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Los deberes de Vara al Gobierno Sánchez

Los deberes de Vara al Gobierno Sánchez

Prácticamente todas las consejerías han tenido en la legislatura solicitudes de mejora al Ejecutivo nacional de Mariano Rajoy | Las mejoras en el tren y el regadío de Tierra de Barros figuran entre las peticiones más demandadas

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Domingo, 10 de junio 2018, 08:54

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Tren, empleo, Almaraz, déficit... Son algunos de los asuntos más tratados de la presente legislatura. Tanto por su importancia para la región como por tratarse de cuestiones en las que el gobierno del socialista Fernández Vara ha chocado con el ejecutivo nacional de Mariano Rajoy. Ahora, con el también socialista Pedro Sánchez en La Moncloa, está por ver si esas reivindicaciones tendrán una respuesta más favorable a los intereses de la región.

La situación de las infraestructuras de comunicaciones en Extremadura ha sido un asunto clave para Fernández Vara. La ausencia de vuelos en el aeropuerto de Badajoz se ha saldado con un nuevo acuerdo con el Gobierno para gestionar estas rutas como obligaciones de servicio público. El Ejecutivo nacional también ha sido sensible con las peticiones del Pacto por el Ferrocarril. El exministro de Fomento, Íñigo de la Serna, y los responsables de Renfe y Adif se han desplazado a la región para ofrecer explicaciones y recibir quejas. También se han impulsado obras y se han anunciado compromisos, como la electrificación del tramo de Plasencia a Badajoz en 2020.

Pero aún hay cuestiones sobre la mesa. Por un lado, si el Gobierno regional se conformará con estas mejoras o, como ha hecho con Rajoy, seguirá más allá y demandará una intervención más decidida sobre el AVE y la red convencional. Por otro, está sobre la mesa la petición de negociar a la baja el convenio con Renfe por el cual la Junta paga las comunicaciones internas de la región.

La Junta ha solicitado en varias ocasiones más de 400 millones para un plan de empleo

El Gobierno regional pide compensaciones si se prorroga Almaraz, lo que deberá decidirse en 2019

El sistema de financiación autonómica y el control del déficit son cruciales para Extremadura

Medio Ambiente y Rural

Financiar el regadío en Tierra de Barros

Las cuestiones relacionadas con el transporte competen a la Consejería de Medio Ambiente y Rural, que también tiene en marcha otro proyecto para el que ha demandado la intervención del Gobierno nacional. Se trata de la transformación de 15.000 hectáreas en regadío en la zona de Tierra de Barros. La actuación tiene un coste estimado de casi 200 millones de euros y la Junta espera contar con la financiación del Ministerio de Agricultura, que hasta ahora no ha dado una respuesta definitiva. Su nuevo responsable, Luis Planas, deberá decidir sobre la demanda extremeña.

Además, la Junta ha reclamado en las últimas semanas que la nueva Política Agraria Común, que debe negociar el Gobierno, no perjudique a la región. También se ha opuesto a las limitaciones para plantaciones de frutales y para la extensión del cava. Y, más recientemente, ha solicitado un plan de empleo para paliar los daños ocasionados por las tormentas del mes de mayo.

Educación y Empleo

Plan de empleo extraordinario

No es la única propuesta sobre medidas extraordinarias en el mercado laboral que ha solicitado la Junta de Extremadura al Gobierno. En marzo del pasado año la consejera de Educación y Empleo, Esther Gutiérrez, reclamó una inversión estatal de 460 millones de euros hasta 2020 para paliar el desempleo estructural en la región. El pasado mes de abril, tras conocer los últimos datos de la Encuesta de Población Activa, reiteró esta petición. Su departamento también ha reclamado 16,6 millones para un plan de empleo joven. Ninguna de estas iniciativas ha recibido el apoyo solicitado.

En materia de educación, la región ha formado parte del grupo de comunidades que ha estado en contra del Gobierno en las cuestiones más polémicas de los últimos años, como la celebración de las pruebas de evaluación en Primaria y, de manera más amplia, la aplicación de la Lomce. Un reto para la nueva ministra de Educación, Isabel Celaá.

Sanidad y Políticas Sociales

Gasto farmacéutico y plan de vivienda

En materia sanitaria, como en educación, las competencias están prácticamente al completo en manos de las comunidades autónomas. Pero hay cuestiones que corresponden al Gobierno y que han generado la oposición de la Junta. Entre ellas, el acuerdo firmado con la patronal de la industria farmacéutica para controlar el gasto en medicamentos. La Administración regional ha debido aceptarlo como condicionante para poder optar al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), pero el consejero José María Vergeles ha criticado su contenido. En materia de dependencia, ha lamentado que Extremadura sea la segunda región donde menos invierte la Administración del Estado para atender a las personas con dependencia, ya que sólo aporta el 12% de su financiación, frente al 88% que asume la comunidad autónoma.

También forman parte de su cartera las políticas sociales y de vivienda. En este último caso, el consejero extremeño ha cuestionado las medidas incluidas en el último plan estatal. El nuevo ministro de Fomento, José Luis Ábalos, tendrá entre sus muchas competencias la gestión de este área.

Economía e Infraestructuras

Autovía Cáceres-Badajoz y agenda digital

Fomento también deberá tratar con la Consejería de Economía, que el pasado mes de abril presentó un plan de infraestructuras que contempla una inversión de 2.800 millones de euros hasta el año 2030. De esa cantidad, 350 millones corresponderían al Gobierno para actuaciones relacionadas con las infraestructuras hidráulicas. También hay peticiones en materia de carreteras, como la financiación de la autovía Cáceres-Badajoz.

El departamento que dirige José Luis Navarro deberá tratar otra de sus peticiones con la nueva ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño. En su cartera se incluyen las competencias en materia de agenda digital. La Junta ha mantenido en los últimos meses un enfrentamiento con el Gobierno para que le permita destinar más de 20 millones de fondos comunitarios a la concesión de ayudas para la extensión de banda ancha. Sin embargo, el Ejecutivo nacional ha mantenido que ese dinero sólo puede destinarse a las poblaciones a las que no llegan las subvenciones estatales, que son las de menos de 150 habitantes.

Pero si hay un asunto estratégico para Navarro es el desarrollo de las renovables, en especial la energía solar. La región es un lugar idóneo por el suelo disponible, sus infraestructuras de evacuación y sus horas de sol. En la actualidad se tramitan más de cien proyectos fotovoltaicos, con una inversión cercana a 5.000 millones de euros. De ahí que Extremadura se haya opuesto al llamado impuesto al sol, que también ha supuesto un freno al autoconsumo. Ya se especula con que el Gobierno Sánchez pueda suprimir ese tributo. Además, el nuevo Ejecutivo nacional también se muestra partidario de que la UE incremente por encima del 30% el objetivo de obtención de energía por fuentes renovables para 2030, un asunto en plena negociación. Rajoy no quería pasar de esa cifra.

En materia de energía también está pendiente el futuro de Almaraz. La central cumple sus 40 años de vida útil en 2020, pero el Gobierno del PP abrió las puertas a una posible prórroga, que debería plantearse el próximo año. Fernández Vara reclamó que, de prolongarse su actividad, la región debería recibir una compensación mínima de cien millones de euros al año. El tiempo dirá si corresponde a Sánchez decidir.

Cultura e Igualdad

Contra la violencia de Género

La última consejera en incorporarse al Ejecutivo regional, Leire Iglesias, también tiene competencias en las que se ha producido un choque con el Gobierno nacional. Quizá la más importante tiene que ver con las políticas de lucha contra la violencia de género.

Desde que comenzó la legislatura, la Junta ha reclamado a la Administración central una intervención más decidida en este ámbito. Tras el Pacto de Estado que se logró en 2017, exige la aplicación de las medidas comprometidos en ese acuerdo.

En cultura, Iglesias ha anunciado nuevas medidas para recuperar los 40.000 volúmenes que fueron trasladados en 2011 desde la biblioteca de Yuste hasta la Universidad de Comillas de Madrid.

Hacienda y Administración pública

Financiación autonómica y límites de déficit

Además de estas peticiones, hay una cuestión pendiente que está por encima de todas. Se trata del nuevo sistema de financiación autonómica, un asunto que el PP no ha logrado solucionar en los cinco años de prórroga que acumula el sistema anterior y que se antoja demasiado complicado para un Gobierno salido de una moción de censura que tiene en el horizonte la convocatoria de elecciones generales.

Extremadura ha mantenido durante la fase previa a las negociaciones una actitud respetuosa con el Ministerio de Hacienda, confiando en que en el nuevo modelo prevalecerá el principio de solidaridad. Sin embargo, los últimos pasos dados por el Gobierno, que plantea medidas como el blindaje de los fondos destinados a servicios fundamentales (lo que dejaría sin ese seguro al resto de competencias autonómicas), no han agradado a la Junta.

Ahora la consejera extremeña, Pilar Blanco-Morales, tendrá enfrente a la que era su homóloga en Andalucía, María Jesús Montero. El nuevo modelo de financiación no será el único punto a debatir. Desde sus posiciones autonómicas, ambas se han mostrado en contra de los objetivos de déficit fijados en los últimos años por el exministro Montoro y las restricciones que impone la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

En el ámbito de Administración Pública, la Junta reclama desde el inicio de la legislatura la devolución de las competencias en materia de jornada laboral y horario de trabajo de los empleados públicos para poder regresar a las 35 horas semanales. Una cuestión más que el Gobierno de Fernández Vara deberá tratar con el Gobierno de Pedro Sánchez.

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