Extremadura lidera la presión fiscal en cuatro impuestos cedidos por el Estado

Viviendas de segunda mano en venta, actividad gravada por el impuesto de transmisiones. :: j. m. romero/
Viviendas de segunda mano en venta, actividad gravada por el impuesto de transmisiones. :: j. m. romero

La rebaja en sucesiones sitúa a la comunidad entre las seis que en la práctica han suprimido este gravamen para las herencias más comunes

Juan Soriano
JUAN SORIANO

Transmisiones patrimoniales onerosas, actos jurídicos documentados, donaciones e impuesto sobre determinados medios de transporte. Son los cuatro impuestos estatales, cedidos parcialmente a las autonomías, en los que Extremadura presenta la presión fiscal más alta del país.

Por el contrario, la región forma parte del reducido grupo que prácticamente ha suprimido el impuesto de sucesiones en su modalidad más extendida gracias a la reforma que está en vigor desde el pasado 25 de enero. Esta modificación también incluyó una rebaja del IRPF que acerca a la comunidad al tipo medio estatal.

El Ministerio de Hacienda publicó el pasado mes el informe Tributación autonómica, un trabajo anual en el que repasa las novedades introducidas por las comunidades tanto en los tributos propios como en los cedidos. Este documento facilita la comparación entre las distintas regiones, aunque también pone de manifiesto las particularidades normativas de cada territorio, que deben ser tenidas en cuenta para cualquier análisis en profundidad.

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Este impuesto tiene una tarifa estatal y una autonómica que compete a las comunidades. Pueden regular su escala, aprobar deducciones y modificar el mínimo personal y familiar exento de tributación. Extremadura no ha hecho uso de esta última opción (sólo lo hacen La Rioja, Baleares y Madrid), pero sí de las dos anteriores. Respecto a la tarifa, este año ha rebajado el tipo que se aplica al tramo inicial (base liquidable hasta 12.450 euros) y lo ha fijado en el 9,5%, en consonancia con el estatal. Para las rentas más altas tope extremeño es el 25%, medio punto por debajo del máximo que establecen seis autonomías. La región se sitúa así en el grupo de comunidades que fijan la misma o más tributación que la Administración del Estado, del que también forman parte Andalucía, Asturias, Cantabria, Murcia y Aragón. Por su parte, Cataluña, Galicia, La Rioja, Canarias, Baleares y Valencia están por encima en unos tramos y por debajo en otros. Por último, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Madrid o bien fijan la misma escala que el Gobierno o bien están por debajo.

En cuanto a las deducciones, todas las comunidades han ejercido competencias en esta materia, lo que ofrece una maraña normativa que dificulta la comparación. Según el informe, este año están vigentes 224 deducciones. Valencia es la región que más tiene con 27 y Cantabria la que menos con siete. Extremadura tiene por nacimiento o adopción, por acogimiento, por cuidado de ascendientes o descendientes, por viudedad y por compra o alquiler de la vivienda habitual, entre otras.

Extremadura no ejerce su competencia para establecer deducciones propias, pero sí recurre a las otras dos medidas que se dejan en manos de las comunidades. Por un lado, el mínimo exento, que en la normativa estatal es de 700.000 euros. La región, con Cataluña, lo fija en 500.000. Aún más bajo lo tiene Aragón con 400.000, lo que implica mayor presión fiscal. Asimismo, establece una cuantía variable para personas con discapacidad que oscila entre 600.000 y 800.000 euros. Por otro lado, es una de las nueve regiones que ha modificado la escala y mantiene tipos más altos que la legislación básica.

Tras la reforma de enero, Extremadura es, junto con Madrid, Cantabria, Murcia, Canarias y La Rioja, una de las seis comunidades que prácticamente ha suprimido el impuesto de sucesiones para los parientes más cercanos al aplicar una bonificación del 99% para herencias entre padres e hijos y entre cónyuges. El resto de autonomías también han aprobado medidas de rebaja, pero no tienen tanto alcance.

Sin embargo, en donaciones la región no tiene ninguna medida de reducción, tal como ocurre en Andalucía y Castilla y León. Valencia, Cantabria y Asturias tienen rebajas, pero poco significativas, según Hacienda. Eso sí, Extremadura es una de las nueve comunidades con deducciones específicas. También cuenta con reducciones propias en casos de entrega en vida de empresas familiares y explotaciones agrícolas. Como en el caso del IRPF, hay una gran variedad entre las comunidades, lo que complica la comparación. Además, la región no se encuentra en el grupo de nueve autonomías que han regulado la tarifa o el coeficiente multiplicador, lo que en algunos casos supone aumentar la presión fiscal.

Por el contrario, la región destaca por contar con los tipos más altos en dos impuestos vinculados especialmente a la compra de viviendas de segunda mano, el de transmisiones patrimoniales onerosas y el de actos jurídicos documentados. En este caso, el informe de Hacienda recalca que prácticamente todas las comunidades ejercen sus competencias en estos tributos para aumentar la presión fiscal.

En el caso de transmisiones patrimoniales onerosas (TPO), Extremadura aplica unos tipos generales que van del 8 al 11% del valor del bien, los más altos junto con Baleares y Cataluña (que aplica el 10 y el 11%). Madrid tiene el 6% y Canarias el 6,5%. Eso sí, en todos los casos hay una gran variedad de gravámenes especiales o bonificaciones, que en el caso de la región afectan a la venta de VPO o de inmuebles destinados a una actividad empresarial, entre otras.

En cuanto a actos jurídicos documentados (AJD), Extremadura forma parte del grupo de diez comunidades que aplica el tipo más alto para documentos notariales, el 1,5%. En Madrid y Canarias es del 0,75%. Pero también hay deducciones y bonificaciones de todo tipo.

Las comunidades autónomas pueden aumentar hasta un 15% el tipo de este tributo, conocido como impuesto de matriculación. La ley reguladora establece nueve epígrafes en función del nivel de emisiones y del tipo de transporte. Extremadura es la única que eleva los gravámenes fijados por la norma estatal en tres de estos epígrafes, que afectan a coches y motocicletas. Para otros cuatro también aumenta la presión fiscal. En uno de ellos alcanza el más alto del país, el que afecta a los vehículos más contaminantes. En los otros tres sólo se ve superada por Andalucía.

El Gobierno derogó en 2012 el impuesto sobre las ventas minoristas de determinados hidrocarburos, en el que las comunidades habían fijado distintos gravámenes y que en Extremadura fue conocido como céntimo sanitario. Pero integró estas diferencias en el impuesto de hidrocarburos, que desde 2013 tiene su propio tipo autonómico. Las comunidades pueden regular el tramo que les corresponde, aunque con las limitaciones que fija el Gobierno.

De las quince comunidades de régimen general (todas menos País Vasco y Navarra), once han ejercido estas competencias, aunque no en toda su extensión. Extremadura no llega al tope permitido en ninguno de los epígrafes, lo que la sitúa en un grupo intermedio. Además, es una de las diez regiones que aplican al máximo la devolución para profesionales.

Las comunidades autónomas también tienen competencias en materia de juego. Pero el trabajo de Hacienda señala que se trata de los tributos en los que tienen mayor capacidad normativa, lo que ha llevado a numerosas disposiciones que, en general, elevan los parámetros fijados en la legislación estatal.

Este informe evidencia las grandes diferencias en tributación entre las comunidades. En líneas generales, Extremadura se encuentra entre las que tiene más presión fiscal. Pero esto también pone de manifiesto que la región ha ejercido casi al máximo sus competencias normativas para recaudar fondos con los que sostener los servicios que presta, lo que supone una baza a su favor en la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica.

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