EJERCICIO DE CONFIANZA

Pablo Calvo
PABLO CALVOCáceres

Guillermo Fernández Vara ha hecho esta semana la remodelación de gobierno de la que se venía hablando desde hace meses. El presidente de la Junta y secretario general ha dejado pasar los procesos congresuales en los que estaba inmerso el PSOE, desde el traumático pulso entre Pedro Sánchez y Susana Díaz, pasando por las primarias regionales en las que el propio Vara venció con claridad, hasta los congresos provinciales que apostaron por la continuidad (faltan aún los congresos locales), para llevar a cabo un leve reajuste gubernamental.

La remodelación se produce, pues, cuando ya ha pasado de largo el ecuador de la legislatura y, por tanto, lo previsible es que Vara llegue hasta el final con este equipo. Salvo sorpresas, no habrá más cambios. En realidad, tampoco los ha habido ahora. El mantenimiento de los consejeros es una reafirmación por parte del presidente a la labor desarrollada por todos ellos, un ejercicio de confianza en un equipo reducido, cinco, probablemente demasiado, que gestionan macroconsejerías.

Ya hemos dicho aquí en alguna ocasión que unir educación y empleo es un modelo anglosajón en el que la transición del aula al mercado laboral resulta bastante más fácil que aquí, donde los niveles formativos son más bajos, una región en la que una de cuatro personas que quiere trabajar se encuentra en paro. Por otro lado, la competencia en educación es, junto a la de sanidad, la principal que gestiona la comunidad extremeña. Vara, sin embargo, ha decidido mantener tanto la idea como a la persona, Esther Gutiérrez, la consejera encargada de hacer viable ambas tareas.

También José María Vergeles seguirá teniendo competencia en viviendas sociales, por ejemplo, además del extenso repertorio de la sanidad extremeña. Bienestar Social, con esta u otras denominaciones, fue durante mucho tiempo un departamento autónomo en el gobierno regional. La economía de consejerías, algo que tiene más de simbólico que de ahorro real, también llevó en 2015 a poner un amplio abanico de políticas en la mesa del mediático Vergeles, probablemente el preferido de la oposición para sus críticas, sobre todo desde el PP.

Siguen también Begoña García, ahora inmersa de lleno en la lucha por un tren digno, después de un razonable resultado en cuanto a incendios forestales este verano; José Luis Navarro, al que las políticas de renovables le han ocupado y disgustado en la presente legislatura; e Isabel Gil Rosiña se mantiene como portavoz del Gobierno.

No ha habido pues remodelación, pero sí, en cambio, refuerzo y rectificación. Lo primero con el ascenso a la vicepresidencia de Pilar Blanco-Morales, la consejera de las negociaciones discretas, seria y, a ojos de Fernández Vara sin duda, eficaz en su labor.

La segunda es la recuperación de la Consejería de Cultura, a la que se añade también las políticas de igualdad y deportes. El PSOE mantiene la tradición de sus últimos gobiernos de elegir a alguien de Cáceres, y mujer, para estar al frente de este departamento que en la presente legislatura ha sido responsabilidad directa de Presidencia, aunque con Miriam García Cabezas como consejera 'in pectore'. Resulta poco práctico en el día a día que la gestión directa de algunas políticas dependan del presidente. Fernández Vara lo ha reconocido y ha elegido, como única incorporación, a Leire Iglesias, que parece haber sido recibida por las dos familias que conviven en el socialismo cacereño. Su apoyo a Eduardo Madina la había desplazado al banquillo después de una notable legislatura como diputada en Madrid. Ahora, Vara a vuelve a ponerla en el terreno de juego en una nueva apuesta por políticos jóvenes, aunque en el caso de Iglesias, que también fue directora del Instituto Nacional de Juventud, atesora ya suficiente experiencia de gestión.

Vara, pues, no ha observado ni agotamiento ni motivos suficientes para mover más su gobierno, que tiene por delante poco más de año y medio para desarrollar políticas que convenzan a los ciudadanos lo suficiente para que el PSOE logre de nuevo la victoria en mayo de 2019. El primer escollo son los presupuestos autonómicos de 2018.

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