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Lunes, 19 de marzo 2018, 13:54
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El Defensor del Pueblo ha trasladado a la Fiscalía el caso de 19 ayuntamientos, entre ellos el de Zalamea de la Serena (Badajoz), a los que acusa de entorpecer su trabajo por no responder a sus continuos requerimientos de información. Los municipios sobre los que la Fiscalía podría ejercer las acciones oportunas para que faciliten el trabajo del Defensor del Pueblo, en aplicación el artículo 502.2 del Código Penal, son: Arganda del Rey (Madrid), Barbastro (Huesca), Carboneras de Guadazaón (Cuenca), Colmenar de Oreja (Madrid), Cudillero (Asturias), Gilet (Valencia), Gondomar (Pontevedra) y Gozón (Asturias), La Hermigua (Santa Cruz de Tenerife), Matallana de Torío (León), Mojácar (Almería), Noblejas (Toledo), Porto do Son (A Coruña), Reus (Tarragona), Salas (Asturias), Talavera de la Reina (Toledo), Tarifa (Cádiz), Vejer de la Frontera (Cádiz) y Zalamea de la Serena (Badajoz).
Según su informe anual, que hizo público hoy, el Defensor del Pueblo tramitó un total de 788 expedientes relacionados con Extremadura durante el pasado año, 488 más que las 300 que registró en 2016, de las que la mayor parte (620) correspondieron a la provincia de Badajoz y 166 a la de Cáceres.
El mayor número de expedientes tienen que ver con la Administración de Justicia (487), de los que 472 corresponden a la provincia de Badajoz y 15 a la de Cáceres; seguido de 83 relativo a Función y Empleo Públicos (39 en Cáceres y 44 en Badajoz), y de Educación, con 32, de ellos 22 en Badajoz y 10 en Cáceres).
Por comunidades, Cataluña triplicó el número de quejas presentadas el año pasado con 4.284 reclamaciones, más de la mitad de ellas en Barcelona (2.319). Madrid fue, no obstante, la comunidad en la que más quejas se registraron, con 4.520 (el 18,37% de todas), aunque descendieron de manera considerable respecto a las 5.216 del año anterior.
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