Descansar en paz ya no es privilegio de unos pocos

Hasta el 25 de enero, no es de extrañar que hayan sido, según creo, miles los contribuyentes que han ‘huido’ de nuestra Comunidad para fijar su residencia más o menos real en Madrid, tratando de mitigar el problema que la liquidación de una importante herencia puede ocasionar a sus herederos. Pues ya estamos a nivel de Madrid. Pues ya se acabó la necesidad de vivir en la capital del Reino

ANTONIO ANTÚNEZ TRIGO Asesor fiscal

El 24 del pasado mes de enero, el Diario Oficial de Extremadura publicaba la Ley de Presupuestos Generales de nuestra Comunidad para el presente ejercicio 2018. En su Disposición Adicional Segunda, referida a los tributos cedidos por el Estado, saltaba la ansiada noticia: «Se da nueva redacción al artículo 6 bis de la Ley 1/2015, de 10 de febrero, (…) que queda redactado de la siguiente forma:

1.- En las adquisiciones mortis causa por sujetos pasivos incluidos en los grupos I y II (…) del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, (…) se practicará una bonificación autonómica del 99% del importe de la cuota.

2.- El disfrute de este beneficio fiscal requiere que los obligados tributarios realicen la presentación de la declaración o autoliquidación del impuesto en el plazo reglamentariamente establecido.».

A destacar, dos hechos: Primero, que citados grupos lo conforman los siguientes familiares, en nuestro caso, del causante: Ascendientes, descendientes y adoptados menores y/o mayores de 21 años, cónyuge y, finalmente, adoptantes. Por tanto, ni que decir tiene que la medida no beneficia al resto de la parentela: Hermanos, primos, tíos. sobrinos, nietos, etc. Y segundo, que, como condición ‘sine qua non’ necesaria para disfrutar de la bonificación aprobada, resulta obligado liquidar el propio Impuesto de Sucesiones ante la Junta de Extremadura. Dado que en nuestra Comunidad no es obligatorio autoliquidarlo, lo procedente está entre recabar de la misma tal liquidación, aportando la documentación necesaria o dar el encargo a un profesional. Por último, de la cuota resultante ingresaremos solamente el uno por ciento.

Esta es la cara ‘gozosa’ del asunto, porque, como todo en la vida, la medida también presenta una cara de ‘sombras’ según veremos.

No deja de sorprender que, en tanto la propia Ley de Presupuestos retrotrae su entrada en vigor al 1 de enero de 2018, la bonificación en sucesiones entró en vigor el día siguiente al de su publicación en el DOE. Es decir, el 25 de enero de 2018. La importancia de esta medida viene dada por el innegable perjuicio, –yo diría discriminación– que se infringe a los herederos de familiares fallecidos desde principios de año hasta el 24 del pasado mes. Pensando mal, supongo que tal medida, sin lugar a dudas, ha debido suponer una importante inyección económica a las arcas de la Comunidad.

Hasta la entrada en vigor de la bonificación, uno de los muchos problemas que planteaba la liquidación del Impuesto sobre Sucesiones era el relacionado con la valoración de determinados bienes. Básicamente, fincas, viviendas y negocios. Pues, bien, ya no hay motivo para preocuparse de las dichosas comprobaciones de valor llevadas acabo por la Junta: Desde el 25 de enero, el problema, para los beneficiarios de la medida persistirá pero sin incidir tan nefastamente como antes en sus economías, donde, a veces, muchos de ellos se veían obligados a vender parte de lo recibido para poder abonar la deuda tributaria originada por la herencia. Item más: Pensando en la posibilidad de que algún día alguno de los bienes heredados pudiera venderse por un precio muy superior al consignado en el cuaderno particional, –lo cual generaría una importante ganancia patrimonial– la valoración o costo de los bienes recibidos influye decisivamente a la hora de determinar la ganancia obtenida en tal venta. A mayor costo de adquisición, menor ganancia.

Hasta el 25 de enero, no es de extrañar que hayan sido, según creo, miles los contribuyentes que han ‘huido’ de nuestra Comunidad para fijar su residencia más o menos real en Madrid, tratando de mitigar el problema que la liquidación de una importante herencia puede ocasionar a sus herederos. Pues ya estamos a nivel de Madrid. Pues ya se acabó la necesidad de vivir en la capital del Reino. Pues ya somos unos cuantos vecinos mas en Extremadura. (No, si no hay mal que por bien no venga).

Ante la medida aprobada por nuestro Gobierno autonómico, no puedo pasar de comentar otro asunto que no es baladí ni mucho menos: El impuesto modificado es el Impuesto sobre Sucesiones y Do-na-cio-nes. No lo olvidemos. Es decir, regula las transmisiones ‘mortis causa’ y las transmisiones ‘inter vivos’. Por este motivo me pregunto por qué no se ha aprovechado la ocasión para modificar también este segundo aspecto del tributo en cuestión.

Actualmente, una donación es un problema que fiscalmente afecta tanto al donante como al donatario. Al primero, porque al transmitir la propiedad se le produce una ganancia (¿?) que en realidad no existe. Al segundo, por el ‘premio’ recibido.

Si comparamos la fiscalidad de una herencia con la fiscalidad de una donación, veremos cómo se pone de manifiesto una situación totalmente injusta e incongruente entre ambos casos. Así, mientras el heredero debe abonar un importe irrisorio, el donante y el donatario están expuestos a abonar un importe disparatado.

¿Tanto cuesta armonizar ésta situación…? La Junta goza de capacidad normativa para tomar cartas en el asunto. Para evitar una innegable injusticia. Esperemos…

Bueno, algo se ha conseguido y desde el pasado 25 de enero, descansar en paz ya no es privilegio de unos pocos acaudalados. Además, nuestros deudos nos llorarán a moco tendido y hasta con cierta alegría. Seguro.

Mientras tanto, ‘¡carpe diem…!’

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