de euros de medidas contempladas en el Plan de Desarrollo Rural (PDR) 2014-2020. Para ese periodo, que se amplía hasta 2023 por la prórroga de tres años para poder realizar y justificar el gasto de las medidas, hay un presupuesto de 1.187 millones. Porcentualmente, la Junta ha ejecutado ya un 14,5% de los fondos totales que contempla el plan, básico para el campo y los municipios de la región al recoger el desarrollo de actuaciones muy diversas. El porcentaje de ejecución extremeño está por encima de la media nacional, que se sitúa rozando el 11%.

A esos 172 millones que se han pagado ya a sus beneficiarios, hay que sumar otros 175,5 correspondientes a actuaciones y convocatorias que el Gobierno regional ha sacado pero que todavía no han sido ejecutadas, y por tanto, no se han pagado completamente.

ALGUNAS CIFRAS

131 millones menos tiene Extremadura para este plan respecto al último, el que abarcó el periodo 2007-2013 (con ejecución posible hasta 2015)
Entonces, eran en total 1.316,8 millones. La Junta asumió con fondos propios 214,3.
60 millones contempla el nuevo PDR para el arreglo de caminos rurales hasta el año 2023
Para este PDR, como novedad, se recoge que el periodo de ejecución se amplía un año respecto al anterior, que permitía una prórroga de dos años.
175 millones es la cantidad que tiene comprometida la Junta por medidas para las que ya ha sacado convocatoria
Ahora falta que se desarrollen y después se justifiquen para su pago por parte de la Administración autonómica.

Manuel Mejías, director general de Desarrollo Rural, indica a HOY que la ejecución de un 14,5% de esos fondos es una cifra muy alta. «Estamos por encima de casi todas las regiones en cuanto a desarrollo del PDR en sus dos primeros años», enfatiza Mejías. Especifica que la Junta de Extremadura ocupa el cuarto puesto en cuanto a la Administración regional con mejor índice de realización y pagos de medidas.

«Hay que buscar más dinero para algunas medidas por su alta demanda», dice Ángel García Blanco (Asaja)

El director general de Desarrollo Rural explica que no ha estado plenamente activo hasta casi mediados de 2016. «Entre el cambio de gobierno autonómico y el cambio de PDR y que los Presupuestos nuevos no estuvieron aprobados hasta abril no se pudieron sacar las primeras medidas hasta mitad del año pasado», remacha el alto cargo de la Consejería de Políticas Agrarias.

El desarollo de los sistemas de riegos es una de las medidas. / B.F.

De los 1.187 millones con los que está dotado el Plan de Desarrollo vigente, 890 llegan de los fondos europeos Feader. La Junta, sentencia Mejías, ha elevado de forma general su nivel de cofinanciación y pone unos 250 millones (22%) al reducir el Ministerio de Agricultura su apoyo presupuestario (3,5%, unos 43 millones). El PDR extremeño del anterior periodo 2007-2013 tuvo una cuantía final de 1.316,8 millones. Esto es, el nuevo plan de desarrollo parte con un descenso de 131,6 millones en su presupuesto final.

Para todos los sectores

«No estamos preocupados porque pensemos que no se vaya ejecutar. Creemos que se va desarrollando a un ritmo aceptable. Lo que nos preocupa es, de un lado, que se agilicen administrativamente aspectos como las resoluciones favorables a las solicitudes de los agricultores y que se realicen los pagos en un tiempo prudencial», añade Ignacio Huertas, secretario general de UPA-UCE.

Respecto a esto último, agrega Huertas que desde el año pasado percibe que «se está haciendo un esfuerzo por parte de la Administración para pagar no más allá de un año». Ángel García Blanco, presidente de Asaja Extremadura, coincide. «Se ha avanzado bastante la ejecución en el último año a pesar de que nuestro PDR se aprobó de los últimos y no se empezó a desarrollar hasta bien entrado 2016».

Blanco resalta que el plan incluye medidas «que han sido más fáciles de ejecutar que otras como las agroambientales pero echamos en falta más celeridad en dos concretas. Una, las medidas de acompañamiento forestal. La otra son aquellas vinculadas con los grupos Leader, de acción local».

El Plan de Desarrollo Rural se ha convertido en una herramienta vital para las administraciones a la hora de aportar dinero para que las zonas rurales y, específicamente, el sector agroganadero pueda mejorar su situación. Contempla, a lo largo de su amplio periodo (este año, con un año más de prórroga para realizar las actuaciones), cantidades sobresalientes. Así, por ejemplo, hasta 2023, la Junta pagará 222 millones por ayudas agroambientales y agricultura ecológica.

Se subvencionará a todos los sectores agrarios: producción integrada de tomate, arroz, olivar, tabaco, frutales de hueso y pepita, apicultura, agricultura de conservación en zonas de pendiente, razas autóctonas en peligro de extinción, ganadería extensiva de calidad, agricultura y ganadería ecológica. Como novedad en este periodo se contempla un incremento del 10% de las ayudas a la producción ecológica con respecto al anterior periodo.

Redistribución de fondos

Otra medida muy notable es la del arreglo de caminos rurales. El Ejecutivo de Vara prevé invertir más de 60 millones en el plan de actuación sobre ellos. También piensa destinar 22 millones para la incorporación de jóvenes agricultores a lo largo del todo el periodo.

«Consideramos que nos quedamos muy cortos con los 28,5 millones para los planes de mejora y modernización de explotaciones (ya se han gastado 17,5). Y también para los de incorporación de jóvenes a la actividad agraria. Habría que buscar dinero porque para esas dos medidas las peticiones de financiación desbordan claramente a los fondos disponibles», subraya el dirigente de Asaja.

Blanco se muestra optimista porque se ha aprobado que las comunidades autónomas que no ejecuten sus fondos estos pueda redistribuirse entre las regiones más cumplidoras con el PDR.

«Hay algunas medidas que necesitan una vuelta. No tanto en cuanto a dotación de fondos, que alguna también, sino a su aplicación. Me refiero en concreto a la línea para incentivos agroindustriales. Nos parece perfecta y que se puedan ampliar sus fondos pero echamos de menos que para las industrias que se acogen a ella se les requiera un compromiso social que implique precios justos para los agricultores», enfatiza Huertas, de UPA-UCE.

Entre los 172 millones gastados en este año y medio, informa la Consejería de Políticas Agrarias, destacan 4,5 millones para la implantación de sistemas de riego; 11 para caminos rurales; 8 para incorporación de jóvenes; 7,5 para reforestación; 11,5 para producción ecológica y 20,5 millones para producción integrada.

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